Gobierno legítimo

El Congreso invistió este martes a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno de España. Sánchez revalida así su mandato al frente del Ejecutivo, al que llegó tras prosperar una moción de censura contra Mariano Rajoy, a raíz de que el Partido Popular fuera condenado por corrupción. Las mismas fuerzas que entonces le acusaron de acceder ilegítimamente al poder vuelven a hacerlo ahora que ha ganado las elecciones y ha conformado una mayoría, presentando posiciones políticas de parte como si fueran imperativos constitucionales y relativizando la gravedad de las acusaciones que vierten. Declarar ilegítimo a un Gobierno formado a partir del voto de los ciudadanos y a través del procedimiento previsto por la Constitución es, en sentido contrario, declarar legítima cualquier forma de oposición, incluyendo la coacción a los diputados de la mayoría.

Los cuatro años de parálisis padecidos por el país han demostrado que existe una situación más estéril que la de los Gobiernos en minoría, y es la de los Gobiernos en funciones. La obtusa resistencia de los grupos parlamentarios a cumplir con sus deberes más inexcusables, como formar un Gobierno a partir de un Parlamento elegido o articular mayorías para aprobar leyes, ha instalado el sistema constitucional en el peligroso territorio de la excepcionalidad. Los Presupuestos están prorrogados, el mandato de órganos esenciales para el funcionamiento del Estado ha expirado y el decreto ley se ha convertido en un instrumento ordinario de Gobierno. La investidura de Sánchez ofrece una tímida oportunidad para emprender el regreso a la normalidad, alejando al país del abismo político e institucional al que no puede seguir asomado por más tiempo. Para no dilapidarla, es necesario que la oposición asuma que su tarea no consiste en propalar juicios de intenciones para rasgarse farisaicamente las vestiduras a la espera de réditos electorales obtenidos a cualquier precio, sino en controlar las acciones del Gobierno y en ofrecer alternativas.

El nuevo Ejecutivo que Pedro Sánchez presidirá y en el que Unidas Podemos dispondrá de una vicepresidencia y de cuatro ministerios nace políticamente débil, lo que lo obligará a una acción institucionalmente irreprochable para no quedar a merced de algunas de las fuerzas que se han puesto de su lado, ni tampoco de los excesos de una oposición que se dice dispuesta a borrar la frontera entre el debate en el Parlamento y la vociferación desde las calles. Nada exige rendirse a los augurios pesimistas acerca del desarrollo de esta legislatura, como tampoco dejarse seducir por optimismos infundados. Lo importante es que a partir de este momento el futuro depende exclusivamente de las decisiones que adopten los partidos, porque no existe ninguna maldición metafísica por la que España esté condenada a dividirse en dos bandos y a destruir cíclicamente lo construido entre todos. En la hora actual, la responsabilidad de los representantes de los ciudadanos no se refiere al éxito o al fracaso de un Gobierno, puesto que, en democracia, siempre puede dejar paso a otro distinto, sino a los de un país y sus instituciones democráticas para resolver los graves problemas aplazados.

No existe ninguna maldición metafísica por la que España esté condenada a dividirse en dos bandos

La crisis económica de 2008 dejó huellas dramáticas en la vida de muchos ciudadanos, coincidiendo con las dificultades económicas del Estado para mantener los niveles de solidaridad. De acuerdo con el programa que ha obtenido la confianza del Parlamento, el Gobierno de Sánchez prestará atención preferente a esos ciudadanos a los que la recesión privó de sus hogares, de sus empleos, de la posibilidad de ofrecer una vida digna a sus hijos y, más aún, de la certeza de que, para la Constitución de 1978, la condición de ciudadano y de compatriota significa más que agitar banderas y reverenciar mitos históricos. Precisamente porque acierta al establecer la corrección de la desigualdad como prioridad, es importante que el nuevo Gobierno tome en consideración el impacto presupuestario de las medidas que adopte, así como los instrumentos para financiarlas, evitando una desproporción incontrolable entre gastos e ingresos. Una reforma fiscal que haga viables los objetivos sociales fijados respetando los compromisos europeos adquiridos exige más que subir selectivamente dos impuestos. De la misma forma que el resto de las reformas económicas recogidas en el pacto entre el Partido Socialista y Unidas Podemos, desde las referidas a la transición ecológica hasta las que conciernen al futuro de las pensiones, el salario mínimo o la reforma laboral, podrían quedar comprometidas si se anteponen los efectos propagandísticos a la solvencia técnica.

La abstención de Esquerra Republicana ha sido decisiva para que la investidura de Pedro Sánchez pudiese prosperar, bajo el compromiso de abordar la crisis territorial en Cataluña dentro de la Constitución. Pese a todo, los portavoces de ERC no renunciaron a compatibilizar en el debate elementos de distensión con signos de desprecio hacia el acto en el que estaban participando. Esta doble cara dice menos de la fuerza de ERC en el Congreso que de su debilidad en Cataluña, y no porque sea todavía incierto el desenlace de la lucha electoral por la hegemonía dentro del campo independentista, en la que parece llevar la delantera. Los líderes republicanos que han apoyado pactar con el Partido Socialista lo han hecho porque saben que tarde o temprano el independentismo tendrá que responder ante sus electores de haber emprendido un camino que, como el de la unilateralidad y las vías de hecho, está condenado al fracaso, y que solo ofrece avanzar en círculos para disimular la inmovilidad. La transparencia en las negociaciones es, en cualquier caso, inexcusable, como también el respeto a las instituciones, comenzando por la figura del jefe del Estado.

Las dificultades para ejercer el poder por parte de un Gobierno en minoría como el que presidirá Pedro Sánchez no le eximen de ejercer la autoridad, evitando adoptar a solas decisiones que requieran el concurso de la oposición y haciéndole pagar el coste político por faltar a los más elementales deberes de Estado, si llegara el caso. Lejos de debilitar a Pedro Sánchez y a su nuevo Gobierno, esa contención institucional podría traducirse en la fuerza política que la aritmética parlamentaria les ha negado.