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ANÁLISIS i

El CIS, dispuesto a “llegar a una solución” para no dejar a España fuera de la ESE

El Ministerio de Ciencia trabaja en que España participe la encuesta más importante para la investigación social europea

José Félix Tezanos, presidente del CIS, en la sede de Madrid.
José Félix Tezanos, presidente del CIS, en la sede de Madrid.

Pocos instrumentos son tan útiles como la Encuesta Social Europea (ESE) para conocer a la sociedad del continente. Desde 2002, decenas de miles de personas son entrevistadas cada dos años para saber cómo son, a qué dedican su tiempo, qué problemas tienen, o qué piensan de sus políticos e instituciones. La ESE se realiza de manera que los resultados sean representativos para todo país participante y que, al mismo tiempo, puedan agregarse para realizar estudios comparados. Cada estado es responsable del trabajo de campo en su territorio. En España, el encargado en las últimas rondas de la ejecución de la misma ha sido el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), aunque la responsabilidad de la relación con el consorcio de la ESE depende del Ministerio de Ciencia. Con esa u otras fórmulas, el país lleva participando en la encuesta desde su nacimiento. Sin embargo, la participación de España está este año en el aire, aunque el CIS asegura que quiere llegar a una solución "lo más satisfactoria para todos”.

Para entender la situación hay que remontarse al inicio del curso político. En octubre, el presidente del CIS, José Félix Tezanos, argumentó razones relacionadas con el presupuesto para cuestionar la participación de España en esta nueva ronda, la novena, de la ESE. Cabe apuntar aquí que, además de los costes asociados con el trabajo de campo, el consorcio responsable de la encuesta requiere un pago de 134.000 euros para cubrir gastos estructurales, principalmente de gestión y manejo de datos. El Ministerio de Presidencia, del que dependía orgánicamente el CIS a la aprobación de los Presupuestos Generales de 2018, dispone de una partida equivalente asignada en los mismos. Pero, según la perspectiva del Centro, éste no podía hacerse cargo de una cuota cuando no existía un convenio que justificase legalmente el pago que por el lado del CIS no existe con la ESE: por su parte, se entiende en que ellos sólo son “el brazo ejecutor”, y que la relación directa con la ESE corresponde al Ministerio de Ciencia. El CIS insiste, en cualquier caso, en todo momento que se trabaja “en conjunto” con dicho Ministerio, aunque el pago de la cuota se ha retrasado lo suficiente como para alarmar a una parte de la comunidad científica.

José Félix Tezanos asegura que “el CIS no tiene ningún inconveniente en hacer la encuesta; solamente tenemos que hacerla cumpliendo la legislación española"

Ante esta situación, varios investigadores, sociólogos y politólogos, han expresado temor ante la posible pérdida de información tan valiosa y relevante para su trabajo científico. Héctor Cebolla, sociólogo de la Universidad Carlos III de Madrid, subraya que la encuesta constituye una “infraestructura europea de investigación”, algo que considera “imprescindible” para generar espacios comunes de trabajo. Por qué éstos son necesarios lo explica Berta Barbet, politóloga de la Universidad Autónoma de Barcelona. Barbet ve la ESE como una “herramienta clave” para dar respuesta a “preguntas de investigación que van más allá de las fronteras de los estados”. Cebolla está de acuerdo, calificando a la ESE como una “infraestructura europea de investigación” y algo que permite a los investigadores del continente “movernos científicamente en el mismo terreno”.

La reacción de la comunidad científica española ha sido tal que Rory Fitzgerald, director de la ESE, la califica como “increíble”, dándole esperanza en encontrar una solución “en los primeros momentos de 2019”. Una solución que podría venir de manos del Ministerio de Ciencia.

En principio, se interpreta que el pago de la cuota está en manos del CIS mientras dure el ejercicio presupuestario de 2018. Sin embargo, fuentes del Ministerio han confirmado su comprensión por la reacción de la comunidad, así como interés y voluntad en que España participe en la nueva ronda de la ESE. Una posibilidad avanzada por Ciencia y respaldada a día de hoy por el CIS sería que el Ministerio se hiciese cargo del pago de la cuota en los primeros meses de 2019, cuando ya haya salido de la obligación presupuestaria del CIS en 2018 y pueda entrar bajo el paraguas de Ciencia, con quien existe convenio.

Esta propuesta, que fue adelantada por eldiario.es y confirmada por EL PAÍS a través de fuentes ministeriales y del propio CIS, ha sido recibida en cualquier caso como “una señal positiva” por Rory Fitzgerald. Pero no es una solución cerrada todavía: no lo será hasta que no haya llegado la solicitud formal a la propia ESE para que España tome parte en la misma, la cual se espera para los próximos días.

En cualquier caso, los problemas no se circunscriben al dinero. Queda la cuestión de quién hará el trabajo de campo de la propia encuesta, de si el CIS seguirá siendo ese “brazo ejecutor”. Recientemente, Tezanos ha puesto sobre la mesa otro argumento: en un foro organizado por el Colegio Nacional de Sociólogos y Politólogos el pasado jueves 13 de diciembre afirmó que la ley obliga al CIS a hacer público todo dato proveniente de una encuesta en un periodo máximo de tres meses, mientras que el consorcio de la ESE pide una reserva superior a un año.

Rory Fitzgerald se muestra sorprendido. Afirma que ninguna de las dos direcciones anteriores del CIS entendió que hubiese problema alguno en este sentido. Algo que también remarca Héctor Cebolla. Ante esto, el CIS insiste en que es “lo que dice la legislación española”. Sin embargo, Fitzgerald puntualiza que la norma marca un plazo que empieza a contar tras la codificación completa de la información recogida. Por tanto, considera que al ser ésta una encuesta encabezada por un consorcio en el que participan veintisiete países (de los cuales, remarca, ninguno ha puesto problema alguno) y cuya codificación final de los datos tiene lugar de manera coordinada, lo lógico sería que dicho plazo comenzase a contar desde que ésta se finaliza. Al plantear esta interpretación al CIS, éste responde que “la legislación nunca tiene diferentes puntos de vista”. Aún así, Berta Barbet añade que la ESE “se hace bajo un máximo criterio de transparencia y cuenta con algunos de los mejores expertos en su diseño”. Remarca, en línea con Cebolla y Fitzgerald, que “no hay razón técnica alguna que pueda justificar el no participar en una encuesta en la que llevamos años participando”.

Ante todo ello, José Félix Tezanos asegura que “el CIS no tiene ningún inconveniente en hacer la encuesta; solamente tenemos que hacerla cumpliendo la legislación española. Estamos en la mejor disposición para llegar a una solución que sea lo más satisfactoria para todos”. Respecto a si el CIS haría el trabajo de campo de así indicarlo Ciencia, Tezanos se pone a disposición del Ministerio, asegurando: "Nos atendremos a lo que el Ministerio nos indique".

Actualización 21.50: Rory Fitzgerald, director de la ESE, acaba de confirmar por Twitter que el Ministerio de Ciencia ha solicitado formalmente que España entre a formar parte de la encuesta como país invitado. Este era el primer paso fundamental para alcanzar la mencionada solución.

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