La orden de compra que puede cambiar la vida de una ‘startup’

Todos los años me reúno con muchos emprendedores de start up que ofrecen productos o modelos de negocio innovadores. Conversamos sobre el impacto que han tenido en la creación o crecimiento de su empresa los programas de apoyo público a la innovación, que se dan usualmente en forma de subsidios o créditos blandos. Y, si bien nos dicen que estos apoyos son muy relevantes, nos transmiten una realidad algo desconcertante: lo que realmente marca la diferencia en el desarrollo de sus empresas emergentes es recibir la primera orden de compra importante de su producto.

A partir de esa primera compra, dicen, se ponen marcha un conjunto de eventos virtuosos que van eliminando casi naturalmente muchas de las barreras para innovar y crecer que antes afrontaban. Por ejemplo, aparecen potenciales inversionistas de capital emprendedor y jóvenes talentosos se muestran deseosos por sumarse a la compañía. Esto nos lleva a hacernos una inevitable pregunta: ¿cómo podemos impulsar el poder de esta primera orden de compra para fomentar la innovación y el desarrollo emprendedor?

Parte de la respuesta parece estar en la demanda del sector público. La compra de bienes y servicios por parte del Estado suele explicar entre un 10% a 15% del PIB de media; en América Latina un poco más. Por ello, quienes trabajan en políticas públicas han venido observando ya hace algunas décadas su potencial como disparador de una mayor inversión privada en innovación y, al mismo tiempo, como vía para mejorar la eficiencia en la provisión de servicios públicos. De hecho, muchas de las innovaciones disruptivas que disfrutamos en la actualidad, como el GPS, la resonancia magnética, la leche sin lactosa o incluso internet, son el resultado de respuestas privadas a necesidades del sector público.

En los últimos años, todo el conocimiento y experiencias acumuladas se han convertido en un marco de trabajo y en políticas concretas. Todo ello se agrupa bajo las siglas CPI (compra pública de innovación). Técnicamente, consiste en un procedimiento administrativo de contratación por el cual el comprador público puede licitar la adquisición de un producto o servicio que no existe en el mercado y que puede requerir el desarrollo de actividades de investigación, desarrollo e innovación. Es decir: no es comprar productos que ya existen; no es un nuevo tipo de contrato; no es una nueva forma de adjudicación y no es informatizar los procesos de contratación.

¿Cómo luce en la práctica? En Suecia, un grupo de municipios buscaban refrigeradores para los servicios de vivienda social que fueran un 40% más eficientes y con menor impacto ambiental. Lanzaron una licitación de CPI a la que se presentaron cinco empresas. A una de ellas se le adjudicó un primer lote de unos 600 refrigeradores que cumplían con la especificación funcional requerida. En Bélgica, un Ayuntamiento contrató, mediante este método, el desarrollo de filtros de emisiones de carbono para los autobuses de transporte público, reduciendo en un 85% las emisiones de carbono. En España, el Servicio Gallego de Salud licitó una nueva plataforma de telemedicina para el seguimiento de pacientes con enfermedad pulmonar crónica, y uno de los prototipos obtenidos se probó en más de 800 generando grandes ahorros para el sistema sanitario.

En España se licitó una plataforma de telemedicina para pacientes con enfermedad pulmonar crónica, y uno de los prototipos generó grandes ahorros

En la mayoría de los países desarrollados este tipo de adjudicación fue integrándose gradualmente al conjunto de políticas de innovación y a las guías de adquisiciones públicas. Ya en 2014, 23 países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) contaban con una estrategia nacional de apoyo a las compras públicas de bienes y servicios innovadores. Lo mismo en la Unión Europea, que desde mediados de la década pasada empezó a instalar este tema dentro del marco comunitario de adquisiciones y de las ayudas estatales para la innovación.

Por ejemplo, se destaca el caso de España, que proporcionó un gran empuje desde finales de los 2000 en sectores tales como infraestructura, salud y desarrollo urbano. Dos herramientas importantes en este proceso han sido la Plataforma Central de Adquisiciones del Estado, donde se anuncian y negocian todos los contratos ofrecidos por las administraciones públicas del país para desarrollar innovación; y el Programa Innocompra (hoy FID), que apoya con asistencia técnica y financiamiento a la entidad pública que quiere desarrollar CPI.

En América Latina, a pesar del interés creciente, todavía es una herramienta incipiente entre las políticas de apoyo a la innovación. A pesar de esto, ya existen algunos casos puntuales que se pueden mencionar, tales como los concursos de Chile compra para el diseño de nuevos calzados para la policía o el caso de la Empresa Publica Metropolitana de Agua Potable y Saneamiento, que mediante el reto Fuga Cero lanzó un concurso para soluciones a los problemas de filtraciones de agua.

Para acelerar la marcha, desde el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) hemos publicado un análisis de su aplicación en la región, estamos impulsando pilotos de CPI Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay, y a fines de noviembre apoyamos la realización del II Foro Iberoamericano de CPI, que busca intercambiar experiencias y lecciones aprendidas entre especialistas de España y países latinoamericanos. Este aprendizaje será relevante para el propio Banco, que ha actualizado recientemente su marco de adquisiciones para que sea más amigable a la compra de soluciones innovadoras.

Cuando logramos que los compradores del sector público comuniquen sistemáticamente sus necesidades y que proveedores aporten soluciones innovadoras que luego se plasmen en contratos de compras de bienes y servicios, estamos hablando de CPI.

Si la primera orden de compra importante es crucial para una start-up innovadora, por la escala y complejidad es aún más relevante si esta compra proviene del sector público. Y si a este impulso, le sumamos la generación de ahorros, la mejora de los servicios ciudadanos y el desarrollo de una cultura de innovación en el Estado, tenemos todavía más razones para promoverla.

Gustavo Crespi es especialista Principal en la División de Competitividad, Tecnología e Innovación en el BID.

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