La escasez de Caracas en tiempos de pandemia

El regreso a la calle y la vida pública suena aún muy lejano para América Latina, actual epicentro de la covid-19. La región ya ha superado los 59.000 fallecidos, y Brasil es el país que archiva más de 42.800 muertos, a 14 de junio. La situación de este país se ha visto agravada con la decisión de su actual presidente ultraderechista, Jair Bolsonaro, quien abiertamente se ha opuesto al confinamiento que han decretado varios alcaldes y gobernadores siguiendo las pautas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la comunidad científica internacional.

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Mientras que por un lado, Brasil ostenta el mayor número de muertes, por el otro, Venezuela es uno de los países de Latinoamérica que menos casos y fallecidos por coronavirus ha notificado (poco más de tres mil contagios y 24 decesos). Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) considera que Venezuela es uno de los países potencialmente más vulnerables de toda la región; no solo por la falta de recursos médicos, su capacidad para albergar enfermos, las graves deficiencias del sistema de salud pública, y la imposibilidad de ofrecer un conteo preciso de los casos detectados, sino porque, además, debe considerarse la grave crisis que atraviesa desde hace años.

Ya antes de la pandemia, varias organizaciones, como el Programa Mundial de Alimentos de Naciones Unidas (WFP), alertaron que un tercio de la población venezolana se hallaba en situación de inseguridad y riesgo alimentario.

En 2019 se registraron 1.777 protestas por falta de agua en el país, una cifra que aumenta año tras año, según el informe anual del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. De hecho, la crisis del coronavirus no ha frenado a los caraqueños a tomar las calles para protestar por la escasez de este recurso, ya que la situación llegó a niveles críticos después de una explosión en la sala de bombeo de uno de los sistemas de suministro que dejó gran parte de la capital sin agua durante el pasado mes de mayo.

El problema del deterioro de la infraestructura de distribución de agua no es nuevo en Venezuela y, hoy por hoy, golpea más que nunca a los venezolanos por la epidemia. Es decir, esta carencia impide el cumplimiento de las medidas de prevención, como el lavado de manos y la higiene —una de las principales recomendaciones en la que más se ha insistido para prevenir contagios—. Pero, además del problema del suministro, Venezuela se enfrenta a una grave escasez de combustible, que impide el transporte de mercancías del campo a la ciudad, dificulta el desplazamiento de los sanitarios a sus puestos de trabajo, y evidentemente, también paraliza el transporte público terrestre.

Desde el descubrimiento de los yacimientos de petróleo durante la década de 1920, la gasolina se convirtió en el motor del país, transformándose en una superpotencia petrolera. Desde la década de 1970, el Estado venezolano ha tenido el monopolio de la venta de gasolina y siempre aseguró que los venezolanos tuvieran el depósito lleno a un precio muy reducido. La gasolina barata está totalmente arraigada en la identidad nacional, pero, lo que ha sido la seña de identidad del país —conseguirla prácticamente gratuita— está llegando a su fin. El expolio de la petrolera estatal (PDVSA), la mala gestión, el deterioro de todas las instalaciones así como los incesantes casos de corrupción han llevado al colapso de las refinerías, sumado con las sanciones de Estados Unidos.

Así, desde el 1 de junio de este año la participación del sector privado en la venta de crudo supone una ruptura con lo que ha sido la política de estado durante más de cinco décadas. Muchos expertos aseguran que la situación de la covid-19 ha sido beneficiosa para el actual Gobierno de Maduro, ya que es una oportunidad para implementar lo que ya se quería implementar desde hace tiempo en el país.

Pero, ¿quién podrá afrontar este aumento de gasolina en medio de esta crisis?

Las sanciones, las crisis internas y la situación de emergencia que atraviesa Venezuela desde hace años dificulta la cooperación y directamente repercuten a la población más vulnerable. Ya no solo se trata de la crisis sanitaria del coronavirus, sino de la inestabilidad política, la precariedad social y económica, la escasez de gasolina, el colapso de servicios, cortes de agua, electricidad, etc. No tan solo es una cuestión económica, sino que también es una cuestión social.

En este contexto de precariedad, donde los cuidados son necesarios, la Organización Panamericana de Salud estima que un 30% de la población de toda la región de América Latina y El Caribe no tiene acceso a la atención de salud debido a razones económicas. Tal y como se explica en este artículo de CLACSO, en Chile, por ejemplo, siendo el segundo país de América Latina con mayor gasto per cápita de salud pública, el acceso no es igual para todos debido al nivel de privatización de la Sanidad, generando un problema para los más desposeídos. En un contexto en el que los Estados no invierten en salud pública de calidad y acceso universal, es evidente que hoy por hoy, el abandono al sistema sanitario y la asistencia social se paga muy caro.

Este nuevo escenario global es necesario tomar medidas urgentes para evaluar los impactos que pueden afectar a toda la región. En este sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) ha desarrollado un observatorio donde se monitorean y recopilan todas las políticas públicas que se están llevando a cabo en los 33 países de la región para limitar el impacto de la pandemia, así como el análisis de los impactos económicos y sociales que van a tener en lo nacional y sectorial.

Esta crisis afectará no solo a Venezuela, sino a todos los países de la región que, de un modo u otro, están expuestos abiertamente a las oscilaciones del precio del petróleo y son totalmente dependientes de este recurso natural, ya que lamentablemente, el petróleo repercute, en muchos países, en todos los aspectos de la vida pública: sanidad, economía, educación... El petróleo ha sido el catalizador de la región durante casi un siglo y, quizá, ha llegado el momento en el que se deba dejar atrás la idea de hacer de este recurso no renovable y de existencia limitada el motor de la región.