Castilla y León aprueba su pacto de reconstrucción con el apoyo mayoritario de la oposición

La coordinación evidenciada en Castilla y León durante la pandemia entre el Gobierno, de coalición PP-Ciudadanos, y la oposición, con el PSOE al frente y con un activo Podemos, se ha traducido en un acuerdo de recuperación para tratar de paliar los efectos de la crisis del coronavirus que se ha firmado este miércoles. El pacto incluye inversiones de 250 millones de euros destinados al entorno sanitario, 80 para la creación de un Fondo Covid y 728 millones orientados al ámbito social entre 2021 y 2025. Fuentes de la Junta de Castilla y León aspiraban a que se sumaran los 81 procuradores de las Cortes: 76 los copan entre PP, Ciudadanos y PSOE; dos los aporta Podemos y uno el localista XÁvila. Vox se ha desmarcado de la iniciativa mientras que la Unión del Pueblo Leonés no ha firmado, pero podría suscribirlo más adelante.

Ha pasado algo más de un mes desde aquel encuentro entre Alfonso Fernández Mañueco, presidente regional, y Luis Tudanca, líder socialista, para sellar las bases de un acuerdo de reconstrucción. La oferta se lanzó hacia los otros grupos con representación parlamentaria. Los principales ejes del documento, aprobado en la sede del Gobierno autonómico, apuntan a lo sanitario, con una partida de 250 millones especialmente destinada a reforzar las unidades de cuidados intensivos (UCI) regionales y fortalecer la Atención Primaria. También se buscará consenso sobre la Atención Primaria en los pueblos, uno de los grandes focos del debate político castellanoleonés, cuestión en la que se ha dado marcha atrás a la idea de cerrar consultorios rurales —plan piloto que comenzaría en la comarca de Aliste (Zamora)— y se aplicará en cambio un triaje telefónico. Las plazas en las residencias públicas, asimismo, se ampliarán un 25%. Los centros de la tercera edad han sufrido estragos durante la pandemia y la oposición ha reprochado que la consejería de Sanidad, que se ha reafirmado en la decisión, ordenara no hospitalizar a los ancianos.

Las 86 medidas suscritas cuentan con un área de 80 millones que se repartirán en un Fondo Covid. La mitad de esta bolsa “extraordinaria” se transferirá a las corporaciones locales del territorio para “actividades relacionadas con el empleo y la inversión” siempre que se cuente con el beneplácito de las entidades locales. La otra mitad la administrarán entre la Junta y las entidades locales para que las dediquen a los servicios sociales de los “colectivos más afectados por la crisis”.

El Gobierno autonómico dotará de 728 millones de euros a un plan de infraestructuras sanitarias, educativas y sociales para el periodo entre 2021 y 2025. Esta parte del acuerdo consta de ayudas a la adquisición de ordenadores, conexión a Internet o la reducción de tasas universitarias o de estudios de posgrado. Se respaldará, además, a estas instituciones para compensar la reducción de ingresos. La inversión alcanza también las ayudas a los alquileres para quienes las soliciten y cumplan los requisitos. Uno de los grandes objetivos consiste en evitar que “nadie se vea privado de la oportunidad de estudiar a causa de la crisis sanitaria” y para ello se colaborará con el Ejecutivo central. El pacto reivindica también la creación de una comisión de expertos con “personalidades de reconocido prestigio social y profesional” en sus materias.

El presidente regional ha incidido en su mensaje sobre la importancia de estas medidas para impulsar a Castilla y León después de las dificultades sanitarias y económicas de estos últimos meses. Mañueco entiende que el pacto es un “ejemplo para España" gracias a la capacidad de Castilla y León para “generar un espacio de diálogo y de entendimiento”. Castilla-La Mancha, Canarias y Aragón también han presentado acuerdos comunes de reconstrucción. El dirigente socialista, Luis Tudanca, ha asegurado que le resulta indiferente “quién gane políticamente" con el acuerdo, mientras los beneficiados sean los castellanoleoneses. El portavoz de Ciudadanos en las Cortes, David Castaño, también ha incidido en que el pacto “ofrece un marco de entendimiento envidiable” y supone “un punto de partida para superar las diferencias ideológicas y poder llegar a acuerdos de máximo consenso”.

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