Cataluña dará una ayuda universal de hasta 200 euros a los dependientes que esperan su prestación
La Generalitat también condonará las deudas contraídas por las familias que cobraron prestaciones tras la defunción de los usuarios
El Govern continúa dando pasos para intentar mejorar el sistema catalán de atención a la dependencia, que arrastra unas listas de espera muy elevadas. El domingo, el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, presentó el llamado Pla Cura, una batería de medidas para hacer el modelo de dependencia —que incluye la valoración de los casos, las prestaciones y los recursos asistenciales en residencias, centros de día o atención domiciliaria— más ágil. El objetivo es pasar de 397 días a 60 el tiempo de espera entre que una persona solicita el reconocimiento de la dependencia y se le da una prestación. Este lunes, Illa ha ahondado en el plan con nuevas medidas: una de ellas es la ayuda universal y automática de entre 100 y 200 euros que recibirán todas las personas en el momento que hayan sido valoradas y ya tengan un grado de depdendencia reconocida, para darles un apoyo mientras esperan la prestación definitiva o la plaza en un recurso asistencial.
La otra novedad anunciada este lunes pone el foco en un defecto de la administración que añadía sufrimiento a las familias. Se trata de la deuda que las familias contraen con la administración cuando continuan cobrando las prestaciones de las personas dependientes después de que hayan fallecido, a causa de un fallo administrativo que no cancela los pagos automaticamente después del deceso. “Esto no pasará más. Nunca más tendremos que reclamar el dinero a una personas que nos ha dejado”, ha expresado el presidente Illa. Solo en 2025, la Generalitat reclamó 10.665 deudas por defunción.
El Pla Cura, que se aprobará mediante un decreto-ley, viene a intentar poner remedio a un problema que el sistema de dependencia arrastra desde que se aprobó la Ley de la Dependencia, en 2006: los constantes retrasos y las largas listas de espera para conseguir ver reconocido el derecho a tener un apoyo para cuidar de las personas mayores o dependientes. La ley nació con mucha voluntad pero se topó al poco tiempo con la crisis financiera, que la vació de recursos. Y desde entonces, las personas que sufren una situación de dependencia viven en esta dualidad: una ley les reconoce unos derechos concretos, pero la lentitud y la falta de recursos en el sistema hace que tarden mucho en recibir las prestaciones reconocidas. En muchos casos, no los reciben nunca, puesto que el fallecimiento llega justo en el momento de espera.
El presidente Illa ha reconocido que el objetivo de pasar de los 397 días de espera a 60 es “ambicioso”. “Pero podemos hacerlo y sabemos cómo hacerlo, porque ya lo hemos conseguido en la prueba piloto llevada a cabo en Vic y ahora lo llevaremos a todo el país”, ha explicado Illa. En parte, esta agilidad se apoyará en la coordinación integrada entre los departamentos de Salud y de Derechos Sociales, bajo el paraguas de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria, que el Govern está intentando modernizar con innovación tecnológica.
El plan incluye diversas medidas para dar una solución a las 128.000 personas que están en alguna lista de espera del sistema de dependencia. Por un lado, la valoración rápida, por videoconferencia, de los casos más graves que han solicitado la dependencia y están esperando. Así, unas 18.200 personas verán confirmada de forma inmediata el grado III de dependencia con su correspondiente asignación —una asignación puente de un mínimo de 200 euros—. Por otro lado, otras 65.000 personas que han solicitado una prestación por ser cuidadores familiares vean resueltos sus expedientes por la vía del Programa Individual de Atención (PIA) exprés.
Finalmente, el plan incluirá la medida anunciada este lunes por Illa, el pago de esta ayuda automática de entre 100 y 200 euros para todas las personas que ya tengan la valoración hecha, yque no entren en ninguno de los supuestos anteriores. La Generalitat estima que, de todas las nuevas solicitudes, el 81% serán valorados en un PIA exprés, y el 19% recibirán la prestación de espera. “A partir de ahora, todas las personas que soliciten la dependencia recibirán una prestación económica en un máximo de dos semanas desde la valoración”, explican fuentes del Govern.
Para reforzar el plan, el Govern prevé incorporar más de 200 profesionales, sumar cuatro servicios nuevos e invertir 25 millones de euros en mejorar la tecnología. El problema, con todo, es que pese a las ayudas, la espera se pueda seguir eternizando, especialmente si el beneficiario necesita una plaza en una residencia. Cataluña, que tiene algo más de 63.000 plazas en residencias, tiene un déficit de 15.761 plazas residenciales para alcanzar la ratio de cinco por cada 100 personas mayores de 65 años, según denunció en enero la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales. El envejecimiento de la población y el empeoramiento del estado de salud en el que los usuarios llegan a los centros hace que, según las previsiones que hizo la patronal de las residencias ACRA el pasado mes de octubre, Cataluña tenga que sumar unas 80.000 plazas residenciales y unos 20.000 profesionales de aquí a 2030.
