El Gobierno levantará las medidas del estado de alarma de forma gradual

El Gobierno precisó este martes que, cuando dé por terminado el estado de alarma, levantará poco a poco, de forma gradual, las restricciones de movimiento, el confinamiento y el parón de la actividad económica. La suspensión del estado de alarma será paulatina, a partir del 12 de abril (si no hay otra prórroga) y en función de las cifras de contagio: así lo han hecho países como China. El Ejecutivo aprobó este martes un nuevo paquete de medidas para complementar la intensificación del confinamiento y el parón económico. También admitió “errores” y pidió “excusas” por no informar a la oposición, las autonomías y los agentes sociales.

El Gobierno adelantó que pretende levantar de manera progresiva las medidas de confinamiento, de restricción de los movimientos y de parón de la actividad económica asociada a los últimos decretos. La evolución de la situación sanitaria —tanto de la curva de contagios como del número de fallecidos— determinará el cómo, el qué y el cuándo, reconocen fuentes del Ejecutivo. Una vez pase el pico de contagios, se hará un examen general para evaluar tanto los déficits del sistema sanitario —para trazar la respuesta ante una eventual segunda oleada de contagios— como la temperatura económica, necesitada de estímulos tras la práctica paralización de la actividad. Una vez pase la fase más aguda de la crisis sanitaria, será el momento de una ronda de medidas keynesianas para permitir una salida rápida de la crisis.

Pero ese momento aún no ha llegado: el Gobierno aprobó este martes un tercer paquete de medidas económicas para paliar el memorial de daños ante una economía tambaleante por el confinamiento. Las nuevas propuestas se centran en los colectivos más afectados, y tendrán que ser avaladas por el Congreso. Y ese es un potencial problema que aparece en el horizonte. La oposición en pleno lleva dos días criticando con dureza al Gobierno por no haber informado a los partidos —ni a las autonomías ni a los agentes sociales— de sus últimos movimientos. El PP amenaza incluso con votar en contra; el PNV, uno de los socios de la investidura de Pedro Sánchez, ha informado de que retira el apoyo al presidente. Ante esa avalancha de quejas, el Gobierno intentó dar explicaciones —que se resumen en una: la gravedad de la situación y la necesidad de aprobar medidas de inmediato—, pero también pidió excusas por los errores cometidos.

El PP se mantiene en la negativa: si el paquete de medidas aprobado el martes “no cambia”, no dará su visto bueno. El partido que lidera Pablo Casado acusa al Ejecutivo de tratar a los empresarios como “adversarios”. La vicepresidenta Nadia Calviño trató este martes de afinar, en una larga comparecencia, el mensaje del Gobierno: no habló de paralización total de la actividad, sino de dejar la economía al ralentí, pero con las constantes vitales en un nivel suficiente que permita volver a arrancar cuando pase lo peor. Y explicó que el nuevo paquete supone una suerte de rescate para los colectivos y personas más golpeados: sus destinatarios son los autónomos, los trabajadores temporales, las empleadas del hogar, los inquilinos que no pueden pagar el alquiler al haber perdido el trabajo. La Moncloa dio el martes el máximo realce a esa nueva batería de medidas con la presencia de tres pesos pesados: el vicepresidente Pablo Iglesias; la vicepresidenta Calviño y la ministra portavoz, María Jesús Montero, que se esforzaron por tender la mano a la oposición para evitar una crisis política difícil de manejar en medio de la emergencia sociosanitaria y económica. El Ejecutivo está “volcado en esta crisis”: así arrancó Montero las respuestas a los periodistas, con las preguntas previamente seleccionadas por el secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

No hubo un mea culpa claro y cristalino. Pero sí una petición de “excusas” y una admisión de “errores” casi inédita. “El Gobierno tiene que tomar medidas de forma vertiginosa”, según recibe información y asesoramiento de los expertos, se justificó Montero, que a renglón seguido subrayó que la voluntad de La Moncloa es “estrechar la coordinación con las fuerzas políticas”. Más le vale: antes de un mes el Congreso tiene que convalidar todas esas propuestas; la ministra garantizó que se discutirán con la oposición “para que se puedan mejorar”.

De momento, el teléfono está estropeado. La última conversación entre Sánchez y Casado data de hace 10 días. El diálogo no es fluido ni constante, ni con el PP ni con el resto de fuerzas, a excepción del socio de coalición, Unidas Podemos. Ni siquiera los partidos que apoyaron la investidura de Sánchez han ahorrado críticas. El anterior paquete se aprobó con el aval del PP, Vox, Cs, PNV y otros partidos del Grupo Mixto, y con la abstención de los independentistas. El siguiente voto puede ser menos holgado, a juzgar por las reacciones de varios partidos y de presidentes autonómicos de todos los partidos, incluidos los del PSOE pero en especial los del PP. Las protestas de la CEOE y las pequeñas empresas se han dejado sentir; los sindicatos han sido más comprensivos.

El Ejecutivo no termina de creerse que algunos partidos vayan a votar en contra. Montero atacó incluso las críticas más duras, del PP, por lo que juzga una estrategia “contradictoria”: el partido de Casado pidió medidas más duras, y ahora que estas llegan amenaza con votar en contra, según el relato de la portavoz. En el tercer paquete hay ayudas para el alquiler; rentas para quienes no pueden acceder a ningún subsidio, y la moratoria del pago de los autónomos: “Cada cual debe actuar en consecuencia”, apostilló sin entrar en más polémicas con la oposición.

Esa es una directriz del presidente Sánchez. Preguntado por las peticiones de dimisión de Vox, Pablo Iglesias no se salió de ese guion: “Sería una imprudencia entrar en polémicas; cuando llegue el momento, los ciudadanos verán cuál ha sido la respuesta de cada uno en esa crisis sanitaria, social y económica”, dijo.

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