Una decisión irresponsable
La decisión de reconocer a un Gobierno que no tiene capacidad efectiva para dirigir la realidad política del país conduce a un callejón diplomático sin salida
Tras un ultimátum inédito en el derecho internacional, el Gobierno ha reconocido oficialmente a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela. Tal vez consideren que es una decisión popular o rentable. En términos diplomáticos, sin embargo, es un acto irrealizable, irresponsable y contradictorio con los objetivos que el propio Gobierno afirma perseguir en Venezuela.
Es una decisión irrealizable porque Guaidó no tiene el control efectivo de los poderes del Estado venezolano: no controla la administración, ni los ministerios, ni la policía, ni puede garantizar los compromisos internacionales asumidos por el país. ¿Si cualquiera de los 150.000 españoles que viven en Venezuela, o una de las grandes empresas que operan allí desde hace décadas, tiene mañana un problema grave, a quién va a llamar el Gobierno para resolverlo? No va a llamar a Guaidó, porque no tiene el control efectivo del país. De hecho, según la interpretación de la Constitución venezolana que usó para autoproclamarse, Guaidó debería convocar elecciones en un plazo máximo de 30 días. No lo va a hacer, porque no puede hacerlo. Por esa misma razón, la decisión de reconocer a su Gobierno, que no tiene capacidad efectiva para dirigir la realidad política del país, conduce a un callejón diplomático sin salida, neutraliza nuestra capacidad de interlocución y deja desatendida a la comunidad española.
En la situación de crisis política actual, en ausencia de canales de negociación o diálogo, el Gobierno de Guaidó solo puede hacerse efectivo por medio de tres vías: un levantamiento militar, una insurrección armada o una intervención extranjera. De hecho, es lo que pide el propio Guaidó al dirigirse al ejército y es la hoja de ruta explícita y declarada de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer el Gobierno si se cumple esa amenaza anunciada? ¿Va a apoyar, contra todos los compromisos internacionales adquiridos por nuestro país, un golpe de Estado o una intervención militar para derrocar a un Gobierno por la fuerza? ¿Cuál es entonces su hoja de ruta? ¿Alguien piensa que en Venezuela puede haber unas elecciones libres y un horizonte de gobernabilidad viable que no resulten del acuerdo político entre las partes y cuenten con el aval y el apoyo de las organizaciones internacionales?
Es precisamente lo que defiende la iniciativa planteada por los Gobiernos de México y Uruguay: proponer instrumentos de mediación, avalados por Naciones Unidas en el marco del derecho internacional, para buscar una solución pacífica y democrática a la crisis que vive el país. Reconocer a un presidente no electo, en un país radicalmente polarizado, donde existe el riesgo cierto y real de un enfrentamiento civil y regional, bajo la amenaza militar explícita de Estados Unidos, es hacer exactamente lo contrario. Es una decisión irresponsable, que contribuye a minar el orden multilateral, neutraliza nuestra capacidad de mediación e influencia, y convierte a España en parte activa de una crisis de desarrollo incierto y graves consecuencias potenciales. El Gobierno debería rectificar.
Pablo Bustinduy es diputado de Podemos.
