Un granero que quiere convertirse en despensa

Aragón es líder en porcino, y la segunda comunidad con más hectáreas dedicadas a cereal, maíz sobre todo. En 2017 representaba el 13,1% del total de superficie cultivada de forrajeras (principalmente, alfalfa) de España, y el 13% de frutales no cítricos, quedándose como segunda productora de cereza, tras Extremadura, con 25 millones de kilos de producción anual, y siendo igualmente potente en melocotón y manzana. En total, le saca a su campo en torno al 10% de las materias primas del territorio nacional. “Producimos no para el casi millón de habitantes que somos, sino para 12 o 13 millones”, apunta Enrique Novales, director general de Alimentación y Fomento Agroalimentario del Gobierno de Aragón. Pero solo el 3,5% se convierte en producto final dentro de sus fronteras, según la Asociación de Industrias Agroalimentarias de Aragón (AIAA).

“Hemos de dejar de ser el granero para pasar a ser la despensa”, demanda Félix Longás, presidente de AIAA. No es que no se hayan hecho cosas, todo lo contrario. Los esfuerzos por transformarse, tecnificarse e innovar del trinomio formado por la agricultura (49.137 explotaciones), la ganadería (11.049 explotaciones) y la industria afín han logrado que el sector agroalimentario maño haya supuesto en los últimos años “la mitad del crecimiento de la economía aragonesa”, resaltaba en septiembre de 2018 Joaquín Olona, consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad del Gobierno de Aragón. El 10% del PIB y el 12% del empleo, nada menos. “En una década, la agroindustria se ha convertido en nuestra segunda fuerza tractora, tras General Motors [ahora Opel]”, incide Novales. Aporta más del 3,6% al PIB regional y sus exportaciones —más de 1.200 millones de euros— representan el 10% de todo el comercio exterior de la región, y el 25% de toda la facturación del sector, con un superávit comercial superior a los 800 millones de euros.

El paso que falta

“Nos encontramos en medio del 75% del PIB español”, afirma Longás aludiendo a los 300 kilómetros que separan Aragón de Madrid, Barcelona, Valencia o Bilbao. La comunidad autónoma cuenta con clúster de empresas de alimentación y entidades agrarias, centros tecnológicos (como CITA o el centro de investigación IA2 de la Universidad de Zaragoza) y terminales de transporte en Zaragoza, Teruel, Huesca y Fraga. En una palabra, los mimbres están; falta dar el paso al frente. “Si en lugar del 3,5% transformáramos el 10%, el total de lo que producimos, en vez de 16.000 empleos crearíamos 45.000, que sería lo normal por nuestro territorio, como pasa en en La Rioja o Navarra”, compara el presidente de AIAA. “Tenemos que ser capaces de transformar productos más de lo que lo estamos haciendo”, añade Novales. “Como industriales queremos que, más que el producto, sean las marcas las que cobren el protagonismo”, añade Longás. Para lograrlo, la AIAA trabaja con el Gobierno autónomo en una nueva campaña que lleva por eslogan Comparte el secreto. “Los productos aragoneses son buenísimos, pero desconocidos”, lamenta.

Hay más problemas a los que ha de enfrentarse la agroindustria aragonesa. Para empezar, su “tremenda” atomización: el 90% de sus 1.078 empresas (cifra de 2018 del Directorio Central de Empresas elaborado por el INE) son pymes, y solo hay cuatro con más de 200 empleados. “La solución podría pasar por organizarse en cooperativas”, el portavoz de la Asociación de Industrias alimentarias. Otro reto es su dependencia de los productos cárnicos, que son el 60% de todos lo que se exportan. Le siguen, a distancia, los vinos y la “molinería” (pan, bollería, galletas y pastas alimenticias derivados de los cereales). “Las conservas vegetales, la tercera y cuarta gama, se sigue haciendo mayoritariamente fuera, en las comunidades limítrofes”, alerta.

Existen grandes proyectos del sector cárnico —los mataderos de PINI, GUISSONA, Tönnies o Fribin— que supondrían la creación de 5.000 nuevos puestos de trabajo. Y todos, o casi todos, incluyen el sacrificio de cerdos. El porcino gana terreno dentro de la ganadería: 13,98 millones de animales (el 25% del total de la producción nacional) y 6,5 millones sacrificados en 2017 (frente a 3,3 millones de 2013), según cifras del Clúster Nacional de Productores de Ganado Porcino. Aunque es cierto, que el 50% de la producción sirve para la creación de valor añadido en otros territorios. Por comparación, las cabezas de ovino y caprino bajaron de 2015 a 2017, y las de bovino subieron ligeramente entre 2016 y 2017.

“Hemos pasado de pequeñas explotaciones particulares a grandes sistemas de integración”, explica Novales. Se refiere a los acuerdos a los que llegan el propietario de una piara —en ocasiones, una fábrica de piensos— y el propietario de una granja que cuida del ganado, gestiona los subproductos y, a cambio, recibe una renta por cada cerdo criado. “Un 80% del sector está en manos de cuatro integradoras”, calcu­la. El sistema se beneficia de la economía de escalas y permite optimizar los costes de producción. “Se ha fomentado la inclusión de pequeñas y medianas granjas dentro de otros tipos de modelo de negocio, cooperativismo e integración, para mantener su viabilidad”, interviene la Asociación Nacional de Productores de Ganado Porcino (Anprogapor). “No son excluyentes ni compiten entre sí. Forman una alianza que hace más competitivo al sector. Muchas de las pequeñas explotaciones incluidas dentro del sistema de la integración han podido crecer y evolucionar gracias a ello”, asegura.

El porcino representa casi un 60% del total de la producción ganadera, aporta el 3,5% del PIB y supone dos terceras partes del valor añadido bruto agrario total aragonés, según la Dirección General de Alimentación y Fomento Agroalimentario. Se comercializan 1.353.000 de toneladas de esta carne, 1.624 millones de euros si lo traducimos a dinero. “Es, con diferencia, el sector más rentable del mundo agrario”. Ha aupado a Aragón al segundo puesto nacional, por detrás de Cataluña. Aunque “yo creo que somos la primera comunidad autónoma en censo”, aventura Novales. Y ha propiciado, a su alrededor, un enorme desarrollo de la agroindustria —piensos, mataderos y salas de despiece—, que a su vez ha favorecido a sectores como logística, infraestructuras de construcción y servicios de mantenimiento. Asimismo, “se ha posicionado en el mercado internacional; las exportaciones en 2017 aportaron 600 millones de euros, con un crecimiento acumulado del 175% desde 2013”, según datos de la Diputación General de Aragón.

La contrapartida a tanta pujanza son los riesgos medioambientales, entre otros, que están ahí, no se niegan, y se combaten a golpe de innovación. Prueba de ello es la propia creación de un clúster nacional, a finales de 2018, en Aragón. Sus cuatro grandes líneas de acción son “la mejora de la competitividad, la realización de proyectos de innovación, la internacionalización y la formación”, sin olvidar “sanidad, bienestar animal, bioseguridad, necesidades nutricionales y sostenibilidad ambiental”. El Gobierno regional, por su parte, ha controlado la instalación de nuevas granjas —no podrá implantarse ninguna en las zonas declaradas saturadas— y ha anunciado un nuevo decreto de purines para regular su gestión sostenible.

El porcino manda

Solo el porcino genera 11.200 puestos de trabajo en el medio rural, 4.900 directos, en las explotaciones (más de 4.000), y el resto en la construcción de instalaciones, industria agroalimentaria, servicios o transporte; solo la agroindustria ocupa a 16.114 personas, según la AIAA. Son empleos que no se ven tan afectados como los de otros ramos durante una crisis. En 2018 hubo en Aragón 50.000 agricultores y ganaderos beneficiarios del PAC —las ayudas de la Política Agraria Común de la Unión Europea—, aunque se calcula que los profesionales, los que principalmente viven del campo, rondan los 35.000. Un objetivo prioritario es que estos números no decaigan; todo lo contrario, que sigan subiendo, por lo que significan de asentamiento de la población y de torniquete a la sangría de habitantes que sufre el mundo rural aragonés. “El 53% de la gente vive en Zaragoza; el resto de la comunidad es un desierto demográfico comparable a Laponia”, enfatiza Longás.

“En lo que va de legislatura, Aragón ha destinado 90 millones de euros a la modernización de explotaciones y a la incorporación de unos 1.400 jóvenes agricultores”, informan desde prensa. Atraer savia nueva “es una política esencial” para revertir el envejecimiento del sector. Las autoridades autonómicas entienden que, en general, el apoyo a la agroalimentación revierte en el crecimiento económico, en el empleo y, una vez más, “en la lucha contra la despoblación”. Por eso el Gobierno regional informa de que lleva destinados 345,76 millones de euros “en subvenciones relativas a inversiones en activos fijos, calidad y promoción comercial en explotaciones agropecuarias y agroindustria”, entre otros servicios al medio rural.