Fisuras en la unidad política

La unidad política frente a la crisis del coronavirus se mantiene en las formas, y se consolidó en el debate en el Congreso el miércoles, pero se resquebraja cuando se baja a lo concreto: el reparto de mascarillas y todo tipo de material sanitario por las comunidades o las consecuencias de la crisis económica que acompaña a la sanitaria. Cataluña, Madrid y Andalucía atacaron de forma dura al Gobierno acusándole de requisar mascarillas que debían usar los hospitales de estas comunidades y bloquear así su suministro. Y el líder del PP, Pablo Casado, trató de ahondar en la tensión entre el Gobierno y los Ejecutivos autónomos, que finalmente sí estarán incluidos en el decreto de ayudas del martes.

El Gabinete de Pedro Sánchez intentó evitar el choque con todos, pero teme que la tensión vaya en aumento. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, pidió unidad: “A este virus lo vamos a vencer entre todos”, respondió cuando le preguntaron por las polémicas. Pero el Gobierno acumuló críticas de comunidades y sectores productivos que mostraron que después del shock de los primeros días, que forzó la unidad en el Congreso, las tensiones se van a multiplicar no solo por la emergencia sanitaria y su gestión, cada vez más compleja porque los contagiados, los ingresados y los fallecidos —803 ya— no dejan de aumentar de forma descontrolada, sino también por la económica. Empiezan a llegar los primeros datos de empresas que están parando por completo su actividad, sobre todo en lo relacionado con el sector turístico, y enviando a sus trabajadores a masivos ERTE (expediente de regulación temporal de empleo) por unos meses. A medida que ese parón vaya teniendo consecuencias más graves en la población, la tensión crecerá, según asumen en el Ejecutivo, que vive estas horas con una actividad frenética para intentar apagar todos los incendios políticos y económicos que se producen en todo momento y prácticamente en todos los departamentos.

El Gobierno no ha tenido apenas desgaste político por la crisis, según la encuesta que publica EL PAÍS, y en este momento, invadidos como están por la necesidad de tomar decisiones constantes que afectan a la vida y a la economía de millones de personas, los ministros no parecen especialmente preocupados por la mirada política. Pero también son conscientes de que la situación se va a complicar. De hecho todos ellos insisten, como una consigna, en que lo peor está por llegar. El espejo de Italia es el más temido. Hace solo una semana Illa decía: “Estamos haciendo de todo para no llegar al escenario de Italia”. Ese país, que ha llegado a tener 450 muertos en un día, superó, con 3.400, el número total de fallecidos de China, un país con 1.300 millones de habitantes frente a los 60 millones de italianos.

El Ejecutivo español multiplica sus comparecencias y sus decisiones para intentar hacer llegar a los ciudadanos, encerrados en sus casas y con más información que nunca —y con reacciones nunca vistas como una gran cacerolada en varias ciudades mientras el Rey pronunciaba su discurso—, que no están solos y que el Gobierno velará por ellos. Primero eran los cuatro miembros del núcleo duro de la crisis —Sanidad, Transportes, Interior y Defensa— pero se ampliaron las comparecencias al vicepresidente segundo y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, y a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera.

Defensa de lo público

Iglesias, que había tenido protagonismo interno en las discusiones dentro de la coalición para tomar las decisiones de los últimos días, había quedado sin embargo fuera del núcleo duro de la gestión de la crisis y mediáticamente estaba desaparecido en la última semana, entre otras cosas porque anunció que se ponía en cuarentena tras dar positivo en coronavirus su pareja y ministra de Igualdad, Irene Montero. Este jueves reapareció con un largo discurso político de defensa de lo público, algo que también había hecho Sánchez el día anterior en el Congreso, y con la promesa de que después de la crisis el Ejecutivo hará un proyecto para reforzar los servicios públicos para que estén mejor preparados para una posible crisis futura.

Estos días en los que la política se apaga ante la gravedad de la emergencia, muchos discursos de los dirigentes progresistas sí insisten en que todo esto está demostrando que la idea de las privatizaciones y las bajadas masivas de impuestos están quedando desautorizadas ante la necesidad de tener un Estado fuerte para situaciones como esta. De hecho también los partidos que más apuestan tradicionalmente por reducir el peso del Estado están insistiendo estos días en la necesidad de que sea lo público quien se haga cargo de la situación y ayude a los ciudadanos y a las empresas que más lo necesitan.

Iglesias anunció que el Gobierno repartirá 300 millones de euros entre las comunidades y permitirá disponer de otros 300 millones a los Ayuntamientos, o diputaciones con superávit fiscal para los colectivos más vulnerables. El principal objetivo son las personas mayores, los dependientes o las personas sin hogar.

El vicepresidente segundo aseguró que el Gobierno “ha aprendido de los errores de 2008” para hacer frente a esta nueva crisis, dejando atrás “los dogmas de la austeridad fiscal” para lograr que ninguna persona se quede “desamparada”. Iglesias reconoció que las residencias de mayores están “desbordadas” y señaló que es una “prioridad absoluta” responder a la situación que se está generando en estos centros, especialmente en Madrid, con la muerte de más de 50 ancianos, pero también en otras comunidades autónomas. “Es urgente medicalizar estos centros”, dijo el vicepresidente, que se ha comprometido a reforzar sus plantillas y dotarlas de materiales de protección y sanitarios para hacer frente al número elevado de contagios.

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