Podemos pide 17 años de cárcel para el marido de Ana Rosa Quintana en el ‘caso Villarejo’

La conocida como pieza Thew-Pintor, la tercera línea de investigación del caso Villarejo que se ha dado por concluida, ya tiene las primeras peticiones de cárcel sobre la mesa. Podemos, que se encuentra personado como acusación popular, ha presentado este lunes su escrito de acusación contra los 14 procesados por el supuesto encargo que el empresario Juan Muñoz Tamara, marido de Ana Rosa Quintana, y su hermano Fernando hicieron al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar a un exsocio y a su abogado. Según consta en dicho documento, al que tuvo acceso EL PAÍS, la formación de izquierdas solicita 16 años de cárcel para el antiguo agente de la Policía Nacional, en prisión preventiva desde noviembre de 2017, así como una pena de 17 años de cárcel para el esposo de la popular presentadora de televisión.

El magistrado Manuel García-Castellón dio por finalizada esta parte de la instrucción hace tres semanas. Según escribió el juez en un auto fechado el pasado 12 de junio, los Muñoz Tamara mantenían una larga pelea con un antiguo colaborador, M. M. N., que se declaró insolvente después de que Hacienda les reclamase un millón y medio de euros. Esta iniciativa provocó que toda la actuación de la Agencia Tributaria se dirigiese exclusivamente contra Fernando Muñoz, que denunció que su adversario maniobraba para ocultar su patrimonio real y eludir pagar la deuda. De hecho, los hermanos acudieron primero a los tribunales para tratar de recuperar lo que, según ellos, era su dinero. Pero no lo consiguieron. Y fue entonces cuando, según los investigadores, el marido de Ana Rosa Quintana propuso contratar a Villarejo.

Según detalla Podemos en su escrito de acusación, el comisario jubilado había creado todo un “conglomerado empresarial” —que pivotaba sobre el grupo Cenyt— para, junto a sus colaboradores, “canalizar sus actividades criminales de inteligencia y de resolución de conflictos”. Entre otras “ventajas competitivas ilícitas”, la trama obtenía supuestamente información de bases de datos confidenciales, solo accesibles a funcionarios. Además, tenían “influencia directa” sobre las fuerzas de seguridad del Estado, debido a su condición de agentes de la Policía Nacional, según resalta Podemos, que ha pedido también que Ana Rosa Quinta declare en el juicio como testigo. Como publicó EL PAÍS, Villarejo llegó a ofrecer sus servicios a la presentadora de Telecinco, que los rechazó.

En esta parte concreta de la investigación, García-Castellón detalló que los Muñoz Tamara querían recabar información comprometedora de M. M. N. y su abogado para “presionarlos” —entre otro material, con vídeos con prostitutas y cocaína— y cerrar así un acuerdo ventajoso para ellos. El encargo se cerró en 2017 y, según los investigadores, se pagó 20.000 euros a la trama dirigida por el comisario jubilado. Eso sí, Villarejo advirtió a sus clientes que “la tarifa” subiría en el futuro. El antiguo policía vendía esta operación por 150.000 o 200.000 euros. “Menos no se cobra por esos curros, porque si te pillan te comes cuatro años por revelación de secretos”, afirmaba en una conversación grabada e incorporada a la causa.

Por todo ello, el magistrado atribuye a los procesados los delitos de extorsión y revelación de secretos. Podemos pide 16 años de cárcel para Villarejo; y 17 años para Juan y Fernando Muñoz Tamara. El partido también propone altas penas para el resto de implicados en esta parte de las pesquisas, que continúan contra el hijo del comisario jubilado, José Manuel Villarejo Gil (para quien solicitan 9 años y 5 meses de prisión); contra sus colaboradores Rafael Redondo (16 años), Antonio Bonilla (6 años) y Javier Fernández (6 años); contra el grupo de detectives subcontratados por Villarejo para la operación de espionaje, compuesto por Nuria Morales (9 años), Gervasio Cañabate (9 años), Elisa Gabán (9 años), Juan Manuel Léon (9 años) y José Manuel González (9 años ); y contra los dos abogados de los empresarios, José Luis García (10 años) y Ricardo Álvarez-Ossorio (10 años).

Todavía falta por conocer la petición de penas de la Fiscalía Anticorrupción en esta pieza. Aunque, eso sí, el ministerio público ya ha solicitado 95 años y 10 meses de cárcel para Villarejo en otras dos líneas de investigación de esta macrotrama de corrupción conocida como Operación Tándem.