Tribunal Constitucional

Tensión en el Tribunal Constitucional ante un fin de mandato agónico

La institución debió renovarse hace un año y ahora teme que Estrasburgo anule su sentencia sobre el ‘procés’

Fachada del Tribunal Constitucional en Madrid.
Fachada del Tribunal Constitucional en Madrid.Jaime Villanueva

El Tribunal Constitucional debió ser renovado hace un año. Ahora encara la probable fase final de su mandato entre nuevas tensiones, derivadas del riesgo de quedar diezmado por las 11 recusaciones presentadas contra el magistrado conservador Antonio Narváez, tras la renuncia del progresista Fernando Valdés. Los líderes independentistas del procés han cuestionado su imparcialidad y quieren apartarle de la resolución de sus recursos por haber calificado de “golpe de Estado encubierto” los hechos ocurridos en Cataluña en 2017, considerándolos de mayor gravedad que el 23-F.

Al Constitucional le preocupa mucho la posibilidad de que el Tribunal de Estrasburgo pueda anular su sentencia sobre el procés y enfoca la gestión de este y otros casos con la voluntad de evitar la imagen de un final de mandato en descomposición.

La reciente renuncia del magistrado Fernando Valdés ya supuso una alteración de los equilibrios internos del Constitucional, dejando al sector progresista en su mínima expresión, con sólo tres miembros: María Luisa Balaguer, Cándido Conde Pumpido y Juan Antonio Xiol.

Las líneas de fractura del tribunal se han visto después en diferentes votaciones, como las relativas a la ley de seguridad ciudadana y el problema de las expulsiones de inmigrantes en caliente; o la que implicó la confirmación de la condena de un sindicalista por haber incitado a quemar una bandera de España.

En el primer caso, se comprobó la extrema debilidad en que ha quedado el sector progresista por la renuncia de Valdés, quien dimitió tras ser procesado por el Supremo por un supuesto delito de maltrato en el ámbito familiar.

En el debate sobre la bandera, en cambio, se puso de manifiesto la precaria fortaleza del bloque conservador, que logró darle la vuelta a la sentencia preparada para anular la condena del sindicalista Pablo Fragoso, pero sólo por seis votos a cinco. La vicepresidenta, Encarna Roca, y el magistrado conservador Andrés Ollero defendieron que el recurso de amparo debía prosperar.

Para el bloque conservador, la lección que cabe sacar de estos episodios es que resulta conveniente un cierre de filas y evitar nuevas situaciones que lo debiliten ante la aprobación de sentencias importantes cuya confección ya está relativamente avanzada. Entre ellas, las que han de poner punto final a los recursos del procés o las que decidirán si los decretos del estado de alarma han sido los adecuados para hacer frente a la pandemia de la covid-19.

La pervivencia de estos asuntos sobre la mesa es, de hecho, una de las razones por las que el Partido Popular no ha facilitado todavía una renovación del Constitucional que no reforzaría las posiciones del sector conservador, sino probablemente al contrario, debido a los nuevos equilibrios parlamentarios surgidos de las elecciones generales de noviembre de 2019.

En la sentencia sobre la incitación a la quema de una bandera de España, y sobre su relevancia o no como delito, resultó significativo que los seis votos por los que se rechazó conceder el amparo al sindicalista condenado procedieran de magistrados nombrados en su día a propuesta de los populares.

El ponente de esa sentencia era Andrés Ollero quien, tras perder la votación renunció a la confección del fallo, siendo sustituido en esta labor por Antonio Narváez. Ollero renunció al ver derrotada su tesis de que había que aplicar a este caso la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre la falta de trascendencia penal de los actos contra los símbolos nacionales. Sin embargo, no cabe desprender de ahí la idea de que el Constitucional persiga ignorar u orillar la jurisprudencia europea. Por eso preocupa ahora, también en el sector conservador, la decisión que pueda tomar en su día el Tribunal de Estrasburgo si, para cuestionar todo el proceso seguido contra los líderes independentistas, sus abogados logran que se abra paso la tesis de que el Constitucional estuvo mal constituido. Y ello basándose en que forma parte del mismo un magistrado cuya imparcialidad se ha cuestionado por decir que el procés fue “mucho más grave por sus consecuencias” que el asalto de Tejero al Congreso en febrero de 1981.

Intervención inoportuna

La intervención del magistrado Antonio Narváez en la conferencia-coloquio organizada en noviembre de 2017 por el Club de la Constitución de Granada, donde hizo tales afirmaciones, se ha visto críticamente en el Constitucional no tanto por razones de fondo como de oportunidad y de forma. El conferenciante no opinó sobre el proceso entonces recién iniciado contra los líderes independentistas, pero sí expresó su “hondo reconocimiento” a la figura del ex fiscal general del Estado, José Manuel Maza, que acababa de fallecer, por la “postura ejemplar” adoptada con la querella que inició la persecución penal por tales hechos.

De ahí que el Constitucional haya decidido que las recusaciones contra Narváez no se rechacen de plano, y merezcan ser estudiadas a fondo, mediante una resolución que prevea y dé respuesta anticipada al planteamiento de este asunto ante el Tribunal de Estrasburgo.

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