96 horas de vértigo para salvar los presupuestos

Los presupuestos concebidos para la reconstrucción económica del país tras la crisis del coronavirus, que se aprobarán inicialmente en pleno este próximo jueves, son también los de los recelos cruzados entre los distintos partidos que los respaldan. Se salvaron definitivamente el pasado lunes, tras dos reuniones discretas: en una, celebrada entre el PNV y el Gobierno, el Ministerio de Defensa tuvo que ceder los cuarteles de Loyola; en la otra, ERC no llegó a arrancar la promesa de reconvertir una simbólica comisaría de Barcelona en un museo. Pero los dos encuentros fueron cruciales. El resto son tres meses de citas, charlas, presiones, intercambios de documentos y cesiones. Y muchos cafés. ERC, PNV y Bildu presionaron al PSOE a través de su socio en el Gobierno, Unidas Podemos, para dinamitar como fuera la vía hacia el centro pretendida con Inés Arrimadas y Ciudadanos. Y lo consiguieron. Los dos socios de la coalición, sin embargo, se vigilan ahora con más desconfianza que nunca.

El lunes 23 de noviembre, día clave. Ese día, por la tarde, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y la portavoz del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, se reunieron con Albert Castellanos, secretario general de la vicepresidencia económica de la Generalitat de Cataluña, y Marta Vilalta y Gabriel Rufián, portavoces nacional y en el Congreso de ERC, respectivamente. Al terminar, sellaron un preacuerdo presupuestario que incluye inversiones y transferencias por 2.300 millones de euros para Cataluña, una cifra que los independentistas calculan que equivale al 19,13% del PIB, similar a la aportación de los catalanes al Estado.

Casi al final, Rufián, a punto de levantarse de la mesa, con todo acordado, intentó una última jugada. Y planteó que podría ser muy reparador que el Gobierno central cediera a la Generalitat la vieja comisaría de Policía Nacional de vía Laietana, conocida por sus torturas en el franquismo, para transformarla en un museo de homenaje a las víctimas. Lastra saltó y se negó, aduciendo que esa comisaría de Barcelona pudo tener ese significado simbólico en el pasado, pero ahora ya no, al ser dónde acaban muchas manifestaciones de los independentistas. Rufián no insistió, confiado en poder arrancar esa petición a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, cuando llegue la hora recabar votos para la nueva ley de memoria democrática.

Esa mañana, Calvo, y Montero habían cuadrado ya con el Ejecutivo vasco y la dirección del PNV una serie de ayudas para la industria y el sector tecnológico en Euskadi, entre otras inversiones. En contrapartida, el PNV les brindaba sus seis votos. A las 2.30, el portavoz nacionalista, Aitor Esteban, mandó un mensaje a la titular de Defensa, Margarita Robles, para cerrar un último fleco. Robles contestó y aceptó que Defensa canjée el año que viene los terrenos que ocupan los cuarteles de Loyola en el centro de San Sebastián por otros más apartados. Es una necesidad histórica y urbanística para la ciudad, pero también está repleta de simbolismo: el Ejército no se va de Donosti, pero se aleja un poco. Esteban, como en todas las negociaciones que ha acometido con Gobiernos de distinto signo desde hace lustros, se mostró satisfecho con el resultado: “Todas las negociaciones han sido en circunstancias diferentes, pero en cada momento hay que saber lo que es lo importante y lo que es posible”.

Martes 24 y miércoles 25, los preacuerdos llegan a acuerdos en 24 horas. PNV, ERC y Bildu multiplican sus ejecutivas y apariciones para rentabilizar sus logros. Entre los aliados seguros y los previsibles, el Gobierno tiene ya en su regazo 185 votos, muchos más que la mayoría absoluta (176) y que la simple, con una oposición de derechas que se quedará en el pleno en torno a los 150 escaños.

El Ejecutivo de coalición de Sánchez e Iglesias ha llegado así a este cruce de la legislatura con bastantes más apoyos que los que pescó hace 11 meses para superar la investidura, con pactos sobrados hacia la izquierda y los nacionalistas para salvar sus primeros Presupuestos y seguramente los que asentarán varios ejercicios, con el centro derecha en la oposición cada vez más enfrentado, con multimillonarios fondos prometidos desde Bruselas para encarar la lucha contra la covid-19 y con un estado de alarma en vigor frente a la pandemia hasta el 9 de mayo. En su casillero se apuntan ya leyes tan relevantes como la educativa y, de inmediato, la que regulará la eutanasia, que podrían dar para justificar todo un mandato de perfil progresista. Y, sin embargo, el presidente y líder del PSOE y el vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos no paran de responder y justificarse sobre los continuos escarceos de la coalición en el poder.

A partir de que se aprueben definitivamente los Presupuestos para 2021, el 29 de diciembre en el Congreso, se abrirá otro capítulo en la inédita colaboración de esta coalición en el poder. En La Moncloa, el PSOE y en Unidas Podemos no esperan una crisis de ministros, porque ambos partidos suman solo 155 escaños y se necesitan en todas las votaciones, pero habrá ajustes en sus relaciones. El presidente, además, es el único que conoce sus intenciones y disfruta de autonomía para tomar esas decisiones sobre nombramientos.

Jueves 26, Ciudadanos y Podemos necesitan justificarse. PP y Vox se encuentran desaparecidos del Congreso y repiten consignas sobre lo ruinosas que serán las cuentas públicas, pero se ocupan ya más de hacer precampaña en Cataluña. Mientras, Ciudadanos y Podemos se enzarzan en revalidarse y descalificarse mutuamente. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos y el presidente de ese grupo, Pablo Echenique y Jaume Asens, arremeten contra las excusas formuladas por Arrimadas para intentar distanciarse de la foto de la derecha en Colon. No conceden ningún valor a sus llamadas a la utilidad del centro político y presionan para apostarlo todo a la mayoría progresista de este complicado Gobierno de coalición. Echenique reconoce los evidentes fallos de coordinación de estas semanas dentro del Ejecutivo, pero los intenta desdramatizar como algo lógico y hasta positivo de un Gabinete que ya no es monocolor: “Son fáciles de solucionar, implica hablar más”.

En La Moncloa y la dirección del PSOE no lo ven tan sencillo. No acaban de acoplarse. Fuentes de la cúpula socialista remarcan que en las negociaciones para apuntalar los presupuestos Podemos no ha jugado ningún papel: “Les informamos de los acuerdos cuando ya estaban hechos”. En el PSOE, pero también en ERC y en PNV, han comprobado con malestar cómo decisiones y comparecencias ante la prensa que aún no habían hecho públicas y que sí habían trasladado a Podemos eran adelantadas en el digital Última Hora, dirigido por Dina Bousselham, exasesora de Pablo Iglesias.

La dirección socialista no entiende cómo, después de pactar con Echenique “no registrar ninguna enmienda sin el visto bueno de Hacienda”, se presentaron responsables de Podemos en una rueda de prensa junto a los de ERC y Bildu para presentar la polémica iniciativa antidesahucios, que ya ultimaba el Ministerio de Fomento. Y no ha sido el único caso. Pasó igual con la ley Celaá de Educación: representantes de Izquierda Unida dentro de la coalición tramitaron por su cuenta 50 correcciones no avisadas.

En el PSOE concluyen que en Unidas Podemos “hay demasiados dirigentes con poder de firma”. También que están condenados a entenderse. Pero se preparan para unas semanas conflictivas. Piensan que Iglesias querrá hacer valer sus votos lo máximo posible antes de la votación definitiva de los presupuestos el 29 de diciembre. Y que eso acarreará nuevos desmarques. Con todo, alertan a sus socios de coalición de que en este clima de sospecha hay varias leyes de ministros de Podemos que también podrían sufrir inesperados varapalos parlamentarios. Un ejemplo: la futura Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual, conocida como ley del solo sí es sí, y que es el gran empeño político de la ministra de Igualdad, Irene Montero.

La desconfianza se ha instalado así en el seno del Gobierno y se ha extendido a los grupos parlamentarios de los dos partidos que lo sostienen. Y de rebote, a sus socios. En el Congreso nadie se fía de nadie, ni entre la izquierda ni en las bancadas de la derecha. El curso político de 2021 será una trinchera de obstáculos como lo han sido estos tres meses de negociaciones para salvar las cuentas públicas del primer Gobierno de coalición progresista.

El 25 de agosto arrancó este proceso. Tras 16 días de vacaciones en Lanzarote y Doñana, el presidente Sánchez compareció en La Moncloa: “Necesitamos unos nuevos Presupuestos de país, no de un Gobierno, los de ahora son peor que inútiles, son nocivos y contraproducentes. Esta negociación medirá la responsabilidad, pero también el sentido de Estado de todas las fuerzas políticas”.

La ronda de partidos empezó el 2 de septiembre. Para tratar de demostrar que buscaba unos Presupuestos antipademia para 2021, el presidente convocó una ronda de contactos con todos los partidos. En primer lugar citó al líder de la oposición, Pablo Casado, por puro formalismo y sin excesivas esperanzas. Ha sido la última entrevista bilateral que han tenido. No se llevan personalmente mal, pero su química no traspasa. Casado no confía en la palabra de Sánchez y recela de hasta cómo interpreta sus mensajes. Hablaron dos horas, pero se centraron en los intentos hasta ahora infructuosos de desatascar los bloqueados cargos institucionales.

La prioridad de Sánchez entonces era Arrimadas. El presidente la convocó esa tarde y lanzó el mensaje de que esa preferencia no era nada casual. Sánchez y La Moncloa querían reconocer la labor de “oposición constructiva” adoptada por Ciudadanos desde que la nueva líder había sustituido en marzo a Albert Rivera, como por ejemplo con sus apoyos en los sucesivos decretos de estados de alarma. Ese giro de Cs desató una disputa en el centro derecha y disparó las suspicacias en Podemos y otros posibles socios como ERC.

El café con Rufián. Un día después de Arrimadas, Sánchez mantuvo un amistoso café de una hora con Rufián. Se llevan bien y se aprecian. El presidente le volvió a ofrecer la activación de la mesa de diálogo para debatir soluciones al conflicto catalán, pero en el ambiente pesaba la “geometría variable” de los posibles pactos con Cs. Rufián salió preocupado y no lo ocultó: “Gobernar es elegir. Pactar con Ciudadanos es muy goloso (…) pero no es lo mismo pactar medidas de sanidad, educación o igualdad con Ciudadanos que con ERC”. Y añadió: “No es que Ciudadanos sea incompatible con Esquerra, es que es incompatible con la izquierda”.

Durante la charla Rufián comprendió de las confesiones de Sánchez que Arrimadas había abaratado mucho el precio de un posible apoyo de Cs a los presupuestos. Y se determinó a cambiar esa situación reactivando los contactos entre ERC, PNV y Podemos para dinamitar la operación y “sacar a Cs de la ecuación”, según fuentes conocedoras de esas negociaciones. En ERC entendieron de los mensajes privados de Sánchez que él prefería unas cuentas del Estado con ellos y el PNV, pero también les requirió “más seguridad” en sus actuaciones en un partido para el PSOE actual demasiado asambleario e impredecible.

En ERC, además, ya están acostumbrados a recelar: de sus socios de JuntsxCat en la Generalitat, del PSOE y de Podemos. Lo de la “cuadratura del círculo” que perseguía un sector del Gobierno y La Moncloa colocándoles a ellos y a Cs en el mismo bando no les encajaba, sobre todo ante las elecciones autonómicas del 14 de febrero. En la dirección del PSOE reconocen que esa proclamada disposición teórica al pacto hacia el centro les ha valido en este caso para “disminuir el coste” de algunas concesiones a los nacionalistas, aunque en el fondo siempre han pretendido “apuntalar la mayoría de la investidura”. Y recuerdan que Arrimadas y Cs efectivamente apoyaron los decretos de alarma, pero pocas más iniciativas en el Parlamento, donde las propuestas gubernamentales han fructificado día a día gracias a PNV, ERC y Bildu.

El 27 de octubre el Consejo de Ministros aprobó el proyecto. El presidente Sánchez y el vicepresidente Iglesias comparecieron juntos en La Moncloa tras remitir el proyecto a las Cortes para subrayar el mensaje de unidad ante un momento excepcional. Ambos dirigentes destacaron los dos componentes fundamentales de esas cuentas: la recepción del primer tramo de los fondos europeos y el gasto social récord de 239.765 millones de euros, el mayor de la historia, un 10% superior a los vigentes, prorrogados desde 2018. Todos los dirigentes del PSOE persisteron a partir de ese momento en la idea de los “presupuestos de país”.

Los ministros de Podemos han resaltado, sin embargo, el fin de los recortes y la necesidad de asentar la mayoría progresista de la investidura. Unidas Podemos, PNV y ERC han proliferado estos días sus contactos “para romper la cintura cuanto antes a Ciudadanos”, según revelan varios interlocutores, ante el dilema que Inés Arrimadas ha martilleado sin parar: “Sánchez tiene que elegir entre dos vías, la de los populistas y radicales que no creen en España o la centrada y moderada de Ciudadanos”. Ese mensaje ha calado y llegó a preocupar a los socios habituales del Ejecutivo.

Este lunes pasado, las delegaciones técnicas y políticas de los Gobiernos vasco y catalán, arropadas por los portavoces del PNV y ERC, celebraron sus últimos encuentros. Las posiciones estaban tan cercanas ante un proyecto expansivo y progresista, gracias a los fondos europeos, que no había mucho margen para más alegrías. La mayoría presupuestaria sobrevive hasta la próxima crisis.