Rumbo incierto

La fijación de la fecha del 22 de julio para el pleno de investidura del que deberá salir un nuevo Gobierno con perspectivas de estabilidad no ha dado lugar por el momento a la apertura de negociaciones políticas de fondo entre los grupos parlamentarios, sino a una simple aceleración de movimientos tácticos entre partidos. La estéril excitación que impregna estos días el clima político, y que amenaza con prolongarse durante la próxima semana, obedece a que la obsesión por marcar las cartas con las que el Congreso deberá resolver la investidura ha reducido a dos los posibles desenlaces, uno extremadamente pobre y otro que no debería ser siquiera contemplado. O bien sale del pleno una combinación parlamentaria frágil y tortuosa, que permitirá la investidura pero no garantizará la gobernabilidad, o bien todo lo que logra es que, salvo sorpresas, comiencen a correr los plazos de una nueva convocatoria a las urnas. La responsabilidad política exigiría, por el contrario, que se hubiera barajado en primer lugar la posibilidad de una mayoría estable desde la que desarrollar un programa para cuatro años.

En el camino para llegar a esta situación han quedado las expectativas de que los resultados de las últimas elecciones municipales, autonómicas y generales, complejos pero no inmanejables, hubieran inaugurado un ciclo político que corrigiera la parálisis y el bronco ensimismamiento del anterior, durante el que los Gobiernos debieron consagrar más esfuerzos a sobrevivir que a actuar. Pero, además, la manera en la que se han ido cerrando los pactos en todos los niveles ha banalizado la obligación de que los electos expliquen los planes que se disponen a ejecutar, como también la de explicitar sus alianzas. Hacerse con instancias democráticas de poder a través de pactos secretos vulnera una obligación de transparencia básica en democracia; esconder la negociación de esos pactos detrás de excusas inverosímiles, como presentar las reuniones políticas para alcanzarlos como charlas de café, constituye, además, una burla intolerable. A punto de que los partidos concluyan los acuerdos que completarán el mapa de Gobiernos autónomos, y cerrado el de los Ayuntamientos, el inquietante rasgo que mejor define la nueva situación es que la rivalidad entre las fuerzas más votadas ha terminado por conceder una desproporcionada capacidad de influencia, que no excluye la posibilidad del chantaje, a partidos que se sitúan en la periferia del sistema constitucional y que habría que haber evitado en las combinaciones. Nada obligaba a llegar a este callejón sin salida, en el que numerosos Ayuntamientos y comunidades autónomas están ya atrapados. Y, por lo demás, nada debería estar tampoco escrito por lo que respecta al pleno del día 22.

Reducir el objetivo del debate parlamentario que se celebrará a partir de ese día a conseguir un Gobierno en minoría a través de alianzas insuficientes y de unas u otras abstenciones solo tiene sentido porque ninguna otra mayoría es posible. El problema es que esa mayoría existe, y el hecho de que resulte políticamente inviable, como parece ser definitivamente el caso, no puede ser asumido como un fenómeno natural del que no es preciso señalar responsabilidades y frente al que nadie está obligado a asumirlas. Es solo porque esa mayoría posible se ha querido hacer deliberadamente inviable por lo que a continuación entran en escena las soluciones alternativas, todas ellas legítimas y todas ellas causantes de que, como viene sucediendo desde 2015, los Ejecutivos se sustenten en un equilibrio no solo precario sino también perverso, porque ni pueden gobernar con autonomía si no es mediante decretos leyes, ni pueden ser desalojados si no es través de alianzas coyunturales. Este es el rumbo incierto al que parece condenada la próxima legislatura, en el supuesto de que se supere el enrocamiento entre el candidato socialista, Pedro Sánchez, y el líder de Podemos, Pablo Iglesias. El Gobierno que logren configurar, si logran configurar alguno, no se juzgará por el hecho de que sea de coalición o de cooperación, sino por la solvencia del programa y la capacidad de reunir mayorías.

Lo primero aún no se conoce y lo segundo sigue formando parte de una geometría indescifrable.