Más fragilidad

El acuerdo alcanzado entre el Partido Popular, Ciudadanos y Vox para investir a Isabel Díaz Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid esta misma semana dejará a un paso de cerrar, salvo sorpresas, el mapa de poder autonómico establecido por las elecciones celebradas el pasado 26 de mayo. El único Gobierno regional que seguirá sin constituirse es el de La Rioja, donde las desmesuradas pretensiones de la diputada de Unidas Podemos en esta comunidad impidió la investidura de la candidata socialista, Concha Andreu. Ambas fuerzas retomarán las negociaciones este lunes, en la confianza de que es posible un acuerdo que evite la repetición electoral.

El retraso a la hora de formar Gobierno en Madrid y La Rioja es la última manifestación de unas dificultades que han afectado también a otras comunidades, como Murcia y Navarra. Es cierto que la práctica totalidad de las Cámaras autonómicas, incluidas las de estas cuatro comunidades, albergan una compleja fragmentación política que obliga a pactos entre los diversos grupos para componer las mayorías de Gobierno. Pero ésta no ha sido la razón fundamental por la que el fantasma del bloqueo político ha sobrevolado también el ámbito autonómico. Al igual que en el central, ha sido la actitud de los partidos la que ha llevado al límite las previsiones constitucionales y estatutarias para dar curso a la voluntad de los ciudadanos.

El partido socialista venció en 10 de las 12 comunidades convocadas a las urnas, si bien solo presidirá seis Ejecutivos y la posibilidad de hacerlo en La Rioja si las inminentes negociaciones se resuelven finalmente a su favor. Estas cifras no solo describen el nuevo reparto del poder autonómico, sino que dan cuenta además del oportunismo desde el que se viene abordando una realidad hasta ahora invariable, como es la necesidad de alcanzar pactos para conformar mayorías desde la irrupción de los nuevos partidos. El supuesto derecho a gobernar de la fuerza más votada, invocado por el Partido Popular cuando es el beneficiario, cede tan pronto como puede favorecer a sus rivales. De igual manera, la consagración de la mera alternancia política como un valor, defendida por Ciudadanos como antídoto frente a la corrupción, no ha impedido que este partido apoye la continuidad de Gobiernos con décadas de estancia en el poder, como en Castilla y León y en Madrid. Y en este caso, además, coincidiendo con la imputación judicial de dos antiguas presidentas regionales.

Ni siquiera la desconfianza hacia la manera en la que la socialista María Chivite ha alcanzado la presidencia de Navarra justifica que el Partido Popular y Ciudadanos se desdigan con tan flagrante desenvoltura de las reglas que exigen a los demás, presentando como imperativos democráticos lo que son solo disfraces de su propio interés. Chivite debe sin duda explicaciones precisas acerca de algunos puntos de su programa, en particular sobre la ruptura de los equilibrios lingüísticos en Navarra. Pero no son desde luego los partidos que han pactado con la ultraderecha, en un caso abiertamente y en el otro buscando un imposible equilibrio entre la vergüenza y el descaro, quienes están en mejor situación para reclamárselas sin desencadenar la estéril espiral del y tú más.

El tacticismo que ha guiado la formación de los Gobiernos regionales no es distinto del que se ha impuesto en el ámbito estatal. Tan solo lo ha precedido en el tiempo, convirtiéndose en la excusa a la que ahora recurren los partidos para explicar por qué no pactan en el Parlamento central. Pero este problema no puede ocultar el esencial: la mayor fragilidad general del sistema debido al peso concedido en el actual mapa autonómico a fuerzas que hubiera sido mejor dejar al margen de las mayorías de Gobierno.