Una solución política para Cataluña

Sí, la cuestión catalana reclama una solución política. Pero algunos enhebran esa idea como sucedáneo de una salida ilegal, fuera de la Constitución, unilateral, por la vía de hecho: que imponga el eco de la nutrida minoría secesionista muy activa a la mayoría social. No. Toda solución debe encauzarse desde el orden y la ley, incluso para reformarla.

Proclaman que el referéndum del 1-O era un mandato. Y al tiempo que hay que celebrar otro. Ergo, no sería tal mandato.

Hubo una (estrecha) ventana de oportunidad para una consulta referendaria: la que diseñó el malogrado profesor Francisco Rubio Llorente en EL PAÍS (Un referéndum para Cataluña, 8-10-2012), mediante la transferencia puntual de la competencia estatal para convocarlo, a la Generalitat. Aunque no concitaba mayoría entre los constitucionalistas: para unos, no podía votarse la ruptura del Estado; otros exigían consultar a todos los españoles.

La rendija duró un suspiro. Cuando Jordi Turull, Josep Rull y Marta Rovira —los tres, hoy, en fuera de juego— la plantearon al Congreso (8-4-2014), la idea ya estaba carcomida y era inviable. ¿Por qué?

A causa de la deslealtad del liderazgo soberanista, que apostó desde el inicio del procés por la opción ilegal: lo ideal era “primero intentarlo de acuerdo con las leyes, y si no puede ser, hacerlo igualmente”, sostenía Artur Mas a finales de 2012. Más aún: en diciembre de 2013 ya formuló la pregunta de la consulta sin consenso, mientras iniciaba las “estructuras de Estado” y creaba el Consell de la Transició.

Así que el referéndum jamás se planteó “sobre” una opción de independencia sino “para” la misma: lo que abocó a las malhadadas consultas del 9-N de 2014 y el 1-O de 2017, en desafío a la legalidad y a su guardián, el Tribunal Constitucional

Es así el ejemplo exactamente contrario al escrupuloso legalismo y pactismo registrados en Quebec y en Escocia.

La propuesta de un nuevo referéndum resucitada en esta campaña carece pues de recorrido. Pero tampoco la pasividad; ni la mera conservación del orden público —que es una política de mayor cuantía y a veces de perentoria necesidad—; ni menos aún la del subvertidor recorte autonómico injustificado resuelven el malestar político catalán. Que no está acotado a los dos millones de (respetables) indepes. Seránsalidas, no ninguna solución de largo plazo.

La mejor propuesta ha sido la de la vuelta al diálogo intracatalán: a la mesa de partidos en el Parlament, para forjar conclusiones transversales luego trasladables al nivel español. No solo focaliza bien la prioridad, pues recomponer la cohesión de la fracturada sociedad catalana es esencial y previo a todo. Sino que devuelve el drama a su origen: si Mas lo exportó a Madrid fue para acallar mediante el enemigo exterior (“España nos roba”) las protestas internas por sus campeonísimos recortes sociales.

Y claro que hay soluciones: un nuevo Estatut; una adicional a la Constitución; la “mutación” de Miguel Herrero de Miñón; la fórmula Molins/Vila... Mejor autogobierno. Más responsable.