Las cifras de reclutamiento infantil contradicen el supuesto desconocimiento de Petro tras el bombardeo en Guaviare

La muerte de al menos siete menores de edad por un bombardeo de las Fuerzas Militares en la vereda Itilla, del municipio de Calamar, en Guaviare, ha puesto al presidente Gustavo Petro a dar explicaciones y a volver al pasado, cuando era senador. En 2019, en medio de un bombardeo militar del Gobierno de Iván Duque en Caquetá, en el que también murieron siete menores, y que le costó la cabeza al entonces ministro de Defensa, el entonces congresista Petro trinó: “Si el Gobierno sabía que allí había menores de edad antes del bombardeo en el Caquetá, estamos ante un crimen de guerra, es decir un crimen contra la humanidad”. Seis años después, el ahora presidente alega que él no sabía de la presencia de menores. Pero no saber que había presencia de menores contrasta con la amplia evidencia que hay sobre el reclutamiento de niños y niñas por parte del Estado Mayor Central (EMC) que lidera Iván Mordisco en la Amazonía colombiana. Son cifras que muestran que el riesgo de que murieran menores en un bombardeo a este grupo no solo era previsible, sino alto.

Antes de que la Defensoría del Pueblo confirmara el sábado las edades de algunos de los fallecidos, Petro y su ministro de Defensa, Pedro Sanchez, ya admitían la probabilidad de que entre ellos hubiera menores, sobre todo porque sabían que tres habían sido rescatados tras el bombardeo. Dos días antes del comunicado de la Defensoría, Petro dijo en una ceremonia de la Policia que los bombardeos “siempre tienen un riesgo” y que, “sin el conocimiento propio de la zona y si la inteligencia falla, puede caer sobre menores de edad, y ese es el gran riesgo que solo el presidente asume”. Luego, trinó que este caso fue diferente al bombardeo de Duque porque “no ocultamos información”, “la información no era completa y si implicaba riesgo” y porque, según él, si no bombardeaban, “150 hombres bien armados hubieran podido matar a 20 soldados que se encontraban al frente”. En su más reciente explicación, dijo que “en las columnas de Mordisco solo tenían combatientes, y no sabíamos de la presencia de menores”.

La evidencia los contradice. Aunque tanto el EMC como la disidencia de Calarcá reclutan niños desde hace años, desde enero de 2025, cuando comenzó abiertamente su confrontación en Guaviare, hay varios indicios de que Mordisco se trae menores de otras regiones del país para que refuercen sus tropas. Ese mes, durante un combate entre ambas disidencias en la vereda Miravalle, del municipio de Calamar -el mismo en el que ocurrió el bombardeo- murieron 16 personas, de las cuales seis eran menores de edad, todos del lado de Mordisco. Algunos de esos menores venían del Cauca, donde opera el Bloque Occidental Comandante Jacobo Arenas, que tiene injerencia en el suroccidente del país, hace parte del EMC, y lleva meses apoyando al Bloque Amazonas de Mordisco no solo con armas, sino además enviando gente de ese departamento y de Nariño al Meta y Guaviare, incluyendo menores de edad, como también queda en evidencia con el caso una niña de 14 años años que había sido reclutada por sus hombres para reforzar a sus unidades en Meta, y que fue rescatada en noviembre del año pasado en la vía Bogotá-Villavicencio.

Los menores de edad no solo están llegando al Guaviare del Cauca o Nariño, sino también de regiones como Amazonas. Una fuente militar de alto nivel en la Amazonía dijo a este diario que solo este año sabe de por lo menos 15 casos de menores de edad que han salido de La Pedrera, en Amazonas, y que los llevan por el río Apaporis hacia Guaviare para entrenarlos en las filas de Mordisco. De hecho, Caren Smith Cubillos Mirana, una niña de 13 años que murió en este bombardeo, fue criada en La Pedrera. Los otros cuatro menores sobre los que hasta ahora hay información nacieron en Arauca, Norte de Santander, Guaviare y Putumayo.

La Defensoría del Pueblo también ya había alertado sobre esta estrategia del EMC de traerse menores de otras regiones en una alerta temprana que sacó en enero. “En el sur del departamento del Meta, por su parte, luego de operativos efectuados por el Ejército, ha quedado en evidencia pública que las disidencias al mando de ‘Iván Mordisco’ han reclutado NNA [niños, niñas y adolescentes] provenientes del Cauca”, dice la alerta. “Varias de las víctimas de esta conducta han sido adolescentes (niñas). Aunque varios de los operativos han tenido lugar en Mesetas (donde hay confrontaciones entre las dos disidencias), es altamente factible que estas dinámicas están presentes en todas las zonas focalizadas en riesgo Alto de este departamento, Caquetá y Guaviare donde pueden tener lugar acciones bélicas entre las partes”. Incluso va más allá, al advertir: “La rapidez con la cual son entrenados los NNA reclutados e inmediatamente sometidos a confrontaciones, eleva las posibilidades que resulten muertos o gravemente heridos/as en combate”. Además, el 2 de junio de este año, ante el anuncio de paro armado del EMC en Guaviare, que obligó a cientos de personas a encerrarse en sus casas, dijo explícitamente: “Hay personas desaparecidas, menores de edad reclutados y asesinados, y hoy más de 10.000 personas están confinadas por confrontaciones entre las disidencias al mando de alias Iván Mordisco y las de alias Calarcá”.

Las cifras del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) son otra evidencia del reclutamiento en Guaviare. A pesar de que con este tema suele haber subregistro, mientras en 2024 el ICBF solo registra dos casos de niños, niñas y adolescentes que fueron desvinculados de grupos armados en ese departamento, en 2025 cuentan 21 casos. De esos 21, ocho fueron en Calamar, el mismo municipio donde ocurrió el bombardeo. De hecho, en abril de este año, el mismo Ejército recuperó a dos menores, de 16 y 17 años, ahí mismo, en Calamar.

Según el presidente, si no bombardeaban a 150 guerrilleros bien armados hubieran podido matar a 20 hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales. En la rueda de prensa que dio el ministro de Defensa, Pedro Sanchez, acompañado de la cúpula militar el martes pasado, el comandante de las Fuerzas Militares, Francisco Cubides, dio más detalles. No habló de 150 guerrilleros, sino de 120. Y dijo que “soldados de nuestro Ejército han combatido dos estructuras, la de Armando Ríos, bajo el mando del criminal alias Jimmy, y la de Martín Villa, de alias Pescado”. EL PAÍS supo por una fuente que una de las misiones de Pescado era enviar tropas a Arauca, incluyendo menores de edad.

Cubides también señala que “estas dos estructuras criminales estaban buscando confrontarse con estructuras del GAOR, facción de Calarcá, todo con miras a disputarse los corredores de movilidad por donde se mueve la economía ilegal”. Luego, según Cubides, “en la madrugada del lunes 10, ante un ataque inminente de estas estructuras a nuestros soldados y con miras a proteger las mismas, se ha solicitado a la fuerza aeroespacial, una misión de apoyo aéreo cercano, maniobra de bombardeo”. “Era una operación de las fuerzas especiales sobre un blanco de alto valor y en la reacción de los bandidos se reunieron 150”, dijo a EL PAÍS otra fuente militar de la Amazonia que no quiso ser citada.

Es decir, hombres de dos frentes estaban juntos en un mismo punto con la intención, primero de atacar a Calarcá y después de atacar a los 20 hombres del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES). La probabilidad de que hubiera menores entre 120 o 150 hombres armados no podía ser baja, sobre todo ante toda la evidencia que hay sobre reclutamiento en la zona. Además, se trató de una operación planeada y que contó con amplia inteligencia. En la rueda de prensa con el ministro Sánchez, dijeron que 30 agentes de inteligencia e investigación criminal participaron en su ejecución, que “trabajaron por más de 530 días en forma permanente y allí desarrollaron 12.000 informes de inteligencia operacional y tuvieron que hacer 25 informes de táctica operacional para establecer lugares precisos”. Con toda esa inteligencia, más la información pública existente, era previsible saber que podría haber menores.

Más allá de eso, tampoco es claro por qué estos 20 hombres del CCOES estaban ante semejante desventaja militar, cuando desde julio de este año, ante la escalada de conflicto en la zona, el Gobierno anunció el envío de 1.100 soldados a Guaviare que hacen parte de la Fuerza de Despliegue Rápido Diez (FUDRA 10). Según ese anuncio, los soldados llegarian en dos fases: en el primer mes 700 soldados y 400 más antes de finalizar el año. En octubre, el mismo Ejército anunció la llegada de 240 hombres para reforzar el Batallón de Infantería Joaquín París, que cubre parte del Guaviare.

Sin embargo, EL PAÍS supo por dos fuentes militares de la Amazonia que este bombardeo se ejecutó con esos 20 hombres del CCOES con el objetivo de “proteger la operación” y bajo el principio de compartimentalizar la información, que quiere decir que entre menos gente sepa, se protege más la misión operacional y se evitan posibles fugas de información. Por eso, según esa versión, el bombardeo no fue ejecutado por las tropas de la zona y de ahí que no interviniera ninguno de los refuerzos militares enviados a la región.

“¿Podían haberse empleado otras modalidades de operación militar capaces de alcanzar la misma ventaja militar con un daño significativamente menor?”, preguntó la defensora Iris Marin. Aún sin todos los detalles sobre este operativo, existen otras maneras de reaccionar si la idea era dar con un objetivo de alto valor, como lo son un tirador de alta precisión, que permite disparar a un blanco desde una larga distancia, o haber pedido un desembarco adicional de fuerzas especiales para que apoyaran en tierra a los 20 hombres.

Los “objetivos de alto valor” para este bombardeo eran alias Jimmy, cabecilla del Frente 44, y alias Pescado, cabecilla del Martín Villa. Ambos se fugaron.