Sánchez contempla el estado de alarma en Madrid, pero quiere acordarlo con Ayuso

La declaración del estado de alarma en Madrid está encima de la mesa del Ejecutivo. El presidente, Pedro Sánchez, ha señalado en su primera comparecencia tras el varapalo judicial en la Comunidad de Madrid, que es un “instrumento eficaz” que el Gobierno “siempre ha contemplado”. Sin embargo, la decisión no está tomada. Sánchez, en permanente contacto con el ministro de Sanidad, Salvador Illa, y con su equipo en La Moncloa, ha señalado que antes hay que analizar la decisión judicial y, sobre todo, escuchar a la Comunidad de Madrid. De la reunión de Illa con los representantes madrileños saldrá probablemente la decisión. El presidente ha señalado en varias ocasiones que lo que se decida será respetando las competencias de Madrid y de acuerdo con la Comunidad. Pero si el Ejecutivo regional decide que no acepta el estado de alarma, La Moncloa tendrá que tomar una decisión compleja.

El Gobierno duda en este momento entre optar por el acuerdo con Madrid, precisamente lo que no se pudo lograr la semana pasada y que ha derivado en un recurso judicial que está en el origen del varapalo jurídico, o tomar la vía directa y controlar la pandemia directamente con el estado de alarma parcial. El problema es político, porque el Gobierno solo puede decretarlo por dos semanas, a partir de ahí necesita el apoyo del Congreso para prorrogarlo y puede contar con el no del PP. El partido de Pablo Casado está planteando alternativas legales al estado de alarma que, sin embargo, no serían de aplicación urgente porque requieren modificaciones legales.

“Consideramos preocupantes las cifras del covid y tenemos que poner todos los instrumentos sobre la mesa, sustentando todas nuestras decisiones en criterios científicos, técnicos y siendo proporcionales”, ha señalado el presidente en una comparecencia en el palacio presidencial argelino, tras una reunión con el presidente Abdelmadjid Tebboune, acto central de la visita. “El Gobierno de España ha tratado siempre de defender la salud pública. Las decisiones que hemos tomado tienen un sustento técnico y científico y cuentan con el aval del Consejo Interterritorial. Vamos a analizar la sentencia, entre hoy y mañana se reunirá el grupo del covid, y veremos el camino que tenemos que tomar. Consideramos preocupantes las cifras del covid y tenemos que poner todos los instrumentos sobre la mesa, sustentando todas nuestras decisiones en criterios científicos, técnicos y siendo proporcionales”, ha dicho Sánchez.

El presidente ha recordado que el Gobierno quería prorrogar el estado de alarma en junio al menos dos semanas más, pero no logró apoyos políticos para hacerlo. Y ese problema subsiste si el PP sigue empeñado en el “no”, con lo que la situación es extremadamente compleja desde el punto de vista político y jurídico. “El estado de alarma es un instrumento constitucional. Pero no depende solo del Gobierno. Su prórroga debe ser autorizada por el Congreso. Es evidente que en junio no había apoyo para hacerlo. Pero eso es pasado. Si la justicia dice que este no es el camino hablaremos con Madrid y buscaremos otra solución”, ha sentenciado. Lo cierto es que la sentencia supone un duro golpe a la estrategia jurídica del Gobierno, que lleva semanas diciendo que el estado de alarma no es necesario porque hay instrumentos jurídicos para controlar la pandemia sin llegar a este extremo. Ahora todo ha cambiado y el estado de alarma vuelve a estar encima de la mesa, pero para aprobarlo haría falta que el PP pasara al menos del no a la abstención o el riesgo de derrota parlamentaria vuelve a ser alto.

“Se podría recurrir, pero no tiene ningún sentido”

A ojos de los expertos consultados, no hay muchas opciones para salir del embrollo jurídico. Elviro Aranda, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Carlos III, coincide con el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en que la normativa sobre la que se sustenta la orden de restringir la movilidad “no tiene el rango suficiente para limitar derechos”. “Se podría recurrir, pero no tiene ningún sentido. No va a solucionar nada. Las vías siguen siendo hacer una ley orgánica, aunque eso tiene sus trámites y lleva su tiempo, o decretar el estado de alarma”, apunta.

Coincide Ángel Rodríguez, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Málaga: “El recurso lo veo poco razonable porque no iba a significar una solución a corto plazo. Lo práctico sería un estado de alarma, que lo puede hacer el Gobierno en 24 horas y daría cobertura a las medidas que no ha querido ratificar el TSJM”. “La única posibilidad es aplicar las medidas que permite la legislación de salud pública, que es en personas concretas y ámbitos geográficos reducidos o, si hay descontrol y transmisión comunitaria, aplicar el estado de alarma. Lo que está claro es que, cuando entras a impedir la movilidad, una orden ministerial en cascada no tenía solidez y carecía de fundamento”, agrega Alberto López Basaguren, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad del País Vasco.

En lo que no hay lugar a dudas, según los juristas, es en que la aplicación del artículo 155 de la Constitución no tiene sentido en este contexto. “No tiene mucho recorrido. Solo serviría en el supuesto de que una comunidad se negara de manera repetida a adoptar resoluciones en contra del interés general. El artículo 155 es un procedimiento muy excepcional y no encaja para nada en la situación de pandemia actual”, apunta Rodríguez.

Los expertos asumen que, hasta ahora, y ante la excepcionalidad que supone la pandemia, las autoridades han recurrido a tribunales ordinarios para decretar cierres perimetrales, pero no les parece la solución más adecuada. “Al final se pone en manos de un juez que haga una ponderación de los derechos, entre la gravedad de la pandemia y el derecho que se restringe. El criterio es el caso concreto. No es lo mismo cerrar una comunidad que un pueblo de pocos habitantes”, sostiene Aranda. López Basaguren lamenta que no se haya reformado la legislación ordinaria durante estos meses y reclama “más concreción” del legislador en las leyes de salud pública y unificar criterios por parte de los tribunales para que no haya contradicciones en las resoluciones judiciales.

Visita a Argelia

Sánchez concluye este jueves una visita a Argelia centrada sobre todo en acuerdos económicos pero también con la vista puesta en la inmigración, un asunto delicado. La llegada de irregulares desde este país a España se ha multiplicado por cinco desde principios de año, y la situación podría empeorar por la crisis profunda que vive el país, paralizado desde marzo por la covid y con problemas por la fuerte caída del precio del gas, su principal activo. El Gobierno de Sánchez mantiene una estrecha colaboración con el de Abdelmadjid Tebboune, el nuevo presidente. Argelia siempre acepta la devolución de sus nacionales cuando llegan irregularmente a España, pero La Moncloa quiere lograr un refuerzo del control. Ya estuvo Fernando Grande Marlaska hace dos meses en Argel con este objetivo. Sánchez ha explicado que la colaboración entre ambos países en la lucha contra las mafias migratorias es muy importante.

La visita ha logrado el principal objetivo económico: abaratar el precio del gas importado. La mitad del gas que importa España es argelino. España tiene con el país africano contratos a muy largo plazo que ahora, con la caída del precio, hacen que pague el gas por encima del precio de mercado. La española Naturgy ha anunciado, coincidiendo con la visita, que ha alcanzado un acuerdo con la argelina Sonatrach para revisar estos contratos. El texto se cerró en la madrugada, poco después de la llegada de la delegación de Sánchez con el presidente de dicha empresa española de energía, Francisco Reynes, que viajaba en el avión oficial con otros empresarios. Los contratos se alargarán hasta 2030 pero a cambio se rebajarán precios, aunque las empresas no detallan cuánto. Sánchez también buscar abrir nuevas posibilidades de negocios: viaja con varios empresarios y el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, y ha organizado una cumbre empresarial en Argel.

Sánchez explicó en el avión, en conversación informal con periodistas, que España pretende con el viaje ayudar a reforzar la imagen internacional del nuevo Gobierno argelino, surgido después de años de turbulencias y la caída de Abdelaziz Bouteflika por presión popular después de 20 años en el poder, y sobre todo reforzar una relación estratégica que no ha provocado grandes problemas en los últimos años. Los ciudadanos argelinos presionan pacíficamente para acabar con el régimen militar que domina el país desde 2019, pero las protestas se han interrumpido por la covid. En Argel, la mayoría de los ciudadanos llevan mascarilla y la ciudad sufre un toque de queda estricto por la noche para reducir los contagios. El país está cerrado casi por completo y el aeropuerto desierto.