Caro bloqueo

La inestabilidad política es quizá el elemento más dañino para el crecimiento económico y la prosperidad, en tanto que impide la aplicación de decisiones urgentes y cierra el paso a la elaboración de las medidas imprescindibles para imponer las reformas necesarias. Cuando se bloquea la formación de un Gobierno incluso a partir de los pasos políticos previos para ello, como la investidura, se inflige daño a las instituciones, porque se favorecen las dudas sobre su idoneidad y eficacia. Al mismo tiempo, se priva a los ciudadanos, a las instituciones internacionales y a los inversores de la confianza mínima para el funcionamiento de un país. La predecibilidad es el núcleo de la confianza, y más de la confianza económica.

Cualquier retraso en la formación del Gobierno, entendiendo por tal retraso la eventualidad de demorarlo hasta septiembre o, incluso en el peor de los casos, convocar unas nuevas elecciones, causaría daños imprevisibles en la economía. No precisamente a corto plazo, puesto que las cartas para la evolución del crecimiento durante este año ya están echadas. Para empezar comprometería los objetivos de estabilidad financiera pactados con Bruselas, no tanto por el descontrol del gasto, sino por la imposibilidad de aumentar la recaudación de forma que el objetivo de déficit no pivote solo sobre un ajuste permanente del gasto público.

Resulta insólito, y esto es imputable a las principales fuerzas políticas, que el Estado esté funcionando en estos momentos con un presupuesto prorrogado. El Gobierno carece de margen de maniobra para aplicar correcciones. Es evidente que la prórroga presupuestaria y el bloqueo político de un nuevo Presupuesto, ha privado de 5.000 millones adicionales que podrían haberse distribuido, entre el Estado y las comunidades autónomas, para mejorar la atención social y la inversión.

El daño mayor que causa la ausencia de un Gobierno es el retraso, ya insostenible, de las reformas económicas, sin las cuales la economía española se encamina hacia un colapso de las prestaciones sociales e, incluso, de partes fundamentales de la operativa del Estado. Tiene que ponerse en marcha ya una reforma del sistema de pensiones; deben tomarse ya decisiones cruciales (edad de jubilación, traslado de gasto a presupuestos, ajuste de las cotizaciones, revalorización) para que surtan efecto en los próximos diez años, cuando aparezca la amenaza aguda de caída de ingresos del sistema. Es imperativo pactar una reforma fiscal para tapar los agujeros recaudatorios y la persistencia del fraude. Tampoco debe demorarse la reforma de la financiación autonómica, porque algunas comunidades pueden sufrir un estrangulamiento financiero a corto plazo. Y sin medidas inmediatas, la reforma energética que propone la transición a las energías renovables, encajada en plazos que se agotan rápidamente, quedará en papel mojado.

El bloqueo político, los amagos, el enroque en posiciones cerradas no es un juego barato. Tiene costes onerosos, que pagan los pensionistas, las autonomías y los consumidores. Y tiene un coste que pocos países pueden permitirse, en reputación institucional y en inversión. Los daños derivados de un bloqueo político son imputables a las direcciones de los partidos que jueguen la carta del No Gobierno sin argumentos solventes.

No nos lo merecemos.