Los quince de Stansted

Cualquiera que haya viajado a Londres reconocerá el nombre del aeropuerto de compañías de bajo coste a una hora del centro de la ciudad. En Stansted, el día 27 de marzo de 2017 quince personas llevaron a cabo una protesta pacífica para evitar la salida de un vuelo de deportación con destino Ghana y Nigeria.

Como consecuencia, por un lado se pararon durante algunas horas las operaciones del aeropuerto. Por otro, al menos 10 de las 60 personas que iban a ser deportadas han podido tramitar su solicitud de asilo en Reino Unido desde entonces. Las 15 personas que paralizaron la salida del vuelo han sido declaradas culpables de poner en riesgo la seguridad del aeródromo. Actualmente se encuentran a la espera de una sentencia que, al tratarse de actos relacionados con el terrorismo, podría no solo llevarles a prisión, sino hacerlo durante mucho tiempo. El balance de esta acción concreta ha dado una oportunidad de cambiar su vida al menos a 10 personas, pero deja también una seria advertencia para quienes lleven a cabo este tipo de acciones de resistencia a la deportación de personas migrantes. A la espera de que en febrero se dicte la sentencia de este caso, no se trata de la única.

El 23 de julio de este año Elin Ersson, una activista sueca, se negó a sentarse en un vuelo Gotemburgo- Estambul para evitar la deportación a Afganistán de un hombre de 52 años. Hace semanas se hizo pública la acusación a la que se enfrenta por vulnerar las leyes de aviación y que podrían suponerle hasta seis meses de cárcel por negarse a obedecer las órdenes de sentarse del comandante del vuelo.

Estos dos son ejemplos de actos pacíficos de resistencia a vuelos de deportación que son bastante habituales en la movilización de activistas de derechos humanos y de las personas migrantes. Actos que cada vez con más frecuencia y menos explicaciones, los Estados criminalizan aplicando legislación y tipos penales relacionados con actividades terroristas. Se pretende desmovilizar a un precio exageradamente alto: recortando espacio a la libertad de expresión y protesta de la ciudadanía en aras de la seguridad y criminalizando la solidaridad con las personas migrantes al ser devueltas, del mismo modo que se intenta hacer con quienes les rescatan en el Mediterráneo.

En el caso de España este tipo de acciones se promueven desde la Campaña estatal por el cierre de los CIE y el fin de las deportaciones. Aún no se han dado casos como los descritos en Reino Unido y Suecia aunque tal vez sea cuestión de tiempo disponer de algún ejemplo patrio. Porque la advertencia respecto a la forma de desactivar acciones de resistencia ya está vigente. Se materializa en las restricciones a la libertad de expresión y protesta que propicia la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana de 2015, conocida como Ley Mordaza. Desde su entrada en vigor, esta ley ha impuesto sanciones por un valor de hasta 270 millones de euros por faltas de respeto a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No faltan ejemplos de interpretaciones desmesuradas del Código Penal que han supuesto el procesamiento de artistas, periodistas y activistas por expresar su libre opinión en redes sociales, medios de comunicación o la vía pública.

La ironía de todo esto es que la condena a los 15 de Stanstead se produjo el mismo día que se conmemoraba el 70 aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y mientras se celebra la Conferencia de Marrakech en la que aprobaron los Pactos Mundiales sobre Migración y Refugio. Grandes proclamaciones y compromisos que importan, y mucho. Pero los vuelos los paran las acciones y los gestos de las personas que, por ello, se exponen a sanciones y condenas desproporcionadas.

La contaminación del discurso antinmigratorio está cada vez más presente y ejerce mayor influencia en las agendas políticas. No se limita al rechazo y demonización de las personas migrantes, especialmente las que se encuentran en situación irregular, sino que alcanza también a quienes defienden su dignidad y reclaman sus derechos. También estas personas constituyen, en esta lógica, una amenaza a la que se hace frente con la restricción de su libertad y sus derechos a protestar, manifestarse o expresar una opinión incómoda o diferente.

También aquí hay una advertencia clara. En el momento en el que se admita el debate sobre si los derechos humanos de las personas migrantes son tan absolutos y vigentes como para cualquier otra persona, estamos abriendo la posibilidad de que este debate se extienda a cualquier persona que no piense o actúe igual que quienes gobiernan. Y conviene recordar 70 años después que esta es, precisamente, la razón por la que los derechos humanos se proclamaron universales.