Cuenta atrás

El candidato a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez, solicitó de la presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, la convocatoria del pleno de investidura para el próximo 22 de julio. En contra de lo anunciado, Sánchez no pudo realizar la solicitud desplazándose hasta el Congreso, por haberse prolongado el Consejo Europeo para acordar los principales cargos de la Unión. Pero también, y sobre todo, por haber apurado los plazos para que, si no supera la investidura, la convocatoria automática de nuevas elecciones tenga lugar en la fecha que había decidido de antemano, el próximo 10 de noviembre.

Por ambas razones, y no solo por la primera, la vía de comunicación del candidato con la presidenta del Congreso vino a sumarse a otras licencias con los procedimientos previstos para la formación de Gobierno, como comparecer en la ronda de contactos convocada por el Rey sin haber sondeado suficientemente al resto de los partidos en busca de apoyos o introducir un injustificado tiempo muerto entre el encargo real y el momento de acudir a la Cámara. No se trata de cuestiones irrelevantes sino de la manifestación formal de un asunto de fondo: desde la celebración de las elecciones generales y el recuento de los votos, el presidente en funciones no ha entablado apenas negociaciones con otras fuerzas parlamentarias para revalidar su mandato. Simplemente, ha aguardado la conclusión de los principales pactos municipales y autonómicos a fin de calibrar el margen político del que dispondrá para afrontar la investidura.

La responsabilidad por este contraproducente compás de espera no es, sin embargo, exclusiva del candidato socialista, puesto que la lógica desde la que ha actuado es a fin de cuentas la misma que la de las fuerzas que han rechazado como cuestión de principio cualquier entendimiento, y también aquellas otras que insisten en anteponer el reparto de cargos a la discusión de las posibles medidas de Gobierno. En contra del argumento al que han recurrido, la fidelidad a las promesas electorales realizadas en campaña no puede prevalecer sobre el deber constitucional de contribuir a que el Legislativo cumpla con su primera función, que es conformar una mayoría que dote al sistema de un Ejecutivo. Si se ha llegado a una situación que podría conducir a una nueva llamada a las urnas no es porque existan resultados imposibles de gestionar, sino promesas que jamás deberían hacerse.

El juego combinado de vetos irrevocables, exigencias personalistas y manejo intencionado de los plazos constitucionales transmite un inquietante mensaje político, puesto que corrobora el temor de que, en el mejor de los casos, el país no cuente con un Gobierno para afrontar las profundas reformas que se precisan hasta principios del próximo año. Para evitarlo, Sánchez ha anunciado una nueva ronda de contactos con los líderes de los grupos parlamentarios, a excepción de los de Vox y EH Bildu. Ciudadanos, por su parte, se ha apresurado a comunicar que no asistirá, perseverando en una radicalización cuyas formas degradan las instituciones. Pero no es este el mayor obstáculo al que se enfrenta la iniciativa de Sánchez, adoptada en la confianza de instrumentalizar a su favor la inexorable cuenta atrás hacia otras elecciones. Porque la pregunta a estas alturas sigue siendo, no con quién se dispone a pactar, sino en torno a qué programa pretende hacerlo.