Nuevo bloqueo

El fracaso de la última reunión entre el candidato socialista a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, hace más verosímil la hipótesis de la repetición electoral. Para llegar a esta descorazonadora situación han tenido que sucederse en el tiempo la renuncia de Ciudadanos a respetar el papel que le asignaron las urnas como tercera fuerza parlamentaria y las ambiciones de Unidas Podemos, también sobredimensionadas con respecto a su resultado electoral. El partido socialista, por su parte, es responsable de haber reproducido desde el mes de abril la estrategia del expresidente Rajoy, quien en dos elecciones sucesivas reclamó la abstención de la principal fuerza de oposición con el argumento de que no era posible una mayoría alternativa. Como quedó fehacientemente demostrado con la aprobación de los Presupuestos todavía en vigor —y que deberán ser objeto de una nueva prórroga—, esa mayoría existía, de modo que la aparente parálisis del sistema estaba en realidad deliberadamente inducida.

Este vuelve a ser el caso, apenas tres años después, demostrando no que las previsiones constitucionales son necesariamente insuficientes en un parlamento fragmentado, sino que los partidos y sus líderes siguen sacrificando sus inexcusables responsabilidades a la realización de ambiciones electoralistas sin importar el coste. La pretensión de liderar el espacio político de la derecha, expresada por Ciudadanos, y la de integrarse en un Gobierno de coalición, según busca Unidas Podemos, son legítimas siempre que la situación de minoría desde la que se persiguen no se utilice como instrumento de chantaje frente al mandato inequívoco de la totalidad de los ciudadanos, y no solo frente a la fuerza más votada. Lo que las urnas ordenan en cada elección no es que el partido con más escaños pacte en una u otra dirección, ni tampoco que se articule una u otra fórmula de Gobierno, sino que el concreto Legislativo elegido por los ciudadanos articule un Ejecutivo en torno a un programa para cuatro años de legislatura, sea en solitario o con el apoyo de uno o múltiples partidos.

Ciudadanos ha rechazado cumplir con esta obligación por la insólita vía de expedir certificados de constitucionalismo hacia su izquierda pero no hacia su derecha, e intentando provocar con su enrocamiento que los independentistas sean decisivos en una mayoría en la que también participe Unidas Podemos. Esta fuerza, por su parte, está anteponiendo la composición del Ejecutivo al programa, incurriendo en la contradicción de rechazar las medidas que defiende el partido socialista y simultáneamente exigirle carteras para desarrollarlas en una coalición minoritaria que, en efecto, necesitaría a los independentistas. El Partido Popular, por último, se limita a sugerir reformas constitucionales para que gobierne la fuerza más votada, una idea en la que también han coincidido algunos dirigentes del partido socialista. Hablar ahora de reformas constitucionales que podrían considerarse en el futuro no sirve para evitar un nuevo bloqueo, si bien presenta como debilidades institucionales en situaciones de multipartidismo lo que en realidad son irresponsabilidades políticas en toda circunstancia.

Si estas irresponsabilidades no cesan antes de cumplirse el plazo para volver a las urnas, la revisión de la investidura no será una solución, sino un sueño irrealizable.