Mesa camilla
La Generalitat aborda el diálogo con frivolidad institucional en su delegación
La primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y el Ejecutivo autonómico catalán se celebrará hoy bajo auspicios de frivolidad por parte de la Generalitat. El principal sinsentido es la propia composición del equipo catalán. El acuerdo alcanzado el 3 de enero entre el PSOE y Esquerra Republicana estableció claramente que las dos bandas de la mesa negociadora estarían compuestas por el Gobierno y el Govern. No por delegados, representantes, emisarios o amigos suyos. Tanto el Gobierno de España como el Govern de la Generalitat son instituciones colectivas consagradas en la Constitución y el Estatut, con competencias, responsabilidades y amparo jurídico prefijados.
Ignorando deliberadamente este rol institucional, el Ejecutivo autonómico ha designado como miembros de su equipo a varios diputados representantes de partidos independentistas, una concejal y un alto cargo de la Administración. Con razón la vicepresidenta Nadia Calviño recordó que “lo más correcto es que los representantes formen parte” de los respectivos Ejecutivos. Pecó de prudente, pues no solo es lo correcto, sino lo único pactado. Es cierto que en el mundo de la negociación oficial se suele permitir que los equipos titulares se flanqueen de otro tipo de representantes o expertos, pero a título técnico o subordinado.
El confusionismo o falseamiento de la representación resulta expresivo del desprecio del Govern hacia su propio papel institucional, del escaso sentido de responsabilidad ante los ciudadanos a los que debería representar y del intento de convertir la mesa en mero asunto de utilización y confrontación partidista entre las formaciones secesionistas en liza preelectoral.
Otros vaivenes afianzan esa conclusión. Como el fracasado intento de incorporar entre los consellers a delegados de las organizaciones activistas Assemblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, a lo que estas, con tino, se negaron; la pretensión de Torra de imponer la figura de un relator, a sabiendas de que eso ya fracasó y que choca frontalmente con la posición de la otra parte; y la insistencia en discutir asuntos como la autodeterminación y la amnistía, que carecen de recorrido futuro al estar huérfanos de apoyatura legal alguna.
Mención aparte merece el designio del fugado Carles Puigdemont de influir en este proceso de diálogo por vía de intermediarios próximos a su figura, avalados por quien se reconoce como su vicario, Quim Torra: su exjefe de gabinete, la concejal Elsa Artadi, y su favorito para las próximas elecciones, Jordi Puigneró.
Todas estas actitudes, junto a la insólita preparación del encuentro en sendas reuniones monopolizadas por representantes de grupos independentistas, excluyendo a toda la oposición catalana, y el conocido propósito de Torra de hundir el diálogo —que nunca quiso— a la primera oportunidad, bastarían para desalentar el empeño de cualquiera. Pese a todo, se aprecia una cierta desinflamación de la tensión social en Cataluña, al revelarse el engaño de la propaganda según la cual el Gobierno de España está incapacitado para el diálogo y quedar patente que no existía ningún monolitismo en el campo de los partidos independentistas. A medida que se comprendía que no existen vías unilaterales para canalizar los conflictos, los sondeos revelaron el descenso del apoyo ciudadano a la misma idea de la separación.
