El retorno de los guardaespaldas

Las escoltas policiales acaban de volver a Cataluña. Habían quedado reducidas a un mínimo imprescindible de altos cargos desde 2014: cuando se produjo la comunicación pública del cese definitivo del terrorismo etarra.

Ahora han vuelto a escudar a personalidades públicas críticas del Govern y de la radicalización del procés por cuenta de algunos CDR. Y lo hacen a iniciativa de los Mossos. Una de las personas objeto ahora de escolta, que no vivió los peores años de amenazas de la banda, confiesa privadamente a este columnista su desazón:

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— No sé muy bien cómo comportarme cuando llevo al chaval al cole, bajo protección policial.

Es una sensación extraña, de recorte de libertad, que jamás habría vislumbrado, comenta. Y que se produce años después de que muchos otros la hayan superado. Aunque pocos saben del nuevo fenómeno, no hay un electrocardiograma más preciso que este para simbolizar el salto cualitativo operado en una parte del movimiento indepe desde el 1-O de hace dos años al momento actual.

El otoño levantisco de 2017 culminó (aunque en fracaso) una fase de la agudización nacionalista: la que convirtió a muchos ciudadanos de orden, clase media e inclinaciones ideológicas incluso moderadas en practicantes de una insólita desobediencia.

Solo un sector limitado se dejó llevar por los desórdenes públicos activos, más bien reactivos que surgidos a iniciativa propia. Y ello, bajo la dirección de una élite enfebrecida creyendo que sus ensoñaciones cristalizarían de inmediato, sin echar cuenta de la potencia de la democracia, la negativa de Europa, y el rechazo del mundo económico y de la mayoría ciudadana a la abrupta e ilegal secesión unilateral.

Desde entonces, hemos transitado un bienio de fragmentación social. De enconamiento interno entre los partidos y grupos indepes. De un notorio reflujo de la movilización, que sigue empero nutrida. Y —en aparente contradicción pero coherencia con eso— de un encrespamiento minoritario de núcleos de CDR que empezaron con violencias callejeras, escraches y amenazas. Y que ahora dan signo de haber emprendido un nuevo salto cualitativo, mucho más peligroso.

Los indicios que afloran en los trabajos judiciales sobre los detenidos de hace una semana no son definitivos, por incompletos para la ciudadanía y por constituir solo los primeros pasos de un proceso que deberá ser inequívocamente garantista.

Pero sí son muy inquietantes para la suerte de los protagonistas: especialmente porque derivan de confesiones de parte, y de un milimétrico seguimiento de seguridad como seguramente nunca se había registrado en Cataluña, a diferencia de Euskadi.

La reacción exculpatoria sin más cautelas emprendida por los dirigentes soberanistas y los teóricos gobernantes entraña seguramente una torpeza fruto de la incertidumbre sobre lo que pueda desvelarse. Mejor así negarlo todo de un plumazo, dar cuerda al calendario y luego ya se improvisará según como vaya la cosa, parecen cogitar.

La minimización de la violencia en ciernes relatada y el intento de ridiculizar una investigación judicial que en sus términos actuales pone los pelos de punta son fruto de una nueva fase política recién estrenada. Aquella en que se crean confusas zonas de superposición. Entre dos actores. Uno es la estrecha minoría tentada por el aventurerismo de la violencia de alto grado; o bien entregada a su preparación, bajo las trazas o referencias de los rescoldos de la desaparecida organización terrorista Terra Lliure.

El otro es la blanda tolerancia, la condescendencia endogámica, la pasividad benevolente o los guiños de sintonía en sordina de los dos aparentes presidents (ninguno efectivo), Carles Puigdemont y Quim Torra, con esas corrientes. Esto es lo que va de anteayer a hoy.

Y es la piedra fundacional de la nueva etapa que avizora inexorablemente un desastre, para algunos o para muchos. La descodifica a la perfección la novedad del retorno de los guardaespaldas. Y más en tanto que se produce a iniciativa de los propios Mossos.