Ayuso acusa al Gobierno de bloquear la llegada de material sanitario a Madrid

El Gobierno que forman el PP y Cs vive doblemente tensionado la crisis del coronavirus. De un lado, los dos socios pelean por liderar la respuesta a la pandemia, lo que subraya discrepancias de forma (sobre la política comunicativa y sus portavoces) y fondo (el PP rectificó a un consejero de Cs, negando que se plantee usar médicos militares en las residencias). En paralelo, Isabel Díaz Ayuso critica diariamente a Pedro Sánchez: tras acusarle de reaccionar con lentitud, ayer aseguró que el Gobierno central bloquea la llegada de material sanitario a Madrid.

“Todo lo que necesitamos está ahora mismo bloqueado. De esta manera es imposible trabajar”, dijo este jueves Díaz Ayuso, que luego le envió una carta a Sánchez pidiéndole 70.000 kits para hacer pruebas contra la enfermedad; detallándole todos los equipos de protección que necesita; y solicitándole más efectivos policiales y militares. “Íbamos viento en popa, y ahora el Gobierno nos está impidiendo adquirir todo ese material para proteger al personal sanitario…”, añadió, insinuando que la pérdida de autonomía que había supuesto la declaración del estado de alarma está perjudicando la respuesta a la crisis.

Las declaraciones de Díaz Ayuso no sorprendieron en Moncloa. Desde que estalló la crisis, la presidenta ha proclamado su lealtad al Gobierno mientras aseguraba que este había reaccionado con lentitud, le echaba un pulso sobre los menús para los niños de familias sin recursos o el cierre de peluquerías, y desarrollaba una aplicación informativa diferente a la que prepara Moncloa. La carta enviada ayer a Sánchez incluso le recordó que las dos partes pleitean por casi 500 millones en los tribunales, correspondientes a la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y las entregas a cuenta de 2019.

Ministros del Ejecutivo de Pedro Sánchez reconocen que esperaban las discrepancias por la gestión de la crisis con Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, pero no los rifirrafes diarios con Díaz Ayuso. Aun así, el Gobierno está resuelto a no entrar “en ninguna provocación” o reparto de responsabilidades. Incluso diferencian la reacción de Díaz Ayuso de la gestión de la crisis realizada por el alcalde de la capital José Luis Martínez-Almeida, también del PP. El ejemplo a seguir por estos interlocutores es el de Sánchez, que el miércoles subrayó en varias ocasiones que no iba a “confrontar” con ningún partido.

“El virus lo vamos a vencer unidos. No voy a entrar en ningún tipo de discusión pública con ningún representante político”, respondió el ministro de Sanidad, Salvador Illa. “No hay requisación ni impedimento en aduanas”, sentenció, detallando que precisamente ayer se mandaron 325.000 mascarillas a Madrid. Previamente fue Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, quien rechazó las acusaciones de la presidenta madrileña. “No se está bloqueando material de ningún tipo. Este tipo de acusaciones dañan al sistema más que otra cosa”, observó.

“Puedo estar equivocado, pero no es momento de controversias políticas”, remató Ángel Gabilondo, el líder regional del PSOE. “Detenerse en ello sería irresponsable e injustificable. Es cuestión de ver hasta dónde somos capaces de anteponer a todo el afrontar la emergencia de esta situación. Y, efectivamente, hay emergencia”.

El PP y Cs están unidos en la petición de más recursos al Gobierno central, pero viven con complicaciones su día a día como socios. La pasada semana, los políticos del partido de Ignacio Aguado observaron que todos los portavoces gubernamentales eran de la formación conservadora. El nombramiento de Antonio Burgueño como asesor también sorprendió en Cs. Y ayer saltaron chispas cuando Alberto Reyero (Cs), consejero de Políticas Sociales, avanzó que se estudia contar con médicos militares en las residencias regionales. “Es falso”, dijo el PP.

Madrid se enfrenta a una crisis sin precedentes. La Comunidad necesita contratar a 1.362 facultativos, 1.245 profesionales de enfermería, 310 técnicos y 31 personas para cubrir tareas no sanitarias, según la carta de Díaz Ayuso. Para hacer eso y otras cosas, el Gobierno calcula que necesita 994 millones. El impacto de la crisis le dará como mínimo un mordisco de 1.190 millones a la economía regional, según la presidenta.

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