la crisis del coronavirus

El Gobierno confía en sacar las medidas para la justicia con apoyos cruzados y sin el PP

Los populares votarán este miércoles en contra en el Congreso por orden de su líder, Pablo Casado

La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, conversa el martes con la dirigente del PP Ana Pastor.
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet, conversa el martes con la dirigente del PP Ana Pastor.Pool Efe / GTRES

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, empleó muchas horas con los portavoces parlamentarios y los operadores judiciales para sacar adelante el decreto ley que evite el colapso del sector tras la crisis de la covid-19, y hasta creyó que el acuerdo era posible según avanzaba su interlocución con el PP. Fue un espejismo. El PP votará este miércoles en contra en el Congreso por orden de su líder, Pablo Casado. El Gobierno aún confía en sacar adelante la norma con sus socios de investidura y Ciudadanos, cuya presidenta, Inés Arrimadas, habló este martes con Pedro Sánchez.

Con Unidas Podemos todo está pactado de salida y la negociación se extendió este martes a los grupos pequeños que acompañan al Gobierno de coalición en sus votaciones. El PNV también estará en ese bloque. Desde la dirección nacionalista se reconoció este martes el trabajo del ministro y, aunque quedan algunos puntos de desacuerdo, creen que podrán solventarlos. La habilitación de los juzgados durante el mes de agosto es uno de esos escollos, pero se entiende que está en vías de solución. El camino de salida apunta a limitar la capacidad de trabajo durante ese periodo, como ha solicitado el Consejo General del Poder Judicial tras escuchar las quejas de los abogados y procuradores. Campo está en conversaciones con el Poder Judicial y la Fiscalía y al menos durante 20 días de agosto no habrá actividad.

Pero el titular de Justicia ha introducido otros elementos en el decreto de agilización, como nuevas medidas organizativas, procesales y concursales. La pandemia ha forzado que se introduzca la vía telemática para muchos asuntos laborales y familiares. Ante un eventual colapso se daría primacía a los casos que afecten a menores para asegurar su protección.

La Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) considera aún insuficientes las medidas pero, sobre todo, echa en falta una mayor protección de los empleados públicos para evitar contagios. El CSIF plantea la realización de test generalizados. Las asociaciones de jueces también piden más medios y más juzgados. Las reivindicaciones de los operadores judiciales no son nuevas y en el plan futuro del Ministerio de Justicia se contempla una ambiciosa reforma, que la pandemia ha paralizado.

El ministro Campo intentó convencer a los portavoces de Justicia de los distintos partidos en la comisión del Congreso el pasado lunes y en reuniones más discretas. En una de esas citas más reservadas, Campo hasta entendió que había logrado un relevante acercamiento con el responsable del PP en materia judicial, el exjuez y consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, Enrique López. Pero más tarde López rectificó y renegó de ese pacto.

El consejero madrileño compareció este martes junto al líder del PP, Pablo Casado, y confirmó que había alcanzado en privado un principio de acuerdo con el ministro “a la espera de conocer el redactado del decreto de recuperación de la Justicia” y se plegó a la postura de la cúpula de su partido de rechazar consensos con el Gobierno en la actual situación del estado de alarma y de evitar reformas de leyes orgánicas por decreto. López indicó que Casado ya aclaró, 24 horas después de aprobado el decreto el 28 de abril en Consejo de Ministros, que el PP no lo aprobaría y que fijó criterio al respecto y que, por tanto, “no cabe mayor coherencia”.

ERC y Ciudadanos han mantenido contactos con el Ejecutivo y el PSOE hasta el final y en la tarde del martes no habían hecho público cuál será su voto. En el caso de Ciudadanos, el giro estratégico impulsado en los últimos días por su nueva líder, Inés Arrimadas, le ha concedido una posición de negociación directa semanal con el propio presidente. Este martes mantuvieron una charla al respecto y quedaron en repetirla. Cs defiende que se puede ser exigente con las condiciones pactadas pero también pensar “en el interés general de los españoles”.

El portavoz de Justicia de Junts per Catalunya, Jaume Alonso-Cuevillas, habló este martes con el ministro y le avanzó que votarán no al decreto porque lo consideran “un brindis al sol”.

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