Criterio jurídico

La Abogacía del Estado presentó ayer el escrito de alegaciones solicitado por el Tribunal Supremo a las partes personadas en el proceso seguido contra Oriol Junqueras, entre otros líderes independentistas, tras el reciente fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Con la presentación de este documento, la Abogacía ha cumplido con el deber legal de sustentar su posición en un criterio estrictamente jurídico. Y ello en contra de las exigencias de Esquerra Republicana de Catalunya en el marco de la negociación de la investidura del candidato socialista, Pedro Sánchez, y también de los juicios de intenciones reiterados por el Partido Popular, Ciudadanos y Vox. La Abogacía se ha pronunciado este lunes en el mismo sentido en el que lo hizo en junio, defendiendo que Junqueras debía ser autorizado a recoger su acta de eurodiputado. Es decir, coincidiendo plenamente con la posición expresada por el Tribunal de Luxemburgo.

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Fallo procesal

El hecho de que, como no podía ser de otra manera, la Abogacía no se haya apartado de los razonamientos jurídicos en su escrito devuelve la negociación sobre la investidura al terreno de la política. Al vincular la abstención en el Congreso al sentido en que se pronunciase la Abogacía ante el Supremo, ERC no solo demostró desconocer el funcionamiento de ciertos órganos dependientes del Ejecutivo, sino que incurrió en la contradicción de mezclar justicia y política al mismo tiempo que se lo reprochaba a los partidos no independentistas. Con el agravante de hacerlo rigurosamente para nada, puesto que las alegaciones de la Abogacía no son determinantes para la decisión del Supremo.

La verdadera encrucijada ante la que se encuentra desde ayer el Consell de ERC convocado por la dirección el próximo día 2 es decidir su abstención, no en función de la posición jurídica de la Abogacía, sino en función del otro hecho relevante conocido durante la jornada: el programa político que desarrollaría el Gobierno formado por el Partido Socialista y Unidas Podemos. La idea de que conquistar la hegemonía en el campo independentista exige mantenerse fiel a una estrategia de secesión que fracasó en el mismo momento de consumarse es una falacia alimentada por los sectores para los que la confrontación identitaria es en sí misma un objetivo, insensibles al hastío de una sociedad catalana tan castigada social y económicamente como lo ha sido la del resto de España.

El Partido Popular, Ciudadanos y Vox cargaron contra el escrito de la Abogacía nada más hacerse público, acusando al Gobierno de haberla presionado y no sabiendo concretar, al mismo tiempo, en qué se manifestaba esa presión. El mensaje detrás de esta actitud es meridianamente claro: la oposición de estos partidos al Gobierno que podría formarse si finalmente ERC se inclina por la abstención será frontal. Lo que no es tan evidente es el riesgo que están contribuyendo a desencadenar, y del que el Partido Popular y Ciudadanos no pueden desentenderse. Arrojar injustificadas sombras de sospecha sobre la Abogacía española por coincidir en su escrito de alegaciones con el criterio de un Tribunal europeo es arrojarlas también sobre Europa y el proyecto de la Unión en un momento en que, más que nunca, es preciso reforzar el compromiso.