Reformas para empeorar

El contagio que las ideas de Vox están teniendo en otros partidos de la derecha ha producido escasa alarma social en algunos de los poderes fácticos que hace poco expresaban su preocupación por el nacimiento del movimiento de los indignados y el crecimiento de un partido como Podemos. En el mejor de los casos se han manifestado mediante el silencio. En otros ambientes, habitualmente dicharacheros, tampoco se han centrado las críticas en el acuerdo entre la derecha y la extrema derecha para investir a un hombre del PP presidente a la Junta de Andalucía en el hecho de que muchas de sus medidas son un verdadero dislate neoliberal en materia económica, sino tan solo en los peligros que tiene para la lucha contra la violencia machista (que hay que compartir).

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Por ejemplo, la quinta medida dice: “Impulsar una reforma fiscal que contemple la bonificación al 99% del impuesto de sucesiones y donaciones; la bajada del tramo autonómico del impuesto sobre la renta de las personas físicas (­IRPF) y del tramo autonómico del impuesto sobre el patrimonio, equiparándolos a los tipos de la escala nacional, y revertir la subida del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados”. Abordar una reforma fiscal en estos términos ampulosos implica olvidar cuáles son los verdaderos problemas impositivos: la insuficiencia del sistema para atender las necesidades públicas de los ciudadanos, su regresividad (un ­sistema tributario resulta progresivo cuando, siendo iguales las demás circunstancias, las personas con rentas más elevadas contribuyen en mayor proporción que las personas con menos rentas) y la ausencia de nuevas realidades (por ejemplo, el cambio climático y los gravámenes ambientales). Una propuesta como la que viene en el acuerdo Vox-PP desprestigia la idea de reforma fiscal.

Además, conviene recordar que no existen las reformas paretianas, aquellas que benefician a todo el mundo, que en todas ellas hay ganadores y perdedores. Si se eliminan o se palían los impuestos a unas capas sociales, los tendrán que pagar otras, so pena de reducir las partidas que se pagan, por ejemplo, del Estado de bienestar.

La propuesta que hacen Vox y el PP incide en una corriente que desde los años ochenta del siglo pasado ha reducido la capacidad fiscal y redistributiva del Estado: primero se bajan los tipos del impuesto sobre la renta y demás impuestos directos; después se desplaza la carga tributaria desde los impuestos del capital hacia los impuestos del trabajo; por último, se reduce o incluso se elimina la imposición patrimonial y el impuesto de sucesiones. Como las necesidades públicas siguen existiendo, se sustituye parte de los impuestos (que se pagan según la capacidad de cada uno, y no se devuelven) por deuda pública (que pagan todos los ciudadanos y hay que devolver, con intereses, a quien presta el dinero: el sistema financiero).

Los impuestos son un buen indicador del estado de la democracia. La calidad de la misma aumenta en la medida en que los ciudadanos sean más iguales. La presencia de un sistema tributario progresivo que ayude a reducir las desigualdades de renta y de riqueza puede verse como un instrumento que contribuye a mejorar la calidad democrática, y también como reflejo de la misma.

Si a propuestas como la de Vox y el PP se les denomina “reforma fiscal”, se banaliza el propio concepto de reforma (como se le banaliza confundiéndolas con recortes), algunas de las cuales (la fiscal, la del mercado de trabajo, la de las pensiones, la energética) son esenciales para el futuro inmediato de nuestro país.