No se debe tomar el fraude fiscal en vano

Pocos países hay en Europa en los que se manifieste, legal y socialmente, tan poco respeto hacia el fraude fiscal como en España. Aquí se considera delito fiscal una evasión tributaria de 120.000 euros con voluntad inequívoca de defraudar, cuando el delito contra la Seguridad Social (SS), por poner un caso, está tasado en 50.000. El delito fiscal agravado se dispara a partir de los 600.000 euros, cuando en el caso de la SS aparece a partir de 120.000. Parece lógico proponer que el umbral del delito fiscal sea el mismo que el de la SS, pero por razones nunca bien explicadas esta equiparación parece hoy un objetivo lejano.

Si la Administración se tomara en serio el fraude tributario, quizá se hubieran evitado episodios tan sonrojantes como el desfile de Cristiano Ronaldo para exhibir como un trofeo el acuerdo que le permitió lavar un fraude fiscal perpetrado de 13,6 millones con el pago de una multa de 3,2 millones. Total, 18,8 millones, contando los intereses de demora. La cantidad pagada refleja una a una todas las miserias de una legislación antifraude desajustada y, por negligente, permisiva hasta resultar insultante para quienes pagan los impuestos. De lo que se libró el jugador (ayer del Real Madrid, hoy de la Juventus) es de las consecuencias penales de cuatro delitos fiscales, dos de ellos agravados. ¿Cómo es posible que la multa aplicada equivaliera al 53% de la cuota defraudada, cuando debería haber sido como mínimo del 100% y del 200% en los delitos agravados? Para que el acuerdo fuese adecuado al delito tendría que haber pagado una multa de 9,7 millones, tres veces más.

Hay unas condiciones políticas mínimas que todo plan consciente contra el fraude tiene que cumplir. Coordinar los umbrales del delito con los de la Seguridad Social es una de ellas. Otra, entender que es imprescindible, para mejorar los resultados, aproximar el número de funcionarios de la administración tributaria española a la media de la UE28; es decir, elaborar un programa para duplicar la plantilla pública antifraude, que hoy cuenta con unas 25.600 personas, en un plazo máximo de 10 años. Y ya, descendiendo a acciones concretas, orientar el control hacia las grandes fortunas y las grandes tecnológicas. Basta ya de concentrar la inspección en autónomos, pymes y, en general, sociedades sin estructura compleja de fraude.