Casado torpedea el plan negociado entre Justicia y las autonomías

El líder de la oposición, Pablo Casado, rechaza apoyar el real decreto-ley contra el colapso judicial por la epidemia que el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha negociado con los consejeros autonómicos del ramo, entre ellos, los de las comunidades gobernadas por el PP. “Este Gobierno no es fiable en los pactos”, dijo el presidente del partido. Enrique López, consejero de Justicia de Madrid, además de responsable del área en el PP, participó en cinco videconferencias con Justicia y sugirió, según el ministerio, alguna de las medidas incorporadas al plan. El decreto se aprueba este martes en el Consejo de Ministros.

La actividad judicial no urgente lleva más de un mes suspendida, lo que ha obligado a posponer trámites y aplazar miles de vistas. A esa acumulación de retrasos se sumará, tras la pandemia, un previsible aluvión de asuntos derivados del estado de alarma, como ERTE, concursos o sanciones para quienes se han saltado el confinamiento. En ese contexto, el ministerio empezó a trabajar hace semanas en un plan para evitar el colapso cuando los tribunales puedan recuperar la actividad.

El primer paquete de medidas llega este martes al Consejo de Ministros a través de un real decreto-ley de medidas urgentes que estarán vigentes los tres meses posteriores a levantarse el estado de alarma. Las medidas se han debatido en reuniones entre el Ministerio de Justicia y el resto de los operadores jurídicos: el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía, los consejeros de las 12 comunidades que tienen transferida esa competencia (entre ellas, tres presididas por el PP: Andalucía, Madrid y Galicia), las asociaciones judiciales y fiscales, los sindicatos de funcionarios y los representantes de los abogados, procuradores y registradores. Cada organización ha presentado un documento con propuestas que se han analizado en videoconferencias semanales.

Tanto el ministerio como el resto de participantes en esos encuentros han ido difundiendo en las últimas semanas sus propuestas. Pero este lunes, víspera de que el Gobierno apruebe el real decreto, el presidente del PP acusó al Ejecutivo de actuar de forma unilateral. “Una ley orgánica no se puede modificar por real decreto. No vamos a apoyarlo. Lo que quieran negociar, que lo traigan al Congreso. Este Gobierno no es fiable en los pactos con los demás partidos”, declaró el presidente popular en Esradio. “La independencia del Poder Judicial es fundamental. Después de que Pablo Iglesias atacara a la Corona y al CNI, y Sánchez al CIS y RTVE, ahora han puesto en su diana a la justicia. Hay que ser serios. El estado de alarma no es una alarma de estado y demasiados poderes tiene ya este Ejecutivo”, añadió.

Sin embargo, fuentes de Justicia aseguran que los consejeros del PP se han mostrado unánimemente de acuerdo con el plan y señalan específicamente el papel “proactivo y leal” del consejero madrileño, Enrique López, que es también responsable del área en el PP nacional. Suya es, según estas fuentes, la iniciativa de habilitar parte del mes de agosto, a la que solo se opone el Consejo General de la Abogacía. La medida del decreto que sí afecta a una ley orgánica —como critica Casado— es precisamente la propuesta de su consejero de Justicia en Madrid, según el ministerio.

López no contestó preguntas de este diario. Fuentes de su consejería admiten, sin embargo, que participó en “cinco videconferencias” con el ministro Campo y los consejeros autonómicos de Justicia. Las mismas fuentes las describen como “reuniones de trabajo en las que se escucha y se aporta” para decidir la mejor manera de plantear el trabajo una vez superado el grueso de la crisis del coronavirus. Se trata, añaden, de afrontar la salida “con garantías”, y las conversaciones han tratado sobre “medidas transitorias para agilizar la justicia”.

Además de declarar hábil dos terceras partes de agosto (del 11 al 31), el real decreto recoge medidas como duplicar los plazos procesales una vez se levante el estado de alarma, posibilitar que los nuevos juzgados pendientes de apertura se dediquen exclusivamente a procedimientos vinculados a la crisis sanitaria o crear un turno de trabajo por la tarde.

Desde que se decretó el estado de alarma, cada viernes se ha reunido la llamada comisión de coordinación de crisis de Justicia, de la que forman parte las 12 comunidades con las competencias transferidas, el CGPJ y la Fiscalía General del Estado. En estas reuniones se ha ido trazando también el plan a corto y medio plazo, tanto el real decreto-para las medidas más urgentes como la idea de redactar posteriormente una ley de agilización de la Justicia.

Tras las declaraciones de Casado, el portavoz de Justicia del PP en el Congreso, Luis Santamaría, criticó que el ministro Campo le telefoneara el pasado viernes únicamente para comunicarle que este martes se llevaría el decreto al Consejo de Ministros, pero asegura que nunca les ha pedido opinión y que para ser una negociación debía haberse realizado en la Cámara. Tramitar estas medidas como una proposición de ley, como reclama Casado al criticar la fórmula del real decreto, retrasaría su aplicación.

El líder del PP descartó también unos nuevos pactos de La Moncloa y la llamada “mesa de la reconstrucción”, que Casado logró reconvertir en una comisión parlamentaria, donde la oposición gana protagonismo. El presidente popular calificó este lunes de “globo sonda” la oferta de acuerdos autonómicos y municipales que lanzó Pedro Sánchez la semana pasada, pero varios de sus barones sí son partidarios de explorar esa vía.

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