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El resultado del largo e ineficaz confinamiento de Manila

El aumento del hambre y la pobreza en la capital de Filipinas atestigua que los periodos de cuarentena por la covid-19 no se pueden imponer sin otras medidas de protección social que mitiguen su impacto

Un hombre y su hijo pequeño piden limosna en la salida de un centro comercial, en el distrito de Parañaque, en Metro Manila, Filipinas. Ver fotogalería
Un hombre y su hijo pequeño piden limosna en la salida de un centro comercial, en el distrito de Parañaque, en Metro Manila, Filipinas.

Después de haber pasado 78 días en estricta cuarentena, Manila ostenta de momento el récord mundial de confinamiento por la pandemia de covid-19, dos días más que la ciudad china de Wuhan, donde estalló el brote. Cerrada a cal y canto desde el 15 de marzo, Metro Manila, donde residen más de 13 millones de personas, comenzó un lento proceso de desescalada el 1 de junio para reactivar una economía muy dañada por el prolongado encierro, que por otro lado, no logró frenar el número de contagios.

El presidente filipino, Rodrigo Duterte, se decantó por militarizar la respuesta a la pandemia con estrictos controles policiales apoyados por el ejército y también mediante la restricción de movimientos y un rígido toque de queda nocturno que aún sigue vigente. Su estrategia ha ignorado las claves del éxito que han frenado la pandemia en otros países: tests masivos, un efectivo rastreo de contactos y el aislamiento de los casos positivos.

Filipinas ha confirmado hasta ahora más de 38.500 casos y 1.270 fallecidos, la mayoría concentrados en Manila. El país solo ha efectuado unas 635.000 pruebas de diagnóstico, es decir, al 0,58% de una población de 108 millones de habitantes, lo que hace difícil conocer la magnitud de la pandemia. El país aún no ha llegado a su objetivo de hacer 30.000 test diarios.

"La cifra de nuevos casos no está disminuyendo a pesar de la estricta implementación de la cuarentena", aseveró el jueves pasado el representante de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en Asia Pacífico, Takeshi Nishijima. La OMS ha insistido en que Filipinas es el país del sudeste asiático con mayor número de nuevas infecciones en las últimas semanas.

Un estudio publicado esta semana por la Universidad de Filipinas estima que para finales de julio los casos en el país podrían llegar a los 60.000, incluyendo 1.300 muertes. De ellos 27.000 en Manila y 15.000 en Cebú, el nuevo foco de la pandemia en el país. El mismo informe explica que los positivos se han incrementado un 50% desde que se relajaron las restricciones. "Esto indica que la pandemia aún no está en tendencia descendente", concluye el documento.

Ciudad fantasma

El confinamiento, uno de los más prolongados y estrictos del mundo, convirtió la caótica Manila en una ciudad fantasma de calles desiertas. Solo quedaron abiertos supermercados y farmacias. Se establecieron rígidos controles y normas para evitar el movimiento de personas.

Unos cinco millones de personas han perdido su empleo durante el confinamiento, un tercio de ellas en Manila

El cierre de Manila, que supone el 36% del PIB filipino, ha sido un duro golpe para la economía nacional, que cayó un 0,2% en el primer trimestre, la primera vez que entra en recesión desde 1998. La paralización de casi la actividad económica trajo aparejado el despido de millones de trabajadores. Según el Departamento de Empleo filipino, unos cinco millones de personas han perdido su empleo durante el confinamiento, un tercio de ellas en Manila. Eso sin contar los trabajadores informales, una inmensa e indeterminada multitud que subsiste con lo poco que logran ganar cada día.

Dean Dalingit es un sastre que administra un pequeño taller en el barrio de Malate. “He tenido el negocio cerrado dos meses. Antes de la cuarentena podía ganar unos 700 pesos diarios (12 euros), pero este tiempo ha sido muy duro. Por suerte ya hemos comenzado a trabajar”, explica.

A pesar de su ajustado presupuesto, Dalingit no está incluido entre los beneficiarios del plan de ayuda económica del Gobierno, que dispuso la entrega de entre 5.000 y 8.000 pesos al mes (entre 88 y 140 euros) —con un máximo de dos mensualidades— a 18 millones de familias desfavorecidas, aunque muchos siguen esperando la entrega del dinero.

Antes de la cuarentena, Bridget Torniado, de 41 años, se ocupaba de la casa y de cuidar de su hijo, mientras su esposo trabajaba. “Necesitamos el dinero, mi marido ha perdido su empleo y unos kilos de arroz es toda la ayuda oficial que hemos recibido”, contó Bridget, que ahora atiende un puesto de comida callejera junto a una amiga y gana unos 400 pesos diarios (siete euros).

Más mendigos en las calles

Desde que comenzó el confinamiento, cada día hay más personas deambulando y durmiendo en las calles de Manila, pidiendo dinero en los semáforos y en las esquinas. Aún no hay cifras oficiales, pero basta recorrer la ciudad para constatar el aumento del número de mendigos que tratan de subsistir, buscando comida en la basura o esperando a que algún buen samaritano les regale algo de comer.

Cientos de trabajadores temporales procedentes de provincias, que se dedicaban fundamentalmente a la construcción, se quedaron sin empleo de la noche a la mañana. Sin sueldo ni ahorros para regresar a sus casas, abandonados a su suerte por sus empleadores, muchos sobreviven pidiendo limosnas en las mismas obras donde trabajaban.

Un joven muestra el sobre con dinero que acaba de recibir como parte de la ayuda asignada por el Gobierno a los sectores más pobres. ampliar foto
Un joven muestra el sobre con dinero que acaba de recibir como parte de la ayuda asignada por el Gobierno a los sectores más pobres.

Todos los días, a las cinco de la tarde, decenas de personas hacen fila en una de las entradas del céntrico parque José Rizal de Manila, donde una congregación católica ha empezado a distribuir 350 raciones de alimentos y agua potable. La cola para recibir la que será su única comida del día es mayor cada tarde.

La dura crisis que se avecina tras la pandemia se hará sentir con más fuerza en la superpoblada Manila, donde un tercio de sus habitantes son pobres. La capital ha crecido desmesuradamente desde los años ochenta por el masivo éxodo rural en busca de oportunidades laborales. La pandemia ha obligado a acelerar un esperado plan del Gobierno para descongestionar la ciudad, cuyos servicios básicos están desbordados y en la que han proliferado infinidad de barriadas de chabolas.

El Gobierno de Duterte lanzó en mayo el programa Balik Probinsya, Bagong Pagasa (Regreso a la provincia. Nueva Esperanza), que busca incentivar el retorno de filipinos a sus provincias de origen, con ayudas económicas y facilidades de empleo. El Ejecutivo aspira a que se sumen al plan un millón de filipinos, priorizando desempleados y personas sin hogar. De momento ya se han inscrito unos 80.000, la mitad de ellos con la intención de mudarse con toda su familia.

Violaciones de derechos humanos

Además de hambre y pobreza, la estricta cuarentena y la militarización de la respuesta han abierto la puerta a abusos y violaciones de derechos humanos. Desde que Duterte decretó el cierre total del país, hasta fines de mayo han sido detenidas 188.348 personas por violar las leyes de la cuarentena y se presentaron cargos contra unos 58.000. A día de hoy todavía permanecen en prisión 2.875 filipinos, según datos oficiales de la Policía Nacional. Agentes del orden han matado a dos hombres por violar esas restricciones, uno en Manila y otro en Mindanao.

Un policía vigila una calle del distrito de Tondo, en Metro Manila. Esta zona de la ciudad estuvo bajo un cierre total durante 48 horas para intentar controlar un brote de covid-19. ampliar foto
Un policía vigila una calle del distrito de Tondo, en Metro Manila. Esta zona de la ciudad estuvo bajo un cierre total durante 48 horas para intentar controlar un brote de covid-19.

Diversas organizaciones de derechos humanos en Filipinas han denunciado que la respuesta militar a la pandemia de covid-19 implica una ley marcial de facto, que ha propiciado un ambiente propicio para arrestar y hostigar a activistas y líderes sociales. Dos conocidos activistas en las provincias de Leyte e Iloilo han sido asesinados durante la cuarentena.

Recientemente el Congreso de Filipinas aprobó con 173 votos a favor, 31 en contra y 29 abstenciones, una ley antiterrorista, después de que el presidente Duterte pidiera su tramitación urgente. Esta medida ha sido ampliamente criticada por grupos de derechos humanos que la ven como un intento de frenar el activismo político y la actividad disidente.

“La tramitación acelerada de esa ley en un momento en que el país está lidiando con una emergencia sanitaria muestra un total desprecio hacia la confianza que el pueblo depositó con su voto en el Gobierno”, lamentaron en un comunicado conjunto varias organizaciones filipinas aglutinadas en el Foro Asiático de Derechos Humanos y Desarrollo.

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