Torra descarta convocar elecciones tras pedir al Supremo que no le inhabilite

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha advertido este jueves de que no se plantea por ahora convocar elecciones en Cataluña. Lo ha hecho apenas unos minutos después de asistir a la vista judicial en la que ha solicitado al Tribunal Supremo que no le inhabilite. “No seré yo quien, en este momento tan crítico para el país, lo aboque a una carrera electoral irresponsable que paralizaría la administración”, ha zanjado en un mensaje institucional muy duro contra la justicia española y contra el Estado. “No es un castigo a mí por una pancarta, sino que es un castigo a un país entero en mitad de una pandemia”.

Torra ha lanzado su mensaje tras asistir como invitado, pero sin poder usar la palabra (la ley no prevé esa posibilidad) a la vista en la que el Supremo ha revisado la sentencia que le condenó a un año y medio de inhabilitación por desobediencia. El abogado del presidente catalán, Gonzalo Boye, ha denunciado la “falta de imparcialidad” del Tribunal Supremo en la vista en la que se revisa su condena a un año y medio de inhabilitación. Torra ha acudido como público a la sesión ―no tiene derecho a usar la palabra― en la que su abogado, Gonzalo Boye, ha lanzado un ataque a la justicia española por vulnerar el derecho del president a ser juzgado por un tribunal imparcial. La defensa de Torra ha insistido en pedir la recusación de los magistrados de la sala segunda del Tribunal Supremo, la misma que juzgó y condenó a los líderes del procés y la que ahora tiene la última palabra sobre si Torra podrá o no seguir ejerciendo como mandatario.

Boye ha argumentado que la pancarta colgada en la fachada del Palau de la Generalitat ―y que Torra se negó a retirar pese a las órdenes de la Junta Electoral Central― era “una crítica” a la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes independentistas. “Todo esto viene de tres palabras: Libertad presos políticos. Y los destinatarios de la queja eran los magistrados de esta sala”, ha expuesto Boye en un resumen de apenas media hora de sus más de 300 páginas de alegaciones. La defensa ha cuestionado la imparcialidad del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Jesús Barrientos, que dictó la primera sentencia, por unas manifestaciones públicas por el procés.

Para Torra, colgar la pancarta en el Palau fue un “acto político” y no administrativo, y estaba por lo tanto amparado en la “libertad de expresión”. A ese argumento se ha opuesto la fiscal, que ha pedido al Supremo que ratifique la condena. “Fue una actividad administrativa, no política, que se hizo en un contexto electoral”, ha dicho la fiscal, que ha recordado que la Junta Electoral Central (JEC) ordenó la retirada de la pancarta porque vulneraba la neutralidad de las instituciones en pleno periodo electoral.

La defensa del presidente catalán también ha puesto en duda la actuación de la Junta Electoral Central (JEC), al señalar que uno de sus miembros era colaborador de Ciudadanos. La JEC, ha añadido Boye con vehemencia, no era un órgano “superior ni competente” para dar la orden de retirar la pancarta. Torra se negó a retirar la pancarta, sí (lo admitió él mismo en el juicio), pero lo hizo con el convencimiento de que sus órdenes no eran válidas.

El Supremo decidirá, previsiblemente en cuestión de días o semanas, si da la razón a Torra o, por el contrario, ratifica la sentencia del TSJC, lo que supondría la primera condena a inhabilitación de un presidente de la Generalitat en el ejercicio del cargo. “Están en juego el derecho de participación política y derechos fundamentales como la libertad de expresión”, ha dicho Boye, que ha aludido a la exportavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, y sus acusaciones contra el padre del vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias. “La inviolabilidad le acompaña en la Cámara y también fuera de la Cámara. Y no le ha pasado nada. Nos alegramos de que Álvarez de Toledo tenga esa capacidad para expresarse y creemos que Torra debería tener el mismo trato”.

Boye ha advertido de que una condena “es la generación del siguiente conflicto jurídico”. “Más temprano que tarde se nos reconocerá la razón”, ha dicho Boye con la vista puesta en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, donde tiene previsto acudir si el Supremo no le da la razón.

La Fiscalía y Vox (que ejerce la acusación particular) se oponen a las alegaciones de Torra y piden al Supremo que confirme la sentencia.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Torra a un año y seis meses de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos por desobedecer a la Junta Electoral cuando esta le ordenó retirar de la sede de la Generalitat una pancarta en favor de los “presos políticos” durante las elecciones de 2018. Si se confirma la condena, sería firme y Torra quedaría oficialmente inhabilitado. Su única posibilidad sería recurrir en amparo al Tribunal Constitucional y solicitar la suspensión de la ejecución de la condena. Sin embargo, no hay ningún precedente de que el Constitucional haya suspendido una pena de inhabilitación.

Una inhabilitación del presidente de la Generalitat podría desencadenar diversos efectos políticos en Cataluña, entre ellos, nuevas tensiones en las filas independentistas y un posible adelanto electoral para los primeros meses de 2021. Prácticamente toda la oposición —menos Ciudadanos— y también ERC insistieron este miércoles en que se debe fijar una nueva cita electoral. Torra lo rechazó, igual que el presidente del grupo de Junts, Albert Batet: “La calle no pide elecciones”, dijo.

Este mismo jueves, antes de la vista, Torra ha reivindicado en sus redes sociales la pancarta por la libertad de los políticos implicados en el procés en la fachada de la Generalitat que le costó la inhabilitación. “Pues sí. Libertad para los presos políticos y exiliados”, ha escrito. El expresidente de la Generalitat y líder de JxCat, Carles Puigdemont, ha enviado con un mensaje de Twitter “mucha fuerza”. “El presidente de la Generalitat se encuentra ante la justicia española por ejercer un derecho fundamental. No lo normalicemos, no dejemos que la represión banalice derechos fundamentales”, ha pedido.

Apoyo independentista en Madrid

El vicepresidente y consejero de Economía y Hacienda de la Generalitat, Pere Aragonès, de Esquerra, y el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, han acompañado a Torra al Supremo. También han estado presentes Albert Botran, diputado de la CUP en el Congreso, la portavoz de Junts per Catalunya, Laura Borràs, y del diputado Sergi Miquel. Tras la vista, Torra tiene previsto ofrecer una declaración institucional.

Poco antes de la vista, los independentistas han calentado motores a las puertas del Supremo. Rufián ha asegurado que “se está atentando contra los derechos más elementales del presidente de la Generalitat” y añadió que va a ser inhabilitado “simplemente por una pancarta a favor de la libertad”. En la misma línea se ha expresado el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha pedido al Supremo “dejar de hacer al ridículo” y evitar una condena a Torra por “haber colgado una pancarta”. Lo cierto es que Torra fue juzgado no por colgar la pancarta, sino por negarse a obedecer la orden de retirarla.

La diputada de Junts per Catalunya, Laura Borràs, también se ha acercado al Supremo dos meses después de acudir a declarar por un caso de corrupción. Lo ha hecho para defender, con grandes palabras, a Torra: “Sería el atropello democrático más grave de Europa Occidental”. Borràs ha tildado de “insostenible” que “la justicia pase por encima de la democracia”.

“Una carrera electoral irresponsable”

Tras la vistilla en el Supremo, Quim Torra ha cargado contra el tribunal en una declaración institucional en el Centre Cultural Blanquerna, en Madrid. El presidente catalán ha hablado de una “actuación judicial absolutamente desproporcionada” y “aberrante” y ha advertido que los magistrados del Supremo tienen en sus manos una cosa mucho más importante que su futuro político. "No se me quiere inhabilitar por cualquier pancarta, sino por una pancarta que defendía derechos fundamentales que se nos niegan”, ha opinado.