Calviño e Iglesias difieren por las políticas fiscales de la reconstrucción

La primera sesión relevante de la comisión parlamentaria para la reconstrucción económica se saldó este jueves con una formidable bronca política en el Congreso. Y dejó un aperitivo del choque que se avecina entre las dos almas económicas del Gobierno. El vicepresidente Pablo Iglesias reclamó inversiones y “una nueva tasa de reconstrucción”: un impuesto a los grandes patrimonios. La vicepresidenta Nadia Calviño anunció también un plan de “inversiones y reformas”, reclamó un marco fiscal más progresivo pero pasó por alto esa figura. Y apostilló: “La responsabilidad fiscal y la confianza de los inversores también son claves en la recuperación”. Esas dos visiones encontradas tienen que cristalizar en un Presupuesto del que depende la duración de la legislatura.

España tiene media docena de problemas de gran calibre. Fue uno de los países más golpeados por la Gran Recesión, tras el estallido de una burbuja que dejó profundas cicatrices. Nunca supo solucionar el formidable agujero del mercado de trabajo. Llegó a la Gran Reclusión sin músculo fiscal, después de que ni Rajoy ni Sánchez hicieran los deberes. Ha sufrido los estragos de la pandemia como pocos. Y le espera un batacazo en términos de PIB y desempleo: la hibernación ha provocado un destrozo sensacional en la automoción, el turismo y el comercio, tres de los grandes motores. El invierno económico, en fin, será largo. La comisión parlamentaria de reconstrucción encaraba una sesión fundamental para empezar a saber por dónde van los tiros con las ponencias de dos vicepresidentes, Pablo Iglesias y Nadia Calviño. Pero no hay nada parecido al espíritu de los Pactos de La Moncloa a la vista en el Congreso: los diputados se contagiaron del tono insoportablemente bronco de la política española, entre insultos de “golpistas” y “pirómanos” de derecha a izquierda y de izquierda a derecha. Cuando los exabruptos dejaron paso al debate tampoco se vio el más mínimo consenso: ni siquiera entre los dos partidos de la coalición. Calviño e Iglesias chocaron por la política fiscal, la gran batalla que se avecina: no puede haber legislatura sin presupuestos para la sacudida económica que se nos viene encima. Y alumbrar esos presupuestos no va a ser sencillo, por las dos almas económicas del Ejecutivo y por las dificultades para forjar mayorías.

El pulso entre la política económica del PSOE y la agenda de Unidas Podemos viene de lejos. Al inicio de la Gran Reclusión hubo un primer choque por las políticas de protección, y en particular por el alcance de los expedientes de regulación temporal del empleo (ERTE). Ese desencuentro acabó razonablemente bien. El segundo encontronazo fue por el ingreso mínimo vital, que se resolverá hoy en el Consejo de Ministros: de nuevo prueba superada. Después llegó el sainete de la derogación de la reforma laboral: el Ejecutivo se dejó ahí muchos pelos en la gatera tras pactar con Bildu. Calviño e Iglesias abrieron un cuarto melón, los impuestos y, por ende, el Presupuesto. El diagnóstico es similar: “La presión fiscal española está siete puntos y medio por debajo de la media del euro [80.000 millones al año menos de ingresos]; hay que reconstruir la justicia fiscal”, dijo Iglesias. “Hay que reforzar los ingresos públicos con un marco tributario”, abundó Calviño. Las coincidencias terminan justo ahí.

Iglesias se presentó en el Congreso con un discurso netamente keynesiano: de la crisis de 2008 “se salió usando los recursos de todos para rescatar a una minoría de privilegiados”, con la desigualdad por las nubes, una precarización sin precedentes de las condiciones laborales y una retahíla de recortes —“7.000 millones en sanidad pública”— . El líder de Podemos reclama ahora “una salida distinta”. Subrayó que hay “un amplísimo consenso para las políticas expansivas” y que la clave para la recuperación es “la inversión pública”. Para pagar todo eso, en lugar de recortes propone “acabar con los privilegios de las grandes empresas y el sector financiero, que aportan menos de lo que les corresponde”, y “reconstruir el sistema fiscal”. Iglesias percutió de nuevo con la idea de un impuesto a las grandes fortunas, “una tasa de reconstrucción para que los que más tienen arrimen el hombro”.

Ese nuevo gravamen, según sus cuentas, permitiría recaudar 11.000 millones. Pero Iglesias dejó claro que esa es la idea de Podemos: no se trata de un plan que comparta todo el Gobierno.

Apenas un par de horas después Calviño ofreció un discurso con una música parecida, pero una letra bastante diferente; con otro énfasis. Apuntó que el confinamiento ha provocado una profunda caída del PIB, que sitúa en el entorno del 10% para este año. Aventuró que lo peor puede haber pasado ya, y anunció que el Gobierno tiene listo “un plan de inversiones y reformas”, que se combinara con el Fondo de Recuperación de 750.000 millones que acaba de proponer Bruselas. Hasta ahí no se detectan grandes diferencias con Iglesias. Pero Calviño discrepa abiertamente tanto en la necesidad de derogar la reforma laboral como en la política fiscal para salir de la crisis: no quiso entrar en ningún momento —a pesar de las reiteradas preguntas— en el impuesto a las rentas altas que propone Iglesias. Habló de “un sistema fiscal sólido, adecuado al Estado de bienestar que queremos y que aborde la brecha de ingresos con la media europea”, pero limitó las subidas de impuestos a la tasa Google (sobre las empresas digitales) y la tasa Tobin (transacciones financieras). En La Moncloa tampoco creen que ahora sea el momento de esa figura fiscal, según las fuentes consultadas: en el flanco socialista del Consejo de Ministros solo José Luis Escrivá podría acercarse, en un momento dado, a esa medida.

El énfasis de Calviño está en limitar los daños económicos mientras dure la fase aguda de la pandemia para “tener bases firmes de cara a la recuperación”. Y pasa por acometer inversiones y políticas fiscales expansivas con ayuda de los fondos europeos en ese momento. Pero, a diferencia de Iglesias y en paralelo al Banco de España, la vicepresidenta económica maneja siempre en sus discursos otra clave: “La responsabilidad fiscal y la confianza de los inversores también forman parte de los ingredientes necesarios para la recuperación”, dijo en el Congreso. Los estímulos dejarán un déficit del 10% y una deuda pública del 115% del PIB, números más propios de una guerra que de una pandemia. “La deuda es una carga para generaciones futuras. No podemos olvidarnos de las reformas para tener una recuperación sostenible”, cerró al más puro estilo de sus años en Bruselas.

Los banqueros centrales suelen decir que “hay que sonar a halcón para poder ser paloma”: la capacidad para aprobar estímulos depende de la credibilidad fiscal de un país. Calviño juega esa baza en esa pelea; Iglesias, claramente la de los estímulos. Las diferencias entre ambos se dirimirán en los Presupuestos: España se lo juega todo en las cuentas de 2021. Sin ellas no puede haber más legislatura; con ellas puede alargarse tanto como quiera Sánchez. Solo queda pactarlos en el Consejo de Ministros. Y después armar una mayoría que los apruebe en el Congreso. Nada menos.

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