La lucha (desigual) que se avecina en África por los derechos digitales
La sociedad civil de algunos países planta cara en solitario a gobiernos que en 2019 han virado hacia prácticas restrictivas. Otros están respondiendo positivamente a las exigencias de la ciudadanía de apertura y libertad en Internet
Los gobiernos africanos han cambiado su forma de acercarse al entorno digital y eso ha marcado especialmente la evolución de los derechos en el sector. "Ahora ven Internet y el espacio digital como escenarios de conflicto para el control político", advierte en una de sus principales conclusiones el último informe sobre el estado de los derechos digitales que cada año elabora la organización Paradigm Initiative (PIN). Eso significa que luchan para controlar Internet porque creen que no hacerlo les puede restar poder. Y esa pugna acostumbra a no ser plácida.
"Se están desplegando importantes recursos estatales para dominar los espacios digitales con el fin de afianzar la dominación política o promover deliberadamente un clima de temor", denuncia el documento. Es decir, los gobiernos africanos ya no solo no menosprecian el entorno digital sino que han empezado a considerarlo uno de los espacios en los que afianzar su poder, de manera que su voluntad de control se ha traducido en lucha y conflicto. Digital Rights in Africa dibuja la evolución de la libertad en Internet en un grupo representativo de países africanos, advierte de las medidas más usadas para limitar los derechos y avanza las principales amenazas para los ciudadanos y las sociedades civiles.
La lucha por los derechos digitales en África se parece al castigo de Sísifo. “Quizá 2018 fue uno de los años más intensos para su promoción en África. A medida que la sociedad civil se unía para hacer frente a los problemas más urgentes parecía que se producían progresos relevantes. Sin embargo, 2019 comenzó como si alguien se hubiese propuesto deshacer los avances de 2018, con bloqueos de Internet en Etiopía, Sudán y Gabón. De hecho, el año continuó con más evidencias de violaciones de los derechos digitales”, se lamentan los redactores del informe. Sesan ‘Gbenga, director ejecutivo de la organización que ha realizado la investigación, confirma esta dinámica: “En la defensa de los derechos digitales damos un paso adelante y dos atrás, todavía tenemos mucho que avanzar para garantizarlos. La sociedad civil tiene que continuar avanzando y tendrá que estar siempre vigilante, es el precio a pagar por la libertad”.
Modelos ruso y chino
Caso por caso
Etiopía: "Se ha informado de tres grandes apagones a partir del 13 de junio de 2019, una interrupción de tres días debido a los exámenes nacionales, un apagón inexplicable de Internet que duró por lo menos 100 horas debido a la violencia política en el Estado de Amhara. (...) Otro mecanismo común de censura de Internet en Etiopía es la moderación de los contenidos en línea".
Nigeria: "Se ha producido un aumento constante de las detenciones de voces disidentes en Nigeria entre 2017 y 2019. El año 2019, sin embargo, fue mucho peor. (...) Los derechos digitales en Nigeria se ven amenazados por una serie de leyes y políticas. (...) El gobierno nigeriano no está frenando sus esfuerzos de vigilancia masiva, ya que ha seguido comprando de equipos de vigilancia".
Ruanda: "A pesar de estos avances en el sector de las TIC, la libertad en Internet se ha visto reducida debido a las restricciones a la libertad de expresión en línea, la manipulación de los contenidos y la violencia contra los periodistas y los defensores de los derechos humanos. Esto ha dado lugar a un entorno en el que la información difundida representa una visión única y evita las críticas".
Tanzania: "En los últimos años, la percepción internacional de Tanzania ha pasado de estar bien considerada a ser una humillación internacional debido al rápido cierre de su espacio cívico. En 2016, Tanzania aprobó la Ley sobre el ciberdelito, que se ha interpretado como una herramienta para sofocar la libertad de expresión. El país ha dado nuevos pasos hacia el cierre de los espacios cívicos".
Zimbabue: "En agosto de 2019, el Gobierno de Zimbabue mostró un mayor interés en capacitar a las fuerzas de seguridad y de represión del país en la 'comprensión de la seguridad cibernética'. Esta tendencia muestra la intención del gobierno de vigilar el ciberespacio, especialmente cuando el gobierno ha comprado el software de reconocimiento facial Cloud Walk, adquirido en China en 2018".
Uno de los diagnósticos de la investigación es que durante el último año se ha intensificado la adopción de los llamados “modelos ruso y chino” que suponen un incremento del control y la vigilancia de Internet por parte de los Estados, es decir, más instrumentos para ejercer esa vigilancia y “un aumento de las violaciones de los derechos digitales gracias a la legislación aprobada para promover el orden público”, según el informe. “Para ser sinceros”, apunta Sesan ‘Gbenga, “la vía rusa y china, también es la vía estadounidense, la vía francesa o la vía europea. No lo digo para provocar, sino porque también en estos países se habla sobre libertad, pero al tiempo la limitan en Internet”.
Volviendo al diagnóstico en el continente africano “es una muy mala noticia que los gobiernos estén recurriendo al control y la vigilancia”, lamenta el activista nigeriano. “La oportunidad de esta pandemia era demostrar las posibilidades de Internet”, asegura. “Los gobiernos que bloquean la red no son realistas porque es el mismo Internet que necesitan usar y dominar para que sus países sean competitivos”, reflexiona. “Parece estúpido”, continúa, “que durante una pandemia como esta bloquees internet. Y vemos casos como el de Etiopía que ha tomado una decisión realmente estúpida, bloquearla con la excusa de frenar la expansión de la violencia”. El responsable de Paradigm Initiative tiene claro que Internet es sinónimo de "oportunidades económicas, para la educación de los niños, para comunicarse con los abuelos o con los padres cuando no se les puede visitar físicamente; y todas dependen de la apertura y la accesibilidad, son oportunidades vinculadas a un Internet fiable y asequible”.
Los gobiernos que bloquean Internet no son realistas porque es el mismo Internet que necesitan usar y dominar para que sus países sean competitivo
Durante 2019, las principales herramientas de control y censura en la Red fueron los bloqueos selectivos durante elecciones, protestas o crisis sociales; las leyes que, con la excusa de combatir la ciberdelincuencia, restringen los derechos fundamentales o ayudan a intimidar a los ciberactivistas; y los obstáculos económicos en forma de impuestos para dificultar el acceso.
La última de ellas es la más reciente y, para Sesan ‘Gbenga, la más preocupante: “Los gobiernos saben que los bloqueos de Internet no son una solución definitiva, solo un recurso puntual, por eso desarrollan otras medidas: aprobar leyes, imponer tasas y hacer una vigilancia más estricta. Cada vez hay más países que usan la fórmula de imponer tasas. Zimbabue es el caso más reciente y las ha aplicado a dispositivos como smartphones o tablets”. “Precisamente en algunos de los países que más están limitando el espacio de la sociedad civil, Internet continúa siendo muy caro, como ocurre en África Central. Un Internet caro en entornos represivos, esa es la combinación”, sentencia el activista, que advierte también del peligro de “la falsa disyuntiva entre derechos y seguridad”. “Si te pones a hablar de derechos te dicen si eres amigo de los terroristas. Pero evidentemente que no es contradictorio hablar de seguridad y de derechos fundamentales”, recuerda.
De la misma manera, ‘Gbenga plantea un problema también llamativo. “Muchos de estos países, como Etiopía, pueden aplicar bloqueos de Internet porque las leyes que vienen de los tiempos de dictadores los amparan. Lo mismo en Gambia, o en Sierra Leona. Siguen vigentes leyes contra la sedición. Necesitamos que estas cambien y que las nuevas propuestas contemplen el respeto”.
El informe repasa en profundidad la situación en trece países africanos que proyectan situaciones recurrentes de restricción de las libertades, represión de activistas y violación de derechos básicos. Pero para el director de Paradigm Initiative el escenario más preocupante es aquella en la que hay falta de conciencia de las violaciones, como ocurre en Ruanda. "Me preocupa un entorno represivo, en el que la gente celebra a la persona que aplica la represión. Esa es una situación de falta de conciencia en términos de derechos".
En consonancia con ese análisis, Sesan ‘Gbenga resume: “La mayor amenaza es la ignorancia. No puedes luchar por algo que no conoces. No puedes ganar un combate por algo que no entiendes. Hemos empezado a ver un nivel de sofisticación muy elevado de gobiernos, de instituciones, de órganos de represión; y nosotros no tenemos capacidad para invertir en recursos, en personas, en talento, o en financiación de la sociedad civil y la investigación. El ejemplo más claro es que apenas hay instituciones académicas en el continente con capacidad para hacer investigaciones sobre el impacto de los derechos digitales. Las puedo contar con los dedos de la mano. Necesitamos tener nuestras propias investigaciones, informes, narrativas, estudios sobre la evolución de los derechos y precios digitales en África, investigaciones que nos muestren los porqués. Y necesitamos que esta capacidad esté mejor distribuida. Lo primero contra lo que tenemos que luchar es la ignorancia”.
Pero la diversidad del continente también se da aquí. “En algunos países Internet es cada vez más libre, más fiable, tienen más velocidad y es más accesible”, señala Sesan ‘Gbenga. “Podemos encontrar buenas prácticas como las de Ghana, Mauricio y Botsuana. Donde se han iniciado procesos de apertura a través de la Red, los ciudadanos son extremadamente activos y los gobiernos reciben mucha presión para respetar los derechos y responden adecuadamente. No podemos hablar de peores o mejores países, pero sí de situaciones como las que se producen en Ghana o Botsuana donde se están poniendo en marcha leyes beneficiosas y responden a las reivindicaciones de los ciudadanos”, explica ‘Gbenga.
Junto a estas buenas prácticas, la conclusión más positiva de la investigación es que continúa aumentando la toma de conciencia de la sociedad civil. “La gente se ha empezado a dar cuenta de que las cuestiones relacionadas con los derechos digitales no son solo un discurso sino que tienen una repercusión directa en las experiencias de vida. Cuando una mujer pierde a un niño porque hay un apagón de Internet y no se puede comunicar con el hospital, por ejemplo. La gente se está dando cuenta de que mejoran las oportunidades y tienen un reflejo directo en los negocios, en la economía y en las vidas”, concluye.
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