No hay excepcionalidad

No se sabe bien cómo, pero en algunos momentos de la campaña electoral se ha vuelto a las discusiones esencialistas sobre el ser de España, en la posguerra de la Guerra Civil (España como problema, de Laín Entralgo; España, sin problema, de Calvo Serer). No es así, pero hay dos propensiones que es preciso poner en su lugar: el excepcionalismo, desconocer que lo que nos sucede es algo más amplio o que los defectos del presente no son fatales catástrofes inevitables en un país como éste o con una historia como la suya; y el latoso regeneracionismo, que tiende a creer demasiado en el poder de salvación del diseño institucional. En el límite, se nos dice, requiere excepcionales cambios de reglas. Sin menoscabo de que las reformas sean necesarias, las buenas políticas públicas permiten avanzar mucho camino.

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A desmontar estas dos tendencias (el unamuniano “me duele España”) dedica sus páginas el Informe sobre la democracia en España 2018 (IDE), que recientemente ha publicado la Fundación Alternativas, y que da a nuestro país una nota de 5,8 sobre 10 en la valoración que hacen alrededor de 230 expertos contestando a 57 indicadores. No se apartan esos expertos de los estudios internacionales que concentran todo o buena parte de su peso en la valoración de los procedimientos democráticos y que ponen a España entre las democracias más valoradas (Polity IV, Freedom House, The Economist). Sin embargo, en las evaluaciones integrales que incorporan la calidad de las decisiones y la resolución de los conflictos, la clasificación de España es menos prometedora (Worldwide Governance Indicators del Banco Mundial, los indicadores del proyecto internacional Varieties of Democracy, o el índice de la Corporación Bertelsmann).

Según el IDE, la principal debilidad de la democracia española es la corrupción, lo que se manifiesta en que el poder político no se encuentra protegido de las presiones del poder económico. Otras debilidades son las interferencias internacionales en la política económica, o la lejanía de los ciudadanos de sus representantes políticos: no es igualitario el acceso de los distintos grupos sociales al poder político. Hay dos aspectos especialmente significativos: los jueces son considerados menos independientes y la legislación penal está tachada de parcial; y la credibilidad de los medios de comunicación se ha hundido por su escasa independencia y por su bajo respeto a los ciudadanos.

Son muy interesantes las diferencias que manifiestan los expertos cuando auditan la democracia española, teniendo en cuenta la comunidad autónoma de referencia. La valoración global de la calidad democrática que realizan las personas que viven en Cataluña es nueve décimas inferior (es decir, suspenso sin matices) a la que se emite, por ejemplo, desde Andalucía; son los votantes de los partidos nacionalistas (sean de derechas o de izquierdas) quienes más negativamente valoran el conjunto de los capítulos.

El IDE recuerda que en el 2018 la justicia ha procesado y condenado al partido que estaba en el Gobierno (PP), así como a numerosos excargos del mismo; ante ello, el Parlamento reaccionó censurando al jefe del Ejecutivo y reemplazándolo por otro, mientras que en el partido saliente se celebraban unas elecciones internas para elegir a un nuevo líder; en Cataluña se restablecía, tras una intervención limitada del Estado central, el autogobierno; y ya, a final de año, se produjo la alternancia en Andalucía, la última comunidad autónoma en experimentar un cambio de partido en el Gobierno.

La valoración del informe es rotunda: “La democracia española se enfrenta a problemas nada despreciables, pero estos se procesan con más o menos acierto, con mejor o peor gobierno, de la manera que hace a la democracia preferible a cualquier otra forma de organización del poder”.

De imprescindible lectura para políticos en campaña.