Un científico necesita tres meses para comprar un destornillador

La investigación científica de nuestro país está paralizada a causa de una burocracia desbordada. A la gestión económica de los fondos de investigación se le viene agregando una profilaxis asfixiante, sobrevenida quizá tras los innumerables casos de corrupción descubiertos en otros ámbitos de lo público. Nuestro sistema de ciencia, tecnología e innovación, el mismo que financia aquellos proyectos que considera más interesantes para nuestra sociedad, aboca al investigador a una absurda carrera de obstáculos administrativos en la que consume ingentes cantidades de esfuerzo y recursos, comprometiendo muy gravemente la consecución de sus objetivos. Una impostada Hidra de Lerna que desde su ciénaga está devorando la investigación en España desde sus propias entrañas. Dos ejemplos de este esperpento.

Tras casi dos años de evaluación científica y tramitación administrativa, un investigador comienza en octubre un proyecto con inicio diferido al mes de enero anterior. Pasarán aún meses hasta incorporar al personal científico; una sola contratación conlleva un procedimiento similar al de una oposición de miles de personas. Ya avanzado el segundo año podrá adquirir un aparato crucial; sin embargo, pasarán al menos seis meses antes de que llegue al laboratorio.

"Son tales las barreras administrativas que la (hasta ahora) influyente ciencia española está precipitándose al abismo de la inoperancia"

Durante la espera, el investigador habrá redactado informes de necesidad, tramitado media docena de documentos, movilizado varios departamentos y, tras múltiples gestiones entre clases universitarias e investigaciones, conseguirá las firmas autorizantes. Quedarán estampadas, aun sin que los correspondientes supervisores hayan entrado al fondo del expediente salvo haber visado su forma. Más rápida, quizás dos o tres meses, será la adquisición de unos gramos de reactivo, de un destornillador o de un libro especializado, pero para cada artículo el investigador tramitará un expediente similar al de la licitación de kilómetros de autovía. Además, estará obligado a comprarlos dentro de un catálogo de “proveedores autorizados”, a precios superiores a los de mercado y calidad impuesta por este “oligopolio legalizado” por la actual Ley de Contratos.

Una investigadora es invitada a un prestigioso congreso como conferenciante plenaria. La invitación incluye inscripción y gastos de transporte, que serán rembolsados tras atender la ponencia; no así el alojamiento. Ilusionada por el impacto de sus investigaciones, solicita autorización de ausencia, tramitando un voluminoso expediente. Tras estos prolegómenos, siempre que su proyecto disponga de crédito, aceptará la invitación y preparará su viaje. Pese a las ventajas del mercado electrónico de turismo y viajes, se verá obligada por ley (la 9/2017 de Contratos del Sector Público) a concertar con la agencia oficial que su administración ha licitado; supuestamente, por ofrecer mejor servicio a menor precio.

La investigadora cumplirá con un protocolo plagado de informes y autorizaciones, tal como estipula la mencionada Ley de Contratos. La agencia oficial le propone opción única, un vuelo de bajo coste en aeropuerto secundario y alojamiento en hotel de tercera a varios kilómetros de la sede. La investigadora consulta varias webs de viajes, constatando disponibilidad a precios más económicos y mejor calidad. A pesar de haber encontrado mejor oferta, el administrador le reiterará la obligatoriedad de contratar con el proveedor oficial. La investigadora cumplirá su servicio, pesarosa de estar siendo cómplice de un gasto público innecesariamente elevado. Despilfarro legal de fondos públicos, sí, aunque involuntario y forzado por el propio sistema, pero despilfarro en toda regla.

"Los investigadores instamos a la clase política a afrontar una reforma radical de este sistema paralizante"

Estas situaciones responden fielmente a la realidad cotidiana en la que se revuelve el investigador frente a la monstruosa burocracia de sus administraciones. No son hipérboles sino parábolas de la gigantesca ciénaga del investigador en España. Los proyectos se consiguen en convocatorias altamente competitivas de la Agencia Estatal de Investigación, sosteniendo un sistema que explota el talento y capacidades de nuestro tejido científico-técnico, incluyendo los centros de investigación, los centros tecnológicos y todas las universidades. Todo un “ejército” de más de 200.000 investigadores de un sistema público que desde 2009 ha visto mermar, en más de un 40%, los recursos dispuestos, al tiempo que el volumen y la complejidad de su gestión han aumentado de forma exponencial. No solo para el dinero del erario, también para los fondos complementarios atraídos desde el sector privado.

El pretendido control es para el investigador desconcertante, farragoso y agotador, además de costoso e ineficaz para el sistema. Muchos de estos filtros son tan inútiles que no impiden la comisión de malversación —sea en forma de despilfarro (por nuestra inocente y estupefacta investigadora) o intencionalmente premeditada (por un alevoso defraudador)—, pero además pretenden ser injustificadamente ejemplarizantes: la comunidad investigadora es una de las más valoradas por nuestra sociedad, por su dedicación y por la práctica ausencia de corrupción entre sus agentes. ¿Es Hércules contra esa fabulada Hidra de Lerna? ¿O, más bien, es esa policéfala hidra de la administración, venenosa y paralizante, la que está asfixiando a nuestros hercúleos investigadores? Dinero, esfuerzo, tiempo y recursos dilapidados en trámites y retrasos impuestos por una administración esquizofrénica. Talento, dedicación, concentración y éxito investigador, todos ellos desgastados en una titánica lucha del investigador contra una despiadada hidra en una ciénaga.

Tras años de corruptelas políticas, y de su alcance sobre el dinero público, la otrora eficaz y eficiente administración de la investigación en España, quizás ahora temerosa de contagio, ha sufrido una metamorfosis monstruosa que amenaza con engullir al propio sistema. Son tales las barreras administrativas que la (hasta ahora) influyente ciencia española está precipitándose al abismo de la inoperancia y, con ello, más pronto que tarde, alcanzará el dominio de la mera irrelevancia.

En esta caída libre, la comunidad investigadora clama por una reforma integral de este absurdo e ineficaz sistema de controles. Es la lucha de Hércules contra la hidra, desigual y fratricida. Desde esta tribuna, en tiempos de continuas promesas electorales, los investigadores instamos a la clase política a afrontar una reforma radical de este sistema paralizante. No pedimos la eliminación de controles, sino la aplicación de un nivel de regulación razonable y seguro, homologable al que se someten nuestros colegas en Alemania, Francia o Reino Unido.

El nuevo gobierno que venga, cualquiera que sea su color, tiene que afrontar esta reforma entre sus primeras medidas, ineludiblemente, si no quiere ver destrozado nuestro sistema de ciencia. La investigación es la garantía de un futuro mejor, más justo y sostenible para la ciudadanía, pero para ser verdaderamente útil debe ser eficiente y competitiva. ¿Quién de ellos vendrá a vencer a esta fabulosa bestia creada por ellos en su propia ciénaga? O quizás tengamos que seguir luchando solos hasta la extenuación. ¡Venga Hércules y caiga ya la terrible y monstruosa hidra que está asfixiando nuestra ciencia!

La coordinadora de la Plataforma de Investigadores de la Universidad Complutense de Madrid está formada por:

José María Bautista Santacruz, catedrático de Bioquímica y Biología molecular

José Antonio Jiménez de las Heras, profesor de Comunicación audiovisual

Matteo Mancini, profesor titular de Historia del arte

Francisco Monroy, catedrático de Química Física

Jesús Pérez Gil, catedrático de Bioquímica y Biología molecular

Javier Pérez Tris, catedrático de Zoología

Jesús Pla, catedrático de Microbiología

Dolores Romero López, profesora titular de Literatura española

Celia Sánchez Ramos, profesora titular de Optometría y Visión

Jacobo Santamaría, catedrático de Física de Materiales