Error político

El Gobierno de Pedro Sánchez ha propuesto la designación de la ministra de Justicia saliente, Dolores Delgado, como nueva fiscal general del Estado. Delgado sucederá a María José Segarra, también nombrada a propuesta de un Gobierno de Sánchez y cuyo paso por la jefatura de la Fiscalía estuvo marcado por el juicio contra los dirigentes independentistas que, entre septiembre y octubre de 2017, atentaron contra la Constitución y el Estatut, y declararon la independencia unilateral de Cataluña. Los cuatro fiscales encargados de esta causa durante el periodo de Segarra se alinearon con la tesis de que los hechos juzgados por el Tribunal Supremo constituían un delito de rebelión, algo que no suscribió la Abogacía del Estado y que, finalmente, tampoco fue avalado por la sentencia.

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Ninguna norma impide que un antiguo miembro del Ejecutivo sea designado para el cargo de fiscal general, y es por esta razón por lo que una transición semejante pudo producirse en un caso anterior, el de Javier Moscoso, en 1986. El paralelismo con el nombramiento de Eligio Hernández es más limitado, puesto que, aunque procedía de un puesto dependiente del Ejecutivo, no ocupaba una posición tan señalada como una cartera ministerial. Lo que, no obstante, diferencia los nombramientos de Javier Moscoso y Eligio Hernández, y el de Dolores Delgado, es el radical cambio de circunstancias políticas en las que se producen.

La necesidad de obtener la abstención de Esquerra Republicana de Catalunya para lograr la investidura de Pedro Sánchez hizo que el Partido Socialista situara el foco de la negociación en un ambiguo documento sobre la crisis territorial en Cataluña, y en una idea de perfiles igualmente equívocos como la “desjudicialización” de la política. Es esta indefinición de los caminos por los que discurrirá la relación del Gobierno central con ERC y la Generalitat lo que ha abierto el mayor flanco de crítica al nombramiento de Delgado. Y lo ha abierto, precisamente, porque no se ha dado una explicación política por parte del Gobierno, ni el presidente ha puesto en evidencia que las críticas se basan en meros juicios de intenciones. El hecho de que corresponda al Gobierno la propuesta es compatible con que, una vez nombrado, el fiscal general actúe con criterios rigurosamente obtenidos de la ley y no de la oportunidad política. Limitarse a señalar que el fiscal general es nombrado a propuesta del Ejecutivo y que depende de él, como hizo Pedro Sánchez en una entrevista radiofónica, roza la temeridad política. Es imprescindible conocer las razones que han impulsado al Gobierno a hacer esta elección porque es necesario saber por qué resultaba preferible la candidatura de la antigua ministra de Justicia sobre cualquier otra.

Con su explicación autosuficiente, Sánchez ha dado pábulo a especulaciones sobre la futura actuación de Delgado. La reacción de la oposición, así como la de la asociación mayoritaria de fiscales, de signo conservador, amenazan con dificultar la labor de la nueva fiscal general. Y todo ello en un momento en que es urgente que la justicia recupere tanto la serenidad como el prestigio.