Sin ejemplaridad

El Gobierno de Madrid se enfrentó el pasado martes a su primera crisis política a cuenta de la investigación parlamentaria sobre la actividad de Avalmadrid, un organismo semipúblico que entre 2007 y 2018 concedió préstamos dudosos a empresas inviables relacionadas con consejeros y altos cargos populares; entre ellas, una en la que tenía participación un familiar directo de la actual presidenta, Isabel Díaz Ayuso. Díaz Ayuso tuvo que destituir, además, al recién nombrado secretario general de la Consejería de Sanidad tras ser imputado en el caso Púnica.

Hasta el momento, la presidenta madrileña había intentado sortear las informaciones sobre Avalmadrid reclamando que no se implique a sus allegados en una supuesta campaña política contra ella, y alegando que se trata de un asunto lejano en el tiempo. Ninguno de estos argumentos es suficiente para autoeximirse de ofrecer explicaciones sobre lo sucedido, puesto que Díaz Ayuso hizo gestiones desde su puesto oficial en la Comunidad en favor de la concesión del crédito a su familiar; por otra parte, la eventual prescripción de los hechos solo puede ser declarada por el tribunal que los juzga. Las explicaciones de Díaz Ayuso son tanto más necesarias por cuanto es miembro de un sector del Partido Popular de Madrid, encabezado por la expresidenta Esperanza Aguirre, que tiene abierto un proceso por corrupción.

La dimensión de la crisis política en Madrid no se limita a los problemas del Partido Popular y el entorno familiar de Díaz Ayuso con la justicia, sino que afecta también al pacto de Gobierno alcanzado con Ciudadanos. Este partido ha apoyado la comisión de investigación sobre Avalmadrid solicitada por el Partido Socialista, Más Madrid y Unidas Podemos, y el entorno de Díaz Ayuso ha considerado la decisión como una deslealtad. La realidad es que, al margen de que lo sea o no, el apoyo de Ciudadanos a la comisión de investigación revela la incoherencia a la que conduce la posición adoptada por este partido en Madrid y otras comunidades, enarbolando la bandera de la regeneración al mismo tiempo que pacta con una fuerza investigada judicialmente por corrupción y negocia a hurtadillas con la ultraderecha.

La incoherencia es, primero, política. Pero desde el momento en que Ciudadanos ha apoyado la comisión solicitada por la oposición en la Asamblea de Madrid, puede ser, además, institucional. No solo porque el apoyo a esta iniciativa de la oposición madrileña lo coloca con un pie dentro y otro fuera del Ejecutivo, sino también porque si admite que las sospechas de corrupción que pesan sobre su socio son suficientes para abrir una investigación parlamentaria, también deberían serlo para plantearse la viabilidad de la coalición. Sobre todo cuando las noticias que han dado lugar a la investigación no son nuevas, sino que eran ya objeto de consideración judicial antes de constituir el Gobierno de Madrid.

La dirección nacional del Partido Popular ha expresado su voluntad de hacer de Madrid un ejemplo de las políticas que aplicaría de llegar al Gobierno central. La paradoja ante la que la comisión sobre Avalmadrid coloca a los promotores de esta estrategia, como también a los partidos que la han facilitado, Ciudadanos y Vox, es que se trataría de un ejemplo sin ejemplaridad. Es decir, de un episodio más en la numantina resistencia del partido Popular por enfrentar el problema de la corrupción.