La sociedad civil debe ser socio clave en el proceso de construcción de Europa

Lo que se decide en Bruselas importa; y mucho. Cada año, los gobiernos de la eurozona aguantan la respiración a la espera del visto bueno de la Comisión Europea a su Plan Nacional de Reformas y a su Programa de Estabilidad. Denominaciones complejas para documentos que, en la práctica, condicionan el margen presupuestario de cada país para financiar sus políticas públicas y atender las necesidades de la población. Y es justamente esta obcecación por la austeridad, cuyo coste social parece innegable, la que posiblemente explique el alejamiento y desafección hacia Europa de una parte cada vez más importante de la ciudadanía.

Resulta paradójico que, en los sucesivos Eurobarómetros, la sociedad española aparezca como una de las más entusiastas del proyecto de integración europea y, sin embargo, ese entusiasmo no logre generar una movilización masiva frente a las urnas cuando se trata de elegir a quienes nos representarán en las instituciones comunitarias.

Lo que no resuelve mis problemas, no me sirve. Este desapego por la UE y el desinterés por las elecciones al Parlamento Europeo se han convertido en una preocupación ahora que los partidos con un ideario contrario a la integración europea cotizan al alza en las encuestas. El argumento recurrente para explicarlo es la lejanía y el desconocimiento de cómo las decisiones que se toman en Bruselas afectan a nuestras vidas. Tampoco ayudan nuestros líderes políticos, quienes, en la reciente campaña de elecciones generales, pasaron de puntillas por el debate europeo.

Por lo tanto, y a pesar del innegable legado de la Unión Europea, nos encontramos en un momento crítico, en el que los futuros responsables de la toma de decisiones a nivel comunitario, tendrán que ser capaces de dar respuestas urgentes a las necesidades planteadas por la ciudadanía y, al mismo tiempo, encarar los grandes desafíos a los que se enfrenta la UE, entre otros: las vulnerabilidades económicas, el cambio climático y la degradación ambiental, el incremento de las desigualdades y las tensiones sociales provocadas por la pérdida de derechos, la integración efectiva de las personas migrantes y refugiadas y los conflictos geopolíticos internos.

En este contexto, la ratificación por parte de la Unión Europea de la Agenda 2030 y los documentos oficiales publicados en los últimos meses por la Comisión y el Consejo de la UE, parecen indicar que las instituciones comunitarias comienzan a asumir la necesidad de que el desarrollo sostenible sea una característica inequívoca en la forma de hacer política desde la Unión Europea, en el año en el que a la UE rendirá cuentas de sus avances ante Naciones Unidas.

Las instituciones comunitarias comienzan a asumir la necesidad de que el desarrollo sostenible sea una característica inequívoca en la forma de hacer política desde la Unión Europea

A pesar de ello, este proceso no está exento de riesgos.

“La Unión Europea debe ayudar a la gente a hacer realidad sus aspiraciones y despejar sus preocupaciones”, afirma en su introducción el documento de reflexión titulado Para una Europa sostenible de aquí a 2030. En este informe, la Comisión Europea propone tres escenarios de diferente nivel de integración, cesión de soberanía y de cooperación de los Estados para hacer realidad los objetivos de la Agenda 2030. Un documento que, al igual que sucede con las estrategias y planes desarrollados por los estados miembros en los últimos años, corre el riesgo de quedarse en el mero plano de las buenas intenciones, si no se traduce en medidas políticas y presupuestarias concretas, claramente alineadas con los principios de la Agenda 2030, capaces de dar respuesta a las necesidades de la población desde el respeto a los límites del planeta.

En ese sentido, las perspectivas no son muy halagüeñas. Prueba de ello son las prioridades marcadas por el presupuesto europeo para los próximos siete años, actualmente en negociación, que muestran una Unión Europea más preocupada por la defensa de sus fronteras frente a una supuesta amenaza migratoria, que en cómo lograr una sociedad más cohesionada, menos desigual y más sostenible, garantizando las mismas oportunidades y derechos para todas las personas, dentro y fuera de sus confines. La Agenda 2030 nos da claves para lograrlo, representando una oportunidad para poner los derechos de las personas y el cuidado del planeta en el centro de la acción política, por lo que un primer gesto para hacer creíble el compromiso de la UE con los ODS es un marco presupuestario alineado con el logro de sus objetivos y metas.

Por lo tanto, con independencia de los resultados de los próximos comicios electorales, es fundamental transformar el Semestre Europeo en el Semestre Social y Sostenible, asegurando que la Agenda 2030 y los ODS estén integrados en todas las políticas de la UE, para dar un paso más hacia un enfoque equilibrado de las políticas económicas, sociales y ambientales, estableciendo indicadores y mecanismos de seguimiento claros que permitan su cumplimiento. Unas políticas que también tengan en cuenta, los impactos sociales y ambientales que generan fuera de sus fronteras.

Las más de 50 organizaciones y plataformas sociales, ambientales y sindicales que formamos parte de Futuro en Común, velaremos, en coalición con redes homólogas de otros países europeos, para que la sociedad civil sea reconocida como un socio clave en el actual proceso de construcción del Futuro de Europa.

Compartimos mirada y horizonte para que la ciudadanía europea pueda recorrer la senda marcada por el cumplimiento de los ODS, asegurando la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan desarrollar una Europa fuerte, social, democrática y sostenible.

Cristina Linaje (Cáritas), Marcello Ronchi (EAPN-España) y Santiago González (USO), son miembros de Futuro en Común.

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