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Ilegítimas defensas

Las instituciones democráticas tienen arreglo, pero antes que nada deben defenderse de sus defensores

Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, el pasado octubre en Santa Pola.  rn
Mariano Rajoy, expresidente del Gobierno, el pasado octubre en Santa Pola. EFE

Todos conocen ese dicho irónico: mejor, no me defiendas. Lo entonamos cuando alguien pretende hacerse pasar por nuestro valedor y en realidad nos sonroja, nos humilla y nos provoca vergüenza ajena. A nadie se le escapa que a la Constitución española le han salido unos defensores que bajo el autodenominado comando de políticos constitucionalistas no hacen más que perjudicar al texto, leerlo a su manera y rebajarlo de valor para que sencillamente se limite a darles la razón cuando les viene bien. Uno de los aspectos más chocantes es cuando se pasan la tertulia defendiendo la Constitución, pero cargándose su más significado ordenamiento, el de la España autonómica. Su centralismo oportunista no está arropado por la Constitución, sino todo lo contrario. Es el texto quien invita a desarrollar una política de cercanía y representación local. Otra cosa es que en el bazar parlamentario se haya impuesto la subasta de favores regionales en función del voto de apoyo a los Presupuestos del Gobierno, pero en esto son reos del mismo pecado uno y otros cuando les va en ello conservar el poder.

A todos los que les indigna que un cómico se suene los mocos con la bandera española les debería indignar, aún más, que un parlamentario se suene los mocos con el Consejo General del Poder Judicial. El ya famoso telegrama de Ignacio Cosidó a los suyos, asegurándoles que dominaría las salas del Supremo por la boca trasera, es una de esas vejaciones institucionales que por desgracia no provocan el mismo desgarro de vestiduras que otras versiones mucho más superficiales y sin incidencia práctica. En eso consiste la frivolidad, en detenerse sobre lo anecdótico y pasar de largo frente a lo esencial. Por suerte, el juez Manuel Marchena puso las cosas en su sitio con una dimisión anterior a su nombramiento. Si les hizo gracia que un ministro durara seis días, se deberían tronchar al ver que un presidente del Consejo dimite una semana antes de ser nombrado. Ese gesto de Marchena ha marcado un camino para todos los jueces de alto rango, porque entre sus muchas reivindicaciones razonables de despolitización y mejoras laborales, también se podría alegar que la primera de las despolitizaciones empieza por uno mismo. Ahora que tanto se habla de independencia, no está de más recordar que la independencia personal es la versión más asequible y saludable de ese ideal tan manoseado.

Entre medias de esta oleada de constitucionalismo para la galería ha llegado una extraña resolución que ni siquiera los medios supieron cómo enfocar. El Tribunal Constitucional falló la semana pasada contra el presidente Rajoy por su negativa a someterse a iniciativas de Control en el Congreso durante su larguísimo Gobierno en funciones previo a la repetición de elecciones de junio de 2016. El menoscabo al artículo 66.2 de la Constitución ha quedado probado. Lástima que en esta ocasión no se manejaran los tiempos de urgencia que en otras resoluciones del tribunal. Lástima que tampoco se incluya castigo ni esfuerzo de ejemplaridad. Es tardía letra muerta que deja en evidencia que la Constitución no es para quien se la trabaja, sino para quien la agita más en alto. Muy parecido al modo en que recurren los telepredicadores a la Biblia para justificar sus intereses terrenales. Les viene de perillas, que es ese agarradero de las sillas de montar siempre a mano para no caerte en los vaivenes. Las instituciones democráticas tienen arreglo, pero antes que nada deben defenderse de sus defensores.

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