Nueva aritmética
Aprobar sus presupuestos devuelve la normalidad a Cataluña y Barcelona
Los dos principales partidos independentistas, Esquerra Republicana de Catalunya y Junts per Catalunya, han llegado a un acuerdo con En Comú Podem para desbloquear simultáneamente los presupuestos de la Generalitat, prorrogados desde 2017, y los del Ayuntamiento de Barcelona, en idéntica situación desde 2015. El doble compromiso comenzó a fraguarse después de que, en diciembre, los mismos grupos alcanzaran un acuerdo sobre los ingresos públicos, completado este lunes por otro equivalente en relación con los gastos, a partir del cual pueden ponerse en marcha los mecanismos de aprobación tanto en el Ayuntamiento como en el Parlament. La posibilidad teórica de que unas u otras cuentas no prosperen sigue existiendo, pero resulta poco probable que surjan problemas insalvables. No solo porque el clima político ha comenzado a cambiar en Cataluña a consecuencia del giro de ERC y la incapacidad de JuntsxCat para detenerlo, sino también porque existe una conciencia generalizada de que la situación de bloqueo no puede prolongarse por más tiempo.
La posibilidad de aprobar las cuentas de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona es de por sí una buena noticia, en la medida en que introduce un factor de normalidad en la vida pública de una comunidad autónoma en la que la totalidad de la gestión pública lleva años secuestrada por el programa de la independencia. Una vez que los hechos han demostrado su inviabilidad, la estrategia de prolongar el enfrentamiento a costa del bienestar y de los servicios públicos de los catalanes no pasa de ser una muestra de obcecación y de fanatismo. Junts per Catalunya se ha avenido al acuerdo con reticencias, porque, a diferencia de Esquerra, no considera que la confrontación por la confrontación haya agotado la totalidad de sus resultados potenciales. Pero también por razones más inconfesables: ERC se encuentra al frente de las consejerías que gestionan el grueso del presupuesto de Cataluña, por lo que la situación de bloqueo le abre un flanco electoral a favor de JuntsxCat en la pugna por la hegemonía en el campo independentista. Y esto sin considerar, por otra parte, el desgaste político que la falta de presupuestos provoca en el Ayuntamiento de Barcelona, y, de manera particular, en la fuerza de la alcaldesa, Ada Colau.
Nadie parece dispuesto a pronosticar si el compromiso alcanzado en Cataluña va a tener o no una traducción directa en los Presupuestos Generales del Estado, si bien el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado un optimismo sobre la posibilidad de aprobarlos en los próximos meses para el que no cabe otra explicación. El tímido deshielo que ha abierto la opción de hacerlo en Cataluña no incluye en la nueva aritmética a los representantes del PSC, que anunciaron su voto en contra de los presupuestos de la Generalitat en el Parlament. Pero depende de lo que suceda en el Congreso de los Diputados que las cuentas catalanas no queden en papel mojado, puesto que solo tendrán efectividad si, por su parte, se aprobaran los Presupuestos Generales. El equilibrio político necesario para que la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona entrevean por fin la salida a la parálisis económica es una prueba de que la confrontación política puede ceder ante el normal funcionamiento de las instituciones. En realidad, ese debería ser el objetivo más acuciante, tanto en Cataluña como en el resto de España.
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