El ministro de Justicia acusa a la oposición de intentar sacar “rédito político” con las cifras de fallecidos por el coronavirus

Juan Carlos Campo pide el apoyo del Congreso a su plan para desatascar la Justicia entre duros reproches de PP, Vox y Ciudadanos

En vídeo, retransmisión en directo de la Comisión de Justicia.DIRECTO: CANAL PARLAMENTO
Reyes Rincón
Madrid -

Las cifras de defunciones inscritas en los registros civiles se ha convertido este lunes en el centro de los reproches más duros que se han lanzado en el Congreso el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y los portavoces de la oposición. El PP y Vox habían pedido la comparecencia de Campo en el Congreso para que presentara unos datos que, aseguran, el Gobierno pretende “ocultar”, una acusación que han repetido en la Cámara y que el ministro ha rechazado con dureza. “Es falso, rotundamente falso, que en España se oculten datos sobre las personas fallecidas por la covid-19”, ha dicho Campo, que ha defendido la “transparencia” de en la información pública del impacto del virus y ha tachado de “profundamente irresponsables” a los partidos que intentan “obtener rédito político” de la crisis sanitaria.

Campo había pedido comparecer en el Congreso para informar de la gestión de su departamento durante la pandemia, pero ya en su primera intervención, de alrededor de una hora, el ministro ha roto el tono conciliador de su discurso cuando se ha referido a las críticas que está recibiendo el Gobierno por no hacer públicos los datos de muertes inscritas en los registros civiles. “El calificativo de irresponsable se queda corto para describir a quien utiliza el dolor y la tragedia humana como arma política. En una situación de extrema sensibilidad social, cuestionar la credibilidad y la confianza en las instituciones es peligroso y puede dificultar la salida de la crisis”, ha afirmado Campo.

Pese a las presiones de los grupos, el ministro ha eludido dar datos de las inscripciones de fallecimientos en los registros porque esa tarea, ha asegurado, le corresponderá hacerla al INE una vez que cuente con la información de todos los registros y pueda hacer un estudio de sobremortalidad y sus causas durante los meses de la pandemia. Por ahora, los registros suministran ya las cifras de las que van disponiendo al Instituto Carlos III, que actualiza casi a diario los informes de exceso de mortalidad, aunque y están disponibles a través de la página web del Ministerio de Sanidad. “España es uno de los pocos países que publica este tipo de estudios y ofrece no solo porcentajes, sino también datos absolutos, desagregados territorialmente y actualizados permanentemente”, ha reivindicado Campo.

El discurso escrito que ha difundido su departamento y que el ministro ha leído prácticamente sin cambios señalaba directamente al Partido Popular por el “tono” utilizado en las últimas semanas para pedir datos de los fallecidos, pero, durante su intervención, el titular de Justicia ha eludido referirse expresamente a ningún partido y ha cambiado esta referencia por “algunas formaciones políticas”. Pero el portavoz de Justicia del PP, Luis Santamaría, se ha dado por aludido sin necesidad de cita expresa: “Lo verdaderamente irresponsable es esconder la verdad. ¿Cuántas personas han fallecido desde que se declaró la pandemia? ¿Cuántas por coronavirus? ¿Por qué no publican cifras reales?”, ha preguntado al titular de Justicia.

Más allá del debate de los datos, el otro asunto sobre el que ha girado la sesión ha sido el real decreto-ley de medidas para desatascar los tribunales que aprobó el pasado martes el Consejo de Ministros. Campo ha pedido el apoyo de los grupos para la convalidación de un texto que, ha defendido, se ha hecho “en coordinación” con las Comunidades Autónomas, incluidas las gobernadas por el PP. Las intervenciones de los portavoces no han servido para clarificar si el Gobierno obtendrá ese respaldo.

De nuevo han sido PP y Vox los más duros contra el texto aprobado por el Ejecutivo, unas críticas a las que también se le ha unido Ciudadanos, que ha acusado a Campo de “expropiar” las vacaciones a los abogados, los procuradores y los peritos al habilitar parte del mes de agosto, un mes habitualmente inhábil en la administración de justicia. Este cambio sobre el calendario judicial ha sido el aspecto más unánimemente cuestionado por todos los grupos, incluidos los nacionalistas, que han aplaudido el trabajo conjunto con las Comunidades, pero han lamentado la “recentralización” que, a su juicio, suponen algunas de las decisiones adoptadas. “Han confundido el consenso con el concentro y la unidad con la unilateralidad”, ha criticado Jon Iñarritu, de EH Bildu.

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Sobre la firma

Reyes Rincón

Redactora que cubre la información del Tribunal Supremo, el CGPJ y otras áreas de la justicia. Ha desarrollado la mayor parte de su carrera en EL PAÍS, donde ha sido redactora de información local en Sevilla, corresponsal en Granada y se ha ocupado de diversas carteras sociales. Es licenciada en Periodismo y Máster de Periodismo de EL PAÍS.

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