¿Una enemiga del pueblo?

La mediocridad de la deliberación política en España se ve de tarde en tarde redimida por escasos destellos efímeros y algunos mensajes serios que nos devuelven una pequeña y endeble esperanza. La ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, se ha presentado tranquilamente ante nosotros y, sin alzar la voz ni sobreactuar en modo alguno, nos ha contado algunas de las nuevas verdades del barquero, es decir, nos ha recordado lo que ya debiera ser obvio para todos: que los efectos desastrosos del cambio climático no son una conjetura, sino una realidad que nos espera a la vuelta de unas decenas de años. Lo ha hecho con tal seriedad y conocimiento de causa que nadie en el teatrillo político parece haber sentido siquiera la tentación de arrastrarla al barrizal de insultos y desplantes en que ha acabado por transformarse la discusión pública en España. Ha dicho que la cosa es muy seria y tiene fecha de caducidad.

No estamos ante una más de las ofertas de ocasión para esta o aquella campañita electoral, o ante una ocurrencia nueva para el deterioro del adversario. Tampoco la mayoría de los medios, tan esclavos siempre de la anécdota trivial, se han prestado a ninguna complicidad de esa naturaleza. Se trata de algo grave y distinto, que vuela por encima de los periodos electorales, la legislatura y la cháchara de todos los días. Algo que tendría que haber estado encima de la mesa al menos desde el Protocolo de Kioto, pero que hemos ignorado irresponsablemente por la pasividad culpable del Partido Popular, más nociva en esto que en tantas otras cosas, dadas las consecuencias a medio plazo que puede implicar.

Ribera no ha tenido que aparentar nada, ni adoptar posturas difíciles, ni presentarse como adalid de un programa de partido. Ni siquiera ha tenido que disfrazarse como uno de esos políticos que tratan de vendernos algo. Le ha bastado con poner los hechos sobre la mesa tal como son. No ha necesitado ningún esfuerzo de persuasión, ni ha pretendido protagonizar nada. Ha sido suficiente que se haga a un lado y deje ver, que se muestre transparente para que la verdad de lo que transmite llegue con toda su contundencia al espacio del discurso público. Y la fuerza de lo que se proyecta a través de su mensaje ha bastado para establecer un plano de discusión por encima de las pequeñeces cotidianas.

Solo cabe una actitud: establecer la obligación para todos de limitar las tasas de emisión máxima

La verosimilitud del mensaje que hace tiempo difunde la inmensa mayoría de la comunidad científica sobre los efectos casi ya presentes de la emisión de gases de efecto invernadero y la necesidad de su presencia como problema en el debate político trae a la memoria inevitablemente la situación del doctor Stockman en la pieza de Ibsen Un enemigo del pueblo. Las aguas del balneario están altamente contaminadas, pero aquel que se atreve a hacerlo público se gana la enemiga de aquellas fuerzas vivas que se lucran con los recursos del turismo y sus derivas políticas. Al principio, Stockman cree contar con la “mayoría compacta” de los ciudadanos, pero poco a poco le van abandonando. Y se le va percibiendo más y más como alguien que se aleja deliberadamente de la voz de la gente. Ibsen mismo no supo cómo salir con bien del dilema que había planteado y acabó siendo motejado de antidemócrata. Al fin y al cabo, si el doctor se oponía a la voluntad mayoritaria, no dejaba de ir contra lo que el pueblo quería, no dejaba de ser un enemigo del pueblo. Pero si cedía a esto, estaba traicionando los fundamentos mismos de la cultura científica que le sustentaba y de las exigencias éticas que esa cultura comporta.

Temo que con el problema del cambio climático, tan real y probado como aquella contaminación de las aguas, pueda suceder lo mismo. A medida que se vayan dando pasos firmes hacia la evitación de la catástrofe, muchos de quienes hoy no pueden negar lo innegable se irán retirando de esa supuesta mayoría verbal y acusarán a quien sigue adelante de haber olvidado los deseos del pueblo. Temo, para decirlo de otra manera, que comencemos a vacilar entre la voluntad de muchos, con sus intereses bastardos o su ignorancia inducida, y la conclusión científica incontestable. Se alegarán complicaciones sin cuento y presuntas confianzas en la inventiva de los seres humanos. Pero aceptarlas sería suicida. Ceder a los intereses de unos u otros, por graves que sean, plegarse a conjeturas sin fundamento o, peor aún, caer en la mísera tentación, tan habitual en nuestros modos políticos, de abrir mediante el engaño o la información tendenciosa pequeños caladeros de votos, llevaría a todos ineluctablemente al precipicio.

Con los datos de que disponemos no se puede tener más que una actitud: ignorar los procesos democráticos, los juegos y los manejos de partidos, de mayorías y minorías, de verdades y medias verdades, para establecer directamente como objetivo, vinculante para todos, la obligación fuerte de alcanzar las tasas de emisión máxima establecidas por los protocolos científicos. Esto escandalizará a muchos. Ya estoy viendo al ejército de demócratas de salón rasgándose las vestiduras. Pero en cuestiones como esta el postureo político está de más. Tiene que ser así. Y no es tan incivilizado ni tan antidemócrata como pueda parecer al lego. Se hace con frecuencia en los sistemas constitucionales para proteger de los vaivenes de la política valores decisivos.

Se alegarán complicaciones sin cuento y confianzas en la inventiva humana, pero aceptarlas sería suicida

Y si fuera asumido sinceramente como un objetivo común por todas las persuasiones políticas, como una cuestión de Estado, sería posible entonces plantearse con seriedad la justicia del periodo de transición, es decir, la distribución de las cargas y los sacrificios que esa travesía comporta. Porque no será fácil, y podemos presumir que en ese itinerario no solo habrá costes económicos, que los habrá sin duda, sino también calamidades humanas. No pocos, seguramente los más vulnerables, se irán quedando en la cuneta de esa transición ecológica histórica. Las más elementales exigencias de la justicia demandan sin embargo que los rescatemos de ese destino. Aquella resolución colectiva y esta demanda de justicia constituyen un ejemplo de lo que debiera ser la grandeza de la política, de la que tanto se habla y tan poco se practica.

Estamos ante una ocasión alta, decisiva. Espero que estemos nosotros también a su altura. Pero no quiero engañar ni engañarme. Tiemblo.

Francisco J. Laporta es catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad Autónoma de Madrid.