El perdón cara a cara entre víctima y verdugo

Esther Pascual había pedido reuniones pequeñas, con grupos de tres personas, para poder explicar tranquilamente en qué consistía el programa y que cada cual planteara sus dudas. No le importaba que eso supusiera visitar varios días la cárcel, a 350 kilómetros de su casa. Estaba ante el mayor reto profesional de su vida y quería ir con calma. Pero, como sucede tantas veces, la realidad arrolla los planes perfectamente calculados.

- ¿De tres en tres? – le dijo entre risas Juan Antonio, el director de la prisión-. Venga, entra, que ahí están.

- Que ahí están… ¿cuántos?

- Pues todos.

Pascual respiró hondo antes de entrar en la sala. Se encontró con una veintena larga de personas. Presos con extensas condenas por terrorismo a sus espaldas que habían acabado reunidos en la cárcel de Nanclares de Oca (Álava) porque se habían alejado de ETA. Eran todos disidentes, pero mantenían planteamientos muy diversos. Ella les ofreció entrar en un proceso de mediación penal para encontrarse con sus víctimas. Les habló sobre la reconciliación y el perdón.

“Fue una reunión complicada, tensa”, recuerda la mediadora y abogada, más de siete años después. La recibieron con desconfianza. Lo primero que le preguntaron fue si era del CNI o una periodista infiltrada; luego, si era una enviada del entonces ministro del Interior, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba. “Les expliqué cómo iba a funcionar el programa. Que era voluntario y que no iban a tener ningún beneficio penitenciario por participar en él; que era algo puramente personal; que si alguien estaba interesado, tenía que empezar a trabajar conmigo de forma individual en un proceso que podía ser largo; y que se arriesgaban a que luego las víctimas no quisieran reunirse con ellos. Era un paso que dábamos todos sin saber hasta dónde íbamos a poder llegar”.

Los reclusos comenzaron un debate acalorado sobre el perdón, sobre si había que pedirlo de forma individual o lo tenía que hacer ETA como colectivo. Entre ellos no había acuerdo. Finalmente, cinco le dijeron que estaban interesados en hablar con ella individualmente. Uno lo expresó públicamente. Los otros, de forma discreta.

Así empezó un programa que acabó con una decena de encuentros entre presos por delitos terroristas y víctimas de la organización a lo largo de 2011. En algunos casos eran sus víctimas directas, familiares de una de las personas a las que habían matado. En otros, los internos se presentaban como miembros de una organización con estructura militar en la que todos se hacían responsables de todos los atentados.

Tres de los protagonistas de que estos encuentros se llevaran a cabo se han reunido una mañana de finales de abril en Madrid a petición de este periódico. Se trata de la propia Pascual, la entonces secretaria general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, y Txema Urkijo, que en 2011 era adjunto de la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno Vasco -dirigida por Maixabel Lasa, víctima ella misma después de que ETA asesinara en 2000 a su marido, Juan Mari Jauregi, exgobernador civil de Gipuzkoa-. Los tres defienden un camino, la vía Nanclares, que luego se frenó pero que supuso que miembros de ETA reconocieran sin ambages el daño causado a las víctimas y que la violencia no debió usarse jamás para alcanzar fines políticos.

Nanclares, el intento de quebrar la cohesión del colectivo de presos

Las cárceles han sido siempre una clave de la política antiterrorista, un punto central tanto para ETA como para el Estado. La banda terrorista tenía (y tiene) mecanismos de férreo control sobre los presos que apuntala con apoyo jurídico y económico tanto para ellos como para sus familias. Y el Estado, desde que a finales de los 80 inauguró la política de dispersión, ha tratado en todo momento de quebrar este frente con distintas estrategias según el momento y el Gobierno de turno.

Mercedes Gallizo llegó a Instituciones Penitenciarias en 2004. Se encontró con muchos presos con dudas sobre su vinculación con ETA, sobre la violencia. Cuando la banda terrorista volvió a matar después de la tregua de 2006, las críticas aumentaron dentro de la cárcel. Muchos, además, se sentían abandonados por una organización que apenas había hablado de su situación durante sus conversaciones con el Gobierno. A finales de 2008 Interior fue trasladando a estos reclusos críticos a prisiones cercanas al País Vasco ­­-Zuera, en Zaragoza, y Villabona, en Asturias- para favorecer el debate entre ellos. Había presos que habían sido miembros destacados de ETA, como Francisco Mujika Garmendia, Pakito, miembro de la dirección entre 1987 y 1992 que en 2004 ya había escrito una carta a la dirección de ETA pidiendo el fin de la violencia, Joseba Urrusolo Sistiaga, Iñaki de Rentería, Valentín Lasarte, Carmen Gisasola -exjefa del comando Bizkaia-, José Luis Álvarez Santacristina, Txelis, o Kepa Pikabea. Los dos últimos también habían escrito una carta después del fin de la tregua defendiendo “la inutilidad de la lucha armada”.

Pero lograr que entraran en el camino de la reinserción individual era una empresa muy complicada. “Muchos de los reclusos eran históricos de la banda que sentían que debían lealtad a ETA aunque no estuvieran ya de acuerdo con ellos y que no querían llevar a cabo una crítica pública ni separarse del todo del colectivo de presos”, recuerda Gallizo. En todo caso, Zuera y Villabona se convirtieron en lugares de reflexión colectiva y se empezaron a conceder los primeros permisos penitenciarios.

De allí, los que daban un paso más y firmaban una carta rechazando la violencia, pidiendo perdón a las víctimas y comprometiéndose a hacer frente a las indemnizaciones civiles (requisitos que exige el Código Penal para que los presos por terrorismo puedan obtener beneficios penitenciarios) fueron luego trasladados a la prisión alavesa de Nanclares de Oca, ya en Euskadi, donde comenzaron a aprobarse modelos específicos de cumplimiento para que pudieran salir de la cárcel para estudiar o trabajar.

“Podía haber en torno a 80 o 90 personas con dudas en las cárceles en ese momento”, recuerda Gallizo. “Gente con una posición más o menos clara en el sentido de que no quería saber ya nada de ETA. Pero dar el paso definitivo de hacerlo público era complicado. Suponía ponerse en evidencia, perder todos los apoyos del colectivo, emocionales y económicos, poner a sus familias en una situación delicada en sus pueblos… Era un paso muy difícil para ellos”. Un paso que suponía, a todos los efectos, pasar a ser etiquetado como disidente oficial y público, y que solo dieron una veintena de presos.

Aparece la idea de “acercarse a las víctimas”

“Los que llegaron a Nanclares empezaron poco a poco a comentar su interés por acercarse a las víctimas de alguna forma”, recuerda Txema Urkijo. “No hablaban de encuentros restaurativos ni de nada concreto. Simplemente se planteaban aproximarse a ese mundo. Nosotros pensamos que eso no podía hacerse así como así llevando a víctimas a la cárcel”. "Tenía que hacerse una intervención profesional, con un programa protocolizado”, añade Gallizo. Por eso se pusieron en contacto con Esther Pascual, que aceptó el encargo. A partir de ahí, los tres intervinientes –el Ministerio del Interior, la Dirección de Atención a las Víctimas del Terrorismo del Gobierno vasco y la mediadora- empezaron a trabajar en el más absoluto secreto.

Pascual comenzó a entrevistarse con los cinco presos que habían decidido entrar en el programa después de esa primera reunión colectiva. “Los funcionarios de la cárcel ya habían hecho un trabajo previo con ellos que fue muy importante en todo el proceso”, recuerda. “Luego, en las entrevistas individuales, había que ir muy poco a poco. A muchos les costaba entrar a analizar sus vidas, les resultaba difícil volver a según qué cosas. El tema de las emociones no lo tenían trabajado. Es normal. Para matar a otro tienes que anular tus sentimientos. Pero para que pudieran llegar a reunirse con una víctima era muy importante que recuperaran esa parte, que recuperaran la empatía y su lado emocional”.

“Son personas que no se van a perdonar nunca lo que han hecho y que simplemente tratan de vivir con ello”, añade. “La reflexión sobre el pasado que llevaban a cabo era dolorosa, llena de soledad. Cuando alguien recupera la humanidad, le resulta difícil convivir con lo que hizo”. En cada entrevista, cada uno de ellos se iba abriendo más. Pascual observaba el tono, la sinceridad… para decidir cuándo estaban preparados para reunirse con una víctima. “El discurso en contra de la violencia tenía que estar claro”, explica. “Las víctimas no pueden tolerar ningún tipo de justificación. Por eso a uno de los cinco le dije que no podía seguir adelante. Era una persona que, de alguna manera, seguía justificando algunos crímenes. Al final continuaron los cuatro que consideré preparados”.

Mientras tanto, en paralelo, la Dirección de Atención a Víctimas del Gobierno vasco convocó otra reunión. Pascual explicó el programa de mediación a un grupo de víctimas de ETA y quiso la casualidad que aceptaran cuatro, exactamente el mismo número de presos que iban a mantener los encuentros. La mediadora inició en ese momento una serie de entrevistas individuales también con las víctimas.

“Estaban preocupadas”, recuerda. “No querían que el programa pudiera ser para los presos algo instrumental para obtener beneficios penitenciarios. Les expliqué que no era así. Lo que muchas buscaban era poder decirle a la persona cómo se habían sentido durante todos esos años, cómo les había cambiado la vida el atentado. Algunas decían que querían participar para ser un ejemplo de convivencia, para que sus hijos y nietos no vivan instalados en el odio. La mayoría decía que no necesitaban que les pidieran perdón, pero en muchas ocasiones esto cambió después”.

Cara a cara con el perdón

Finalmente, se llevó a cabo el primer encuentro. Luego el segundo, y el tercero, y el cuarto. “Todos, y los que siguieron, salieron extraordinariamente bien”, señala Pascual. “Sin excepción. En el primero ya me di cuenta de que yo sobraba, que lo importante era el trabajo previo que se había hecho con ellos. Una vez allí, el encuentro eran ellos. El uno frente al otro. La víctima y el victimario. Normalmente, la víctima saca lo que tiene dentro, se crece y logra transmitir con entereza el dolor que ha guardado durante años. Muchos acabaron de una forma cálida y algunos se han seguido viendo después. Todas las víctimas salieron mejor de lo que entraron y se sintieron, de alguna forma, reconfortadas”.

Después de estos primeros encuentros, en mayo de 2011, entre octubre y noviembre de ese año se llevaron a cabo unos talleres en la cárcel de Nanclares con un objetivo parecido: abrir la cárcel al exterior y fomentar la autocrítica, el cuestionamiento de la violencia. Una decena de presos participaron en esas charlas, coordinadas por el abogado y profesor de derecho penal Xabier Etxebarria. Acudieron tres víctimas: Jaime Arrese e Iñaki García Arrizabalaga, cuyos padres –político de UCD el del primero; delegado de Telefónica en Gipuzkoa el segundo- fueron asesinados por los Comandos Autónomos Anticapitalistas el mismo día, el 23 de octubre de 1980, y Gorka Landaburu, periodista que sufrió un atentado con carta bomba en 2001 que le causó graves heridas y la amputación de varios dedos de la mano.

Eran charlas más generales, menos personales que los encuentros. En el caso de Landaburu, al final se le acercaron dos de los presos para informarle de que formaban parte del Comando Buruntza, el que le había mandado la bomba. “Nosotros no participamos directamente, pero te pedimos perdón”, le dijeron. También acudieron a esos talleres, entre otros, el filósofo Reyes Mate, el coordinador de Lokarri Paul Ríos, el exconsejero de Cultura del Gobierno vasco Joseba Arregi o el exrector de la Universidad del País Vasco Peio Salaburu. Algunos de los presos explicaron a este periódico sus razones para participar: avanzar en el camino de la autocrítica de su pasado como terroristas.

Entre tanto se comenzó a trabajar para una segunda tanda de seis encuentros más, en los que participaron también otros mediadores junto a Pascual, que dio a luz en medio de ese proceso. “Todo salió igual de bien que en la primera fase”, recuerda Pascual. “Y menos mal, porque un solo fracaso habría sido un gran fracaso”.

Muchos de los participantes en los encuentros lo han contado: Iñaki García Arrizabalaga; Josu Elespe –hijo de Froilán Elespe, primer concejal socialista asesinado por ETA-; la propia Maixabel Lasa, que se ha reunido con dos de los asesinos de su marido, Luis Carrasco e Ibon Etxezarreta; el empresario Emiliano Revilla, que se reunió con su secuestrador, Joseba Urrusolo Sistiaga; Rosa, víctima de Hipercor, que se reunió con Rafael Caride, condenado por el atentado; los exmiembros de ETA Iñaki Recarte, Fernando de Luis Astarloa y Valentín Lasarte… Otros han preferido mantenerse en el anonimato.

Todo empezó y acabó en 2011

En octubre de 2011 ETA declaró el cese definitivo de la violencia. Un mes después hubo elecciones generales y un cambio de Gobierno en España. Ambas cosas tuvieron consecuencias en las prisiones. Por un lado, los reclusos críticos apostaron por esperar una solución colectiva para su situación una vez que ETA ya no mataba. Querían evitar significarse de forma individual. Por otro, el nuevo Ejecutivo, liderado por Mariano Rajoy, no siguió la línea iniciada por sus predecesores en Nanclares. No se sumaron más presos a esta vía y, los que lo habían hecho, se sentían cada vez más abandonados por las autoridades cuando salían de prisión. Habían perdido las ayudas del colectivo, en muchos casos en sus pueblos los trataban como apestados, y se quejaban de no recibir nungún apoyo a pesar del paso que habían dado.

Los encuentros también se frenaron. Se llevaron a cabo dos sin labor de mediación o preparación previa entre Consuelo Ordoñez –hermana del concejal popular asesinado por ETA en 1995 Gregorio Ordoñez- y Valentín Lasarte; y entre la víctima de Hipercor Roberto Manrique y uno de los condenados por la matanza, Rafael Caride. Un tercer encuentro que se había trabajado a medias con el equipo anterior también se produjo. Después, en años sucesivos, algunos disidentes de ETA ya fuera de la cárcel se han reunido con sus víctimas, con y sin mediador de por medio.

Cuando los primeros encuentros se hicieron públicos, en septiembre de 2011, con el testimonio en este periódico de uno de los primeros participantes, Iñaki García Arrizabalaga, hubo mucho debate entre las víctimas. Algunas criticaron el riesgo de un posible blanqueamiento de la banda a través de estos perdones individuales, que no creían sinceros. Finalmente se llegó a un acuerdo tácito de respeto mutuo entendiendo que hay miles de víctimas de ETA, que cada una siente y piensa de una manera, y que tan respetable es quien desea que le pidan perdón y que se arrepientan de haber matado como quien rechaza participar en iniciativas de este tipo.

Han pasado siete años desde entonces. Ahora, tras la disolución de ETA, habrá que ver si el resto de los presos empiezan a cumplir individualmente los requisitos para acogerse a beneficios penitenciarios, requisitos que incluyen reconocer el daño causado y pedir perdón a las víctimas, aunque sea por escrito.

“No deberíamos olvidar Nanclares por lo que supuso”, concluye Gallizo. “Fomentar la autocrítica de ETA, tanto en el mundo de los presos como por parte de las instituciones, no es un signo de debilidad, sino de valentía. Es algo necesario para no cerrar en falso esta dolorosa página del pasado”. “Los presos, tarde o temprano, van a salir a la calle y tienen que vivir en sociedad”, añade Pascual. “Ojalá este tipo de encuentros pudieran darse en el futuro para aquellos que estén interesados, víctimas y victimarios. Es mejor para las víctimas convivir con gente que está reinsertada y que ha hecho una reflexión autocrítica sobre la violencia terrorista que convivir con personas que salen a la calle orgullosas de lo que hicieron”.