Calma catalana

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo a mediodía de ayer una reunión con el jefe del Ejecutivo autonómico catalán, Quim Torra, de acuerdo con la sugerencia realizada por Esquerra Republicana de Catalunya con vistas a facilitar la puesta en marcha de la mesa de negociación pactada en el acuerdo de investidura. Si algo demostraron las ruedas de prensa posteriores al encuentro no fue solo el cambio de tono en las relaciones entre dos instituciones del Estado, sino también la creciente dificultad del president Torra y su partido para desmarcarse del camino aceptado por la otra fuerza independentista mayoritaria. El discurso de máximos reiterado por Torra quedó sin efectividad desde el momento en que, reconociendo que el Gobierno central no se ha movido de sus posiciones, esta constatación no fue obstáculo para acordar un nuevo encuentro en fecha próxima, quizá este mismo mes.

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Aun así, conviene recordar que, en contra de lo sostenido por Torra al término de su reunión con Sánchez, ni Cataluña tiene derecho a la autodeterminación de acuerdo con la legalidad internacional ni las sentencias penales derivadas de los delitos cometidos por el independentismo pueden ser objeto de amnistía en el Estado de derecho español. La calma que parece estar abriéndose camino para abordar en todos sus aspectos la crisis territorial en Cataluña no puede dejar que prospere el espejismo de que las demandas del presidente de la Generalitat son viables. Como tampoco lo son sus reclamaciones de contar en los próximos encuentros con las organizaciones independentistas que actuaron en connivencia con el Govern, ni menos aún con una entidad fantasma que, como el Consell de la República, pretende servir de plataforma política al margen del Parlament en favor de Junts per Catalunya.

La prolongación de la legislatura catalana una vez que el propio president Torra la dio por concluida carece de sentido, por más que ayer contribuyera de manera decisiva a poner en claro la situación actual de Cataluña. La fecha de caducidad que pesa sobre un Govern fracturado y un Parlament sin pulso se proyectó sobre la totalidad de las afirmaciones de Torra, comenzando por la de que, con la desobediencia por la que ha sido condenado a consecuencia de un gesto tan estúpido como estéril en periodo electoral, pretendía proteger la libertad de expresión de todos los catalanes. En realidad, su objetivo fue el mismo que en la práctica totalidad de sus actuaciones: instrumentalizar las instituciones autonómicas gobernadas por el independentismo contra los catalanes contrarios a la secesión.

El elemento de serenidad introducido por la presencia del presidente del Gobierno en la Generalitat, hasta el punto de desactivar el discurso con el que Torra había logrado hasta ahora marcar la agenda política en Cataluña y en el resto de España, debería ser un motivo de reflexión para la oposición. El independentismo parece estar girando hacia una estrategia que consiste en ampliar su base de apoyo, de la que ni siquiera Torra ha podido desentenderse. En lugar de limitarse a contemplar pasivamente si este viraje da o no resultado, los partidos no independentistas tienen la oportunidad y la obligación de ampliar también su propia base. Y para ello sería necesario que reforzaran aquello de lo que Torra alardeó ayer sin tenerlo: un consenso sobre lo que la otra parte puede y no puede esperar de esta legislatura.