Sin Dios ni ley

La Fundación Paz y Reconciliación dio a conocer el último informe sobre el mapa de la seguridad en la frontera entre Colombia y Venezuela. La radiografía es sencillamente increíble y dramática. Se encontraron 28 estructuras armadas ilegales, entre ellas, la guerrilla del ELN, 10 grupos pos-FARC, al menos 3 grupos posdesmovilización paramilitar y hasta estructuras criminales mexicanas que hacen presencia en toda la línea fronteriza. El segundo hallazgo es la dimensión importante de las economías ilegales. No solo el narcotráfico, que es la economía más prospera en la región. La investigación determinó que la segunda economía más rentable es la trata de personas con fines de esclavitud laboral y explotación sexual. Por ejemplo, centenares de venezolanos son utilizados para raspar coca, luego, para no pagarles, los asesinan y los botan al río o los entierran en fosas comunes. En el caso de mujeres, muchas de ellas caen en redes de explotación sexual y son trasladadas de municipio en municipio y encerradas en prostíbulos.

Otra de las conclusiones es que la frontera colombo-venezolana está viviendo un proceso acelerado de desinstitucionalización, derivado de al menos tres factores. Por un lado, la tolerancia a la corrupción y la cooptación institucional por parte de organizaciones criminales. En segundo lugar, la ausencia de coherencia entre las políticas de seguridad de ambos países. En este caso hay desconfianza institucional y, además, lenguajes diferentes. Mientras la estrategia de seguridad de Colombia se refiere a la lógica del enemigo interno y amenaza terrorista, en Venezuela toda su estrategia va encaminada a evitar una intervención militar. En tercer lugar, la no existencia de relaciones entre ambos países hace difícil cualquier tipo de coordinación institucional.

Toda esta situación está llevando a que las estructuras armadas ilegales funcionen como Estados: regulan el tránsito de personas, el comercio y hasta administran justicia. Se calcula que diariamente cerca de 30.000 personas transitan la línea fronteriza por los pasos autorizados, mientras que por las trochas pasan no menos de 8.000 personas. Cada vez que se cierran los pasos legales, ocurre una bonanza económica para los ilegales, ya que pueden cobrar más por el paso de cada persona. La investigación encontró al menos 159 trochas ilegales, pero pueden ser muchas más.

La situación de violencia más grave se vive en la zona del departamento de Norte de Santander que limita con el Estado de Táchira en Venezuela. Allí, se vive una verdadera batalla con la guerrilla del ELN que viene bajando desde la región montañosa del Catatumbo. Actualmente, la disputa se centra por la parte plana y el área metropolitana de Cúcuta. Del lado venezolano, el ELN controla casi el 80% de ese territorio y ahora la guerra se prenderá del lado colombiano. Hace apenas unos días más de 160 familias venezolanas llegaron al municipio de Puerto Santander en Colombia. Debido a los enfrentamientos calle a calle que se registran entre el ELN y bandas locales se vieron obligadas a desplazarse.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación es bastante claro en que soluciones milagrosas difícilmente surgirán. Al espacio fronterizo le esperan varios años de inestabilidad. Lo cierto es que el tipo de desenlace que se produzca en Venezuela traerá impactos importantes en la frontera. La mejor solución sería una salida pactada a la crisis. Sin embargo, esta salida no es bien vista por gran parte de la estructura política de ambos países. Todo indica que no habrá una solución en el corto plazo.

Por el momento, la actual situación política y de seguridad en la frontera es el mejor escenario para las estructuras armadas ilegales y organizaciones criminales. Ellas lo controlan prácticamente todo y en medio de una bonanza económica su crecimiento es casi que exponencial en algunas zonas de frontera. Los niveles de reclutamiento son bastante altos.