Plan inverosímil

El presidente de la Generalitat compareció a mediodía de ayer para realizar una declaración institucional, inicialmente no prevista en su agenda, después de que la Mesa del Parlament, así como su presidente, Roger Torrent, dieran cumplimiento a la resolución en la que la Junta Electoral Central retiraba el acta de diputado a Quim Torra. Esta posición de Torrent y de su partido, Esquerra Republicana de Catalunya, supuso la ruptura definitiva de la unidad independentista, que el president Torra quiso ratificar en su comparencia. Además, anunció el plan político que se disponía a desarrollar en los últimos estertores de una legislatura que declaró acabada, confirmando que la semana próxima se reunirá con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y también que convocará elecciones una vez que el Parlament haya aprobado los Presupuestos.

La solemnidad con la que Torra revistió el acto no pudo ocultar la evidencia de que no está enteramente en su mano la posibilidad de disolver la Cámara si es necesario esperar a que se aprueben las cuentas catalanas: dependerá de que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo no se pronuncie antes sobre su inhabilitación. Porque, si este fuera el caso, Torra no podría convocar elecciones, abriéndose un plazo de dos meses para que el Parlament respalde a otro candidato a la presidencia del Govern o los ciudadanos de Cataluña sean automáticamente convocados a las urnas. Es difícil imaginar que Torra y Junts per Catalunya no hayan tomado en consideración que este solapamiento de los tiempos podría producirse, y que, de hacerlo, conduciría a un nuevo enfrentamiento con ERC por la eventual inhabilitación del presidenty también a una parálisis institucional suplementaria.

Este es, precisamente, el riesgo al que Torra no puede someter a los ciudadanos de Cataluña, y, por extensión, a los de la totalidad del país, pendientes de que la Generalitat se encuentre en condiciones de confirmar de una vez por todas si desea o no una salida a la crisis territorial, negociada dentro de la Constitución como le ha propuesto el Gobierno de Sánchez. Después de que este lunes ERC eligiera no vulnerar la legalidad en el Parlament, Torra pretende prolongar una legislatura sin perspectivas y mantenerse en el cargo, no para aprobar los Presupuestos sino usando su incierta aprobación como coartada.

Cataluña necesita, sin duda, unos Presupuestos, pero, para poder disponer de ellos, es preciso que existan además un Govern y un Parlament con un horizonte político suficiente para garantizar su tramitación. No se trata solo de que Torra no cuente con él, sino de que, además, pretende por conveniencia de su partido en la lucha con ERC negárselo a la totalidad de los catalanes. Si todavía actuando como president pero no como diputado acaba de afirmar que la legislatura no puede continuar, la única salida real de la que dispone es disolver la Cámara y convocar elecciones de inmediato. El resto de sus anuncios son simples elucubraciones sobre un futuro que ha escapado a su control y sobre el que, no obstante, pretende seguir dejando impresos los estigmas de su mandato: la manipulación institucional y el ventajismo político. Cómo es posible, a este último respecto, que en su calendario inverosímil contemple aprobar un Presupuesto que deberá ejecutar otro Gobierno.