Costa Rica: un paso adelante, un paso atrás

Un ambicioso Plan Nacional de Descarbonización, el 71º aniversario de la abolición del Ejército o el cuarto mejor puesto entre los países latinoamericanos en el informe PISA, que mide el rendimiento escolar, son algunos de los más recientes titulares que atesora Costa Rica, punta de lanza en la región latinoamericana por su desarrollo económico, social e institucional. Con un crecimiento en los últimos 50 años superior al de América Latina y el Caribe y al de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), su estrategia de desarrollo ha estado apuntalada por la apertura e integración económica y por la atracción de inversión extranjera. Todo ello le ha permitido consolidar un estado de bienestar del cual los costarricenses deben sentirse orgullosos.

Sin embargo, el país ha venido rezagándose en los últimos años. La contribución de la productividad al crecimiento ha sido limitada, lo que no ha permitido que converja más rápidamente hacia países de mayores ingresos, como lo han hecho Panamá o la República Dominicana. Y este rezago ha tenido un coste social, con un nivel de pobreza persistente en el 20% de los hogares en las últimas dos décadas y un aumento de la desigualdad en la distribución del ingreso, a diferencia de la tendencia en el resto de la región. Asimismo, el desempleo ha ido un aumento, es cuatro veces más alto para los jóvenes, y afecta principalmente a mujeres y exacerbándose en las áreas periféricas del país.

Estos resultados apuntan a la necesidad de redefinir algunos aspectos de este exitoso modelo , con miras a lograr un crecimiento más próspero, inclusivo y sostenible. Y para lograrlo, en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creemos que el país debe abordar cuatro desafíos fundamentales.

El primero es el fortalecimiento de las finanzas públicas. Una baja recaudación tributaria y el crecimiento acelerado del gasto erosionaron el espacio para aumentar la inversión pública, la más baja de toda Latinoamérica. Si bien la aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en diciembre de 2018 supuso un paso crucial hacia la sostenibilidad fiscal, es imperativo implementarla de manera estricta y aprobar medidas complementarias como la reforma al empleo público, la reingeniería institucional y administrativa o la gestión por resultados para mejorar la eficiencia del gasto. Este es un esfuerzo de todos donde nadie debe quedar fuera.

Solo el 27% de las carreteras están asfaltadas, la capacidad de puertos y aeropuertos es más baja de la necesaria y no existe un sistema integrado y eficiente de transporte público

El segundo gran reto es el desarrollo de infraestructura de calidad y resiliente. Costa Rica presenta un rezago de aproximadamente 35 años en este sector, con desafíos no solo de cobertura sino también de calidad y resiliencia. Por ejemplo, solo el 27% de las carreteras están asfaltadas, la capacidad de puertos y aeropuertos es más baja de la necesaria y no existe un sistema integrado y eficiente de transporte público. Por ello, la inversión en infraestructura vial, logística y productiva debe integrar elementos de sostenibilidad y resiliencia, al tiempo que se continúa diversificando la matriz energética y modernizando la red eléctrica, con miras a reducir unas tarifas que actualmente son las más altas de Centroamérica, y que repercuten en la competitividad del sector empresarial. De igual forma, es prioritario reducir el rezago en el tratamiento de aguas residuales y aumentar el acceso a servicios de alcantarillado, principales retos de la llamada “agenda marrón”. La atención de estos desafíos requiere de un flujo significativo de recursos, por lo que será necesario incorporar nuevos esquemas de financiamiento bajo asociaciones público-privadas, operacionalizando iniciativas concretas.

El tercer punto de esta agenda de desarrollo es la mejora de la productividad y la reducción de sus brechas. El aparato productivo se caracteriza por una dualidad, con diferencias importantes entre sectores y tamaño de empresas. Los sectores con menores niveles de productividad tienen una mayor capacidad de generar empleos, aunque con un perfil laboral de menor calificación y remuneración. Por el contrario, los más productivos, generalmente enfocados en la agricultura no tradicional y nuevos servicios y ubicados en las zonas francas, cuentan con un mejor perfil laboral, aunque tienen menor capacidad de generar empleo.

Además, existe un desequilibrio territorial, con un mayor acceso a infraestructura, servicios y empleos en la gran área metropolitana central frente a regiones más remotas, sin infraestructura apropiada, un nivel educativo más bajo y menos oportunidades económicas. Un desarrollo productivo inclusivo que genere mayores y mejores oportunidades de empleo requiere mejorar el clima de negocios mediante la simplificación de trámites y la digitalización, fomentar la innovación y la inversión en conocimiento y tecnología para apoyar la transformación de las PYMEs y su articulación con los mercados de exportación, fortalecer el régimen de competencia y agilizar el acceso al crédito, diseñando soluciones financieras innovadoras para los emprendedores.

El cuarto y último reto es el capital humano. La adquisición de capacidades relevantes en la escuela y en los primeros años de vida laboral supone un desafío que afecta la productividad de las empresas, el crecimiento de nuevos emprendimientos y la adopción de nuevas tecnologías y dificulta la reducción de la pobreza y la desigualdad. Las oportunidades para afrontar estos retos abarcan el ciclo de vida de las personas y se centran en la expansión de cobertura de servicios de calidad para la primera infancia, la prevención del embarazo adolescente, el abordaje de la deserción escolar en secundaria, la mejora de la calidad y pertinencia de la formación para el trabajo y el fortalecimiento de los mecanismos de atención y prevención de la violencia, particularmente en las poblaciones jóvenes más vulnerables.

La búsqueda de soluciones a estos cuatro desafíos debe tomar en cuenta tres temas transversales: la reducción de las brechas de género, el potencial de la innovación y la tecnología y la lucha contra el cambio climático, para lo cual será esencial la implementación del Plan de Descarbonización 2018-2050.

Costa Rica no puede quedarse atrás en esta agenda. De hacerlo, erosionará los logros que otras generaciones lucharon por alcanzar y por los cuales los costarricenses se han distinguido. El momento es ahora, de ello depende que el país logre dar el salto hacia un desarrollo más próspero, inclusivo y sostenible para las siguientes generaciones.

Fidel Jaramillo, Representante del BID en Costa Rica, y Priscilla Gutiérrez, Economista País del BID en Costa Rica, son dos de los editores del estudio BIDeconomicsEsencial Costa Rica.

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