“Quisiera trasladar mi pesar a las familias de las tres personas que asesiné”

El pasado julio, el preso de ETA Mikel Azurmendi, alias Hankas, envió un largo texto manuscrito al director del Centro Penitenciario de Valencia en el que se quejaba de que, tras 22 años encarcelado, seguía clasificado en primer grado, el más duro, lo que le impedía obtener beneficios penitenciarios. Condenado a 418 años por, entre otros atentados, el asesinato del concejal del PP de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y su esposa en 1998, Azurmendi esgrimía que llevaba tiempo rechazando la violencia. “Sí, reconozco el daño que he causado”, afirmaba en la misiva. El pasado 11 de noviembre, el Ministerio del Interior anunciaba su traslado y el de su compañera, la también etarra Maite Pedrosa, a una prisión cercana al País Vasco, la de Zuera (Zaragoza). La decisión provocó una tormenta política al coincidir con el apoyo parlamentario de EH Bildu a la tramitación del proyecto de Presupuestos del Gobierno.

Azurmendi es uno de los 42 presos etarras que, en lo que va de año han pedido perdón por carta, según datos de la lucha antiterrorista a los que ha tenido acceso EL PAÍS. La cifra es superior a la del año pasado, cuando fueron una treintena, y, sobre todo, a la de 2018, el año en el que ETA anunció su disolución, cuando fueron ocho. En la actualidad, permanecen recluidos en cárceles españolas 197 etarras. “El salto ha sido cuantitativo, pero también cualitativo”, señalan fuentes policiales en referencia al contenido de las misivas. “Al poco de la disolución de ETA, los textos eran similares y se ajustaban a las directrices del EPPK [siglas en euskera del colectivo de presos de ETA] de no arrepentirse ni delatar. Ahora, las hay que también reflejan arrepentimiento”, recalcan. En una de estas misivas, inédita hasta ahora, un etarra escribe: “Quisiera trasladar mi pesar a las familias de estas tres personas [a las que asesiné], pedirles perdón”.

Las directrices a las que se refieren estas fuentes las marcó el EPPK en enero de 2018, cuando anunció la “total disposición” de sus reclusos a reconocer el dolor causado si con ello se mejoraba su situación penitenciaria. En abril de ese año, ETA hacía público un comunicado en el que también admitía el daño provocado como paso previo a su disolución formal materializada semanas después. Algunos presos que seguían la disciplina de la banda ya habían dado un primer paso en esa línea, como Jagoba Codó –al que la Audiencia Nacional dejó en libertad condicional el pasado agosto– quien en 2017 había hecho una renuncia genérica a la violencia en un texto en el que afirmaba: “Nadie es ajeno al dolor, ni al sufrido ni al causado, y penalmente lo estoy pagando”.

Tras aquellos dos comunicados, otros reclusos siguieron los pasos de Codó con misivas con un contenido también “muy estandarizado”, destacan fuentes policiales. En una de ellas, su autor decía querer utilizar “las vías políticas para fines políticos” y reconocía “el daño causado en las décadas que existió la organización a la que pertenecí”. Todo ello, en un texto impersonal con apartados. Fuentes del Gobierno vasco que han seguido la evolución de los presos de ETA destacan que “estas cartas siguen siendo la mayoría y responden a un formato preparado por los abogados defensores”. En su opinión, “solo buscan facilitar el traslado a una cárcel próxima a Euskadi y mejorar las condiciones penitenciarias”, añaden. EL PAÍS ha intentado contactar con varios abogados de etarras, pero han declinado hablar. También Etxerat, la asociación de familiares de los presos que permanecen dentro de la ortodoxia del EPPK, ha rehusado dar su opinión.

Sin embargo, frente a este tipo de textos, en los últimos meses varios presos han remitido cartas en las que incluso citan a las personas que asesinaron. “Reconozco el daño causado a las víctimas consecuencia de mi actividad armada en dicha organización, sobre todo a las tres víctimas mortales [incluye el nombre y apellidos de cada una de ellas], así como a sus seres queridos y a las personas que fueron heridas”, recoge una misiva manuscrita en la que el preso etarra, cuya identidad no se facilita para evitar represalias, añade: “Reconociendo la gravedad de haberles arrebatado la vida y aún la imposibilidad de devolvérsela, quiero que este reconocimiento y este pesar contribuya a reparar en parte el daño y sufrimiento causado a las víctimas del terrorismo, a todas las víctimas”.

“No debería haber pasado”

“ETA, en su día, reconoció el daño causado, así como el colectivo de presos. Yo, de mi lado, también quiero reconocer el daño que la lucha armada ha causado durante todos estos años, asimismo comprometerme a superar todos los problemas del conflicto”, escribió otro etarra el año pasado. En esta segunda misiva, este recluso añadía: “Eso no debería haber pasado y quiero decirlo porque es así como lo siento, de la misma forma que pienso que hace tiempo que se debería haber buscado una solución para terminar con tanto sufrimiento”. El interno de ETA terminaba reconociendo que el dolor y daños causados “no tienen solución” y mostrando su “respeto a los fallecidos, heridos y demás víctimas”.

Fuentes del Gobierno vasco consideran que este tipo de textos son un avance, aunque lamentan que todavía sean pocos: “No llegan a la docena”. Y culpa de ello a una parte de la izquierda abertzale, que en su opinión no permite a los reclusos de ETA “ir más allá y hacer en estos textos un verdadero planteamiento crítico de lo que fue la violencia terrorista”. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) se muestra mucho más escéptica y duda, incluso, de que existan estas misivas. Carmen Ladrón de Guevara, abogada de la asociación, critica que Interior utilice su existencia para justificar los acercamientos. “Nunca nos han enseñado estas cartas. Ni a nosotros, como asociación, ni a ninguna víctima”. Para esta abogada, que ha ejercido la acusación en los últimos juicios contra etarras, el “verdadero arrepentimiento” no está en estas misivas sino “en la colaboración con la justicia, y eso no lo estamos viendo”.

Por el contrario, Roberto Manrique, herido de gravedad en el atentado del Hipercor de Barcelona, de junio de 1987, en el que murieron 21 personas, cree que estas cartas son “positivas”. En enero de 2011, con ETA aún activa, Manrique recibió una de uno de los etarras que colocó aquel coche bomba, Rafael Caride Simón, entonces acogido a la llamada Vía Nanclares de reinserción. En ella, el etarra afirmaba: “Reconozco el daño y sufrimiento que causaron en personas como usted las acciones llevadas a cabo durante nuestra militancia en ETA. No soy insensible al dolor y sufrimiento que las mismas generaron; de ahí mi compromiso sincero en tratar de ayudar a cerrar esas heridas y en que nadie más sufra lo que ustedes han sufrido”. Manrique, que un año después de aquella misiva mantuvo un encuentro “reparador” en prisión con el etarra, se muestra convencido de su sinceridad: “Creí en su arrepentimiento”.

Manrique recalca que este tipo de gestos no debe traducirse en beneficios penitenciarios: “Si me dicen que mi encuentro le podía permitir recortar un minuto de su condena, hubiera dicho que no por respeto al resto de las víctimas que causó”. Después de 19 años en cárceles españolas y otros siete en francesas, Caride Simón salió de la cárcel en agosto de 2019. Llevaba dos años en semilibertad. “Es la ley y hay que acatarla. Me consta que ha estado en prisión el tiempo del que tenía que estar”, señala esta víctima.