Bolivia: tortuosa transición

Ya la ONU habló. Jean Arnault, enviado especial en Bolivia del Secretario General, exigió esta semana que «En un contexto electoral es esencial que no se realicen actos de persecución política, incluyendo el abuso de procedimientos judiciales». Llamado de atención en torno al curso autoritario de los acontecimientos políticos en el país altiplánico.

Podría haber sido esta una transición democrática; pero no, hay persecución política usando a la justicia. El gobierno transitorio de la señora Jeanine Añez debía haber concentrado sus energías en organizar una elección transparente y democrática, pero no es eso lo que está haciendo. Con razón, ha generado ya alarma internacional despertando memorias de oscuros momentos de la historia boliviana que parecían cobijados en un pasado lejano.

Dos asuntos despiertan hoy creciente preocupación. Primero, la postulación presidencial de quien tendría que haber guardado absoluta neutralidad y completa distancia frente a la campaña electoral. Segundo, una sucesión de denuncias sobre atropellos a los derechos democráticos como señales preocupantes de persecución política.

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Contra la palabra empeñada y la esencia de un gobierno transitorio y de agenda acotada, la imprevista postulación a la presidencia de la señora Añez golpeó en la médula misma de una transición en la que el gobierno habría tenido que ser 100% neutral. Afectaba ya a un Estado laico, como el boliviano, que Añez hubiera puesto el fundamentalismo religioso a la cabeza de la política presidencial. Pero su postulación va más allá de eso. Dependerá ahora de la autoridad electoral y de la sociedad boliviana una vigilancia -al milímetro- y acción efectiva contra cualquier acto, palabra o, incluso, inacción, que pudiera agravar la ostensible falta de neutralidad gubernamental en el proceso electoral.

En este contexto delicado, hay razones para concluir que la independencia judicial está bajo ataque y que el ejercicio libre de la abogacía se encuentra seriamente afectado. Sobre estos casos, denunciados públicamente, como Relator Especial de la ONU sobre independencia de jueces y abogados, seguiré atento a la información que me siga llegando para determinar los pasos a seguir y mantener informada a la comunidad internacional.

Patricia Hermosa es abogada y la apoderada legal del ex presidente Evo Morales. Detenida el viernes pasado en La Paz, y ahora con detención preventiva por seis meses por disposición del juez Armando Zeballos. Fue capturada mientras realizaba gestiones legales para inscribir a Morales como candidato al Senado en las próximas elecciones. Para ello llevaba originales de la documentación necesaria para ello, en particular la libreta militar de Morales. La documentación fue confiscada y Hermosa está ahora en prisión.

Wilfredo Chávez, es también abogado de Evo Morales. Fue ministro en su gobierno y tuvo que pedir asilo en la embajada de Argentina. Es parte del equipo legal de Morales para su inscripción electoral con lo que igualmente se afectaría el derecho a la representación por el abogado de su elección.

El acoso a Cesar Dockweiler es otro, paradigmático, de altos funcionarios públicos que renunciaron a sus puestos luego de la renuncia de Evo Morales en noviembre y que están siendo perseguidos. Él era el gerente de la entidad estatal de transporte público “Mi Teleférico” que puso en marcha un aplaudido sistema de transporte por cables en La Paz. A partir de su renuncia, dos ministros del gobierno de la Sra. Añez no han cesado de lanzarle acusaciones y lo están incriminando, a través de fiscales, de “conducta antieconómica” y otros supuestos delitos.

Wilma Alanoca, fue Ministra de Culturas del gobierno de Morales. Se habría activado el acoso a ella con intensidad desde que Morales, desde el exilio, se refirió a Alanoca como posible candidata en las próximas elecciones (aunque sin especificar a qué cargo). Las acusaciones formuladas y la campaña mediática para afectar su imagen pública tienen todos los visos de enmarcarse dentro de actos para evitar la participación electoral de Alanoca.

Se le viene acusando, entre otras cosas, de “organización criminal” y de supuesta compra ilegal de gasolina para la “fabricación de bombas molotov”; todo a partir de una sospechosa requisa en un garaje del ministerio de Culturas. Según todos los elementos del caso, el accionar del magistrado a cargo, del fiscal y de la policía estaría afectando sistemáticamente el derecho a la presunción de inocencia e indicaría la falta de un actuar independiente tanto por juez como por el fiscal. Ella se encuentra en este momento asilada en la embajada de México sin que se le otorgue el salvoconducto.

Y hay muchos casos más. Por ejemplo, la detención ayer jueves 6 de febrero de Gustavo Torrico, por “sedición y terrorismo”, ex ministro de Morales y actual asambleísta en La Paz. Tortuosa “transición”.